Encuesta a personas sin hogar: el 44% tiene hijos a cargo y el 70% venía de un empleo informal
La Fundación Cultura de Trabajo, que ayuda a conectar empresas con personas que buscan empleo y que están en situación de calle o en peligro inminente de estarlo, convirtió en datos las entrevistas de admisión de diez años de experiencia en recibir casos en los que pudo hacer esa intermediación. Entre otras cosas, el estudio llegó a la conclusión de que existe una relación directa entre informalidad laboral y situación de calle o pérdida de un hogar digno. Además, advierten que cada vez hay más personas calificadas que no tienen techo garantizado.
“Nadie llega a la calle de un día para el otro. Se llega perdiendo, de a poco, todo lo que se daba por sentado: el trabajo, la casa, la rutina, la gente que contaba con vos”. Una publicación reciente de la Fundación Cultura de Trabajo comienza con algunas de estas reflexiones la presentación de un estudio en el que condensaron diez años de acciones orientadas a la inclusión laboral de personas en situación de calle o en peligro inminente de estarlo. Uno de los datos que más impacta es que, de los más de 2.400 casos atendidos en sus encuestas de admisión, el 44% declaró tener hijos a cargo. “No es ‘una persona sola en la calle’, es una familia buscando un lugar”, continúan. Y advierten que cada vez hay más en estas circunstancias.
Los resultados de este relevamiento (2016-2025) reflejan también que el 17,8% de estas personas contaba con un título universitario o terciario, y que casi el 70% venía de trayectorias laborales informales. Si bien el primero de estos datos es presentado desde el punto de vista de las barreras al acceso al sistema (porque solamente ese porcentaje lo logró), también es evidencia de que, aún con un título universitario y un empleo, la persona puede llegar a perderlo todo. Sobre cómo ha cambiado en los últimos años la realidad de las personas que acuden a la fundación, su directora y cofundadora, María Eugenia Sconfienza, resaltó en diálogo con este medio que han notado que tienen mayor grado de calificación, además de un incremento en la cantidad de casos con empleos formales a los que se les dificulta comer y pagar el alquiler. Según datos oficiales, el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.375.143 en el primer semestre del año, y de $731.150 en el mercado de trabajo informal. Para una familia de cuatro integrantes la canasta básica total fue en julio de $ 1.564.716, sin contar gastos en vivienda como el alquiler.
La precariedad, en el caso de las personas entrevistadas por la ONG, afecta a todos por igual. “La informalidad, que es de entre el 65% y el 70% de las personas, es pareja tanto sea para hombres como para mujeres, tengan o no responsabilidad de cuidado”, describió Sconfienza. Sí existe un contraste entre los que respondieron tener hijos a cargo (53% de las mujeres entrevistadas contra el 33,7% de los varones) y en el tipo de salida laboral que se busca: “las mujeres con hijos suelen pedir preferentemente vacantes que tengan horarios compatibles con el cuidado”.
El último registro del Indec informó un aumento de la informalidad: de 2,2 puntos porcentuales entre los primeros semestres de 2025 y 2026, con lo que se ubicó en el 44,2%. Según el Instituto Argentina Grande, se perdieron más de 141 mil puestos en relación de dependencia en el último año.
“Si la informalidad sigue a estos niveles o sigue creciendo, el circulo se refuerza y podría seguir reproduciéndose”, opinó Sconfienza. Y este círculo es mucho más cerrado para las personas que ya están en situación de calle y que enfrentan obstáculos “invisibles”, destacó. “Y puedo nombrarte desde que no tener la ropa adecuada, no tener dónde ducharse, no tener dónde vivir, no tener una dirección para poner el currículum, no tener un currículum, no tener dónde imprimirlo, no tener dónde postularse porque no tenés celular, no tener carga en la SUBE y llegar tarde a una entrevista o muy temprano y desprolijo porque vas caminando”.
La organización prefiere hablar de “sinhogarismo ampliado” o exclusión residencial, conceptos mucho más amplios que el de situación de calle, porque incluyen a un grupo de personas que “combina estancias en la calle, pasos por hogares de tránsito o paradores y periodos en hoteles-pensión o piezas alquiladas en el mercado informal”. Trayectorias que, en definitiva, muestran que el derecho a tener un lugar donde dormir no es un derecho asegurado sino más bien “una búsqueda constante atravesada por gestiones asistenciales, favores personales o decisiones institucionales”.
El documento señala que, si bien estas 2.400 entrevistas no son estadísticas acabadas sobre la realidad en el país, sí ofrecen una caracterización profunda del sinhogarismo ampliado y su vínculo con la exclusión estructural del mercado de trabajo. Las circunstancias de las personas sin hogar son muy diversas y la representatividad es útil para conocer estas dinámicas, pero no para determinar otros casos que están incluso peor: los que no alcanzan a llegar a las instituciones de ayuda porque esos lazos ya se rompieron.
Las conclusiones ofrecidas por este estudio podrían complementarse con las de otros análisis, como el de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, que en su trabajo más reciente explicó que “se observa una diversificación alarmante de perfiles que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados, y personas que nunca antes habían estado en calle”. Geográficamente la situación se expandió hacia barrios más alejados, “reflejando una extensión territorial del fenómeno”, sintetizaron.
El Ministerio de Capital Humano realizó en 2026 un relevamiento, que determinó que había un total de 9.421 personas en situación de calle en el país. Pero el estudio incluyó solamente a 19 provincias (Buenos Aires quedó afuera) y no hay detalles sobre la metodología del relevamiento ni un acceso al documento completo. Desde la cartera respondieron ante la consulta de PERFIL que lo que hay es lo que se dio a conocer públicamente: un dato que cuestionan no solamente organizaciones como la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, sino también otras como la asociación Proyecto Siete, que considera que la cantidad de personas sin techo en Argentina podría pasar los 370 mil.
Por eso quienes trabajan directamente con ellas insisten en la necesidad de conocer esta realidad más allá de los números, no solo por parte de las instituciones, sino también por el resto de la sociedad. La Fundación Cultura de Trabajo convive a diario con ese contexto: entre otras cosas, a través de sus servicios gratuitos de intermediación laboral para personas de entre 18 y 65 años. No solamente se dedican a la articulación, sino también a tratar de derribar las barreras invisibles a través de cursos, insumos de higiene e instalaciones. Su directora aclaró que “no existen contrataciones por lástima: nuestros participantes consiguen ese empleo porque tienen todas las cualidades necesarias para poder llevar adelante ese trabajo y no porque están en una situación precaria”.
Y ahí volvió a poner el énfasis en los prejuicios que invita a repensar la publicación señalada al comienzo: “¿Alguna vez te preguntaste por qué las personas en situación de calle duermen de día, con el sol en la cara y el ruido de la ciudad de fondo? Porque de noche es más seguro caminar que dormir”.
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