Una de cal y una de arena para la fiscal de Villa María, Juliana Companys

Dos denuncias contra la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, tuvieron resultados dispares en el Tribunal de Ética Judicial, encabezado por Armando Andruet. Ambas se resolvieron el mismo día, el 21 de agosto pasado. Una causa fue archivada y la otra culminó con advertencias a la fiscal y remisión al Tribunal Superior de Justicia.

Cositorto, Generación Zoe: una recomendación

Al órgano deontológico llegaron dos presentaciones. Una fue realizada por los tres vocales de la Cámara del Crimen de Villa María, Eve Flores, Edith Lezama y Félix Martínez. Y la otra, por el abogado Guillermo Dragotto, defensor de Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, imputados por asociación ilícita y estafas con criptomonedas de Generación Zoe. 

La cuestión analizada fueron expresiones públicas realizadas por Companys luego de que la Cámara declaró la nulidad absoluta de la elevación a juicio de Cositorto y el resto de los acusados; y devolvió el expediente para ser reformulada.

En un comunicado calificó la decisión como "alevosa arbitrariedad", que iba "en contra del resto de los jueces que ya intervinieron" y que "perjudica a las víctimas". También sugirió que la Cámara buscó "nulidades donde no las hay" como una "solución facilista" para un "aprieto procesal por la mora". Dijo que esa postura era "peligrosa" y que dilataba el enjuiciamiento por "razones poco claras". 

En efecto, después de que la Cámara consideró poco clara la resolución de la Fiscalía al elevar el expediente a juicio, Companys reformuló la acusación y se encuentra nuevamente a disposición del tribunal para la realización del debate oral y público. Sin embargo, la defensa pidió que se acumulen todas las causas, incluidas las de San Francisco, Carlos Paz, ciudad de Córdoba, planteo que debe resolver ahora la Cámara.

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En su descargo ante al Tribunal de Ética, la fiscal mencionó el “encono” en su contra del vocal Martínez y habló de una “catarata de denuncias”. Esas manifestaciones fueron giradas a la Secretaría de Sumarios Administrativos.

El Tribunal finalmente concluyó que las expresiones utilizadas son “agraviantes” para los jueces de la Cámara. Dijo que Companys incurrió en un "exceso en sus interpretaciones"  incumpliendo el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios, que exige tratarse con respeto.

También cuestionó que haya generado "un manto de duda o sospecha respecto la honorabilidad de los magistrados intervinientes" y desacreditando una decisión judicial fundada, lo que es de "gravedad inusitada" porque son "serias acusaciones" que afectan "muy gravemente la investidura del Tribunal de Juicio interviniente.

Con esos argumentos, emitió una serie de recomendaciones a Companys. Entre otras cosas, le sugirió realizar un minucioso examen de las implicancias de sus expresiones y elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia porque consideró que tiene afectación grave. 

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Tensión con un abogado: archivo

La otra denuncia fue presentada por el abogado Marcelo Martín Silvano, por lo que consideró "faltas de respeto” de la fiscal en el modo en que se dirigió a él en varios decretos.

Citó dos situaciones específicas: en un escrito donde la fiscal no le hizo lugar a un pronto despacho, le advirtió que si insistía daría “noticia al Colegio de Abogados". El letrado la percibió como una expresión agraviante y deshonrosa. 

Hubo otra situación similar que Silvano interpretó como hechos que afectaban la imparcialidad de la fiscal y que había una enemistad hacia él que lo demostraba en sus decisiones, razón por la cual la recusó. 

En este expediente, el Tribunal de Ética le dio la razón a la fiscal, entendiendo que los términos que incluyó en sus escritos eran usos corrientes del fuero y que no resultaba ofensivos en sí mismo. Por lo tanto, no advirtió falta ética.

Respecto a la expresión "de persistir con este tipo de presentaciones manifiestamente improcedentes, se dará noticia al Colegio de Abogados", la calificó de “impropia”:

Reconociendo la tensión entre el letrado y la Fiscal, el Tribunal emitió una "orientación" para insistir en que fiscales y jueces deben extremar al máximo el cuidado de sus expresiones, formas y modos de conducirse para evitar malos entendidos.