Acuerdo

Diputados aprobó el acuerdo para pagarle US$ 171 millones a "fondos buitre"

La Cámara Baja dio la media sanción que faltaba para convertir en ley el acuerdo con tenedores de deuda en default de 2001.

Fundamentos. La Constitución sigue siendo la ley suprema. Foto: cedoc

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del gobierno de Javier Milei sobre el acuerdo de conciliación con dos “fondos buitres” que mantenían litigios abiertos con Argentina por la deuda en default desde 2001.

La iniciativa del Ejecutivo obtuvo 139 votos a favor y 97 en contra para su aprobación. El acuerdo con los tenedores de deuda tenía como fecha límite el 30 de junio, el último día del plazo acordado en los Estados Unidos con los fondos buitre. El jueves 4 de junio, la Cámara de Senadores había dado la primera media sanción con 40 votos afirmativos y 22 negativos.

El acuerdo contempla el pago de US$ 171 millones a los acreedores remanentes que no ingresaron en los sucesivos canjes de deuda realizados tras la crisis de 2001. Según lo negociado, el Estado argentino abonará US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones Attestor Value Master Fund LP.

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Desde el oficialismo destacaron que el convenio incluye una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente y permitirá cerrar dos de los litigios más relevantes que seguían abiertos en tribunales estadounidenses.

Uno de los principales argumentos esgrimidos es que la aprobación legislativa permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución y los embargos que pesaban sobre activos soberanos argentinos, entre ellos acciones de empresas estratégicas como Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

 

Características del acuerdo con los "buitres"

El entendimiento adopta como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos. En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio. 

Además, se incluyó una cláusula denominada standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación. 

Además, el convenio permite dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, tales como acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

Voces a favor y en contra

El miembro informante del oficialismo, el diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza) aseguró que con el pago a los dos fondos buitres se buscará cerrar después de 25 años "esta herida de deshonra internacional".

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que en los acuerdos de conciliación "se negoció una condición de quita un 30% de este remanente". Además destacó que se exime al Estado de "pagar honorarios legales, lo que no es poca cosa"

Por otro lado, resaltó el hecho de que "los acreedores se hayan comprometido a no hacer nuevas acciones legales"

"¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio y se empiezan a acelerar las instancias judiciales", explicó.

Desde la oposición, el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) advirtió que se trata de "un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país".  El economista de Patria Grande cuestionó el proceso de negociación: "El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después". 

Y agregó: "Nos enteramos más de este proceso de negociación que lleva adelante el estado argentino por el reporte del Fondo Monetario Internacional que por los funcionarios argentinos". Por último, alertó: "¿Qué creen que va a generar esto que estamos discutiendo hoy, si no es un nuevo ciclo de endeudamiento y, por lo tanto, una nueva crisis financiera en nuestro país?".

En tanto, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) votó en contra del proyecto de ley al sostener que "este acuerdo, con estas dos firmas (Bainbridge y Attestor), no específica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de renta generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.

 

LM