5 claves de la la ley de educación ambiental que ahora pasa al Senado
Luego de la media sanción de este sábado en la Cámara de Diputados con 215 votos afirmativos, ahora pasa a Senadores. No se sabe aún la fecha de su tratamiento.
Luego de la media sanción al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en la Argentina, que obtuvo este sábado con 215 votos afirmativos, siete votos negativos y 18 abstenciones, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ahora pasa a Senadores. No se sabe aún la fecha de su tratamiento.
¿Cuáles son las claves que destacan los organismos ambientales?
- Definir la Educación Ambiental como política de Estado, con principios y herramientas para una implementación articulada en todo el país.
- Asegurar un piso mínimo de actividades y contenidos en todo el territorio nacional.
- Facilitar el consenso de los contenidos federales para todos los niveles del sistema educativo.
- Igualar oportunidades para que gran parte de la población del país pueda formarse en materia ambiental ya que varias provincias tienen sus propias normativas pero su desarrollo es desparejo.
- Combatir el desconocimiento que se traduce en la agudización de la crisis climática y ecológica de los últimos tiempos.
Una ley con historia
No es la primera vez que se intenta conseguir esta ley en el Congreso. Durante 2020 se presentaron diversos proyectos de ley por parte de representantes de las diferentes fuerzas políticas, incluidos los Ministerios de Educación y Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en octubre del 2020 fue el que avanzó al ser aprobado por las comisiones de Educación, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Presupuesto de la Cámara de Diputados.
En los últimos veinte años, se han presentado varios proyectos de ley de educación ambiental. Pero ninguno logró el consenso necesario para ser aprobado. Solo dos de ellos fueron sancionados en la Cámara baja, el presentado por la diputada nacional Marta Maffei de 2006 y el de la diputada nacional Adriana Puiggrós en 2015, quien logró que fuera aprobado por unanimidad.
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