La Justicia de Córdoba dio un paso clave en la investigación sobre habilitaciones comerciales irregulares que se habrían realizado entre 2008 y 2023, tras detectarse un presunto entramado de corrupción que involucró a funcionarios de Bomberos, empleados municipales, gestores privados y empresarios. La causa, que destapó irregularidades en locales comerciales y grandes superficies, incluye denuncias por asociación ilícita, falsedad ideológica, cohecho, encubrimiento y uso de documentos públicos falsos.
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El fiscal Guillermo González solicitó la elevación a juicio de más de una docena de imputados, entre ellos figuras centrales como el excomisario general y exdirector de Bomberos Gustavo Jorge Folli Pedetta, Sergio Enrique Sosa y Julio Zárate. Según la investigación, la maniobra consistía en la expedición de certificados falsos de inspección final que permitían habilitar negocios sin cumplir las normas de seguridad, en algunos casos a cambio de importantes sumas de dinero. La pesquisa apunta a la existencia de una "oficina paralela" dentro del cuartel central de Bomberos, que funcionaba como un verdadero "kiosco" de documentación trucha.
En detalle, la estructura habría funcionado con varias "patas": algunos efectivos de Bomberos, empleados municipales que validaban los trámites, gestores privados que intermediaban y empresarios que pagaban por habilitaciones ilegales. La operación comprometió también a ingenieros especialistas en higiene y seguridad y a funcionarios de la Dirección de Habilitación de Negocios.
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La investigación comenzó tras la denuncia de un bombero y se consolidó con detenciones en 2023, cuando Folli, acusado de ser el jefe máximo del esquema, fue arrestado y alojado en la cárcel de Bouwer. Posteriormente, debió ser internado en el Policlínico Policial por problemas cardíacos. Además de los delitos vinculados a las habilitaciones, el fiscal imputó a Folli por presuntos hechos de violencia de género.
Entre los otros acusados se encuentran Roque Olmedo, Mario García, Félix Calama, Marcos Lúquez, Leandro Rodríguez y Mónica Barrionuevo, así como Eduardo Rivadero, José Gorocito, Natalia y Darío Brasca, Carlos Goldaracena, Marcos Gennaro y Miguel Ángel Amil. La Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación que podrían sumar nuevos imputados relacionados con carnets de conducir y habilitaciones truchas en espectáculos públicos.
Con el pedido de elevación a juicio, los imputados se acercan a enfrentar el proceso oral, mientras que la Municipalidad se presentó como querellante para garantizar su acceso al expediente y colaborar con la causa.
