La dificultad de crear empleo, en el debate por la reforma laboral

El Gobierno busca que el contexto de destrucción de empleo y precarización laboral le sirva de argumento para defender la necesidad de tratar en el Congreso la reforma laboral. Del otro lado, apelan a recordar las consecuencias de casos históricos donde se llevaron adelante proyectos similares, que fueron nocivas para el entramado económico del país.

El empleo asalariado no registrado no baja de los 30 puntos desde 1988 y durante los últimos doce años, el número de trabajadores monotributistas creció 61%, recopiló Futuros Mejores. Mientras, la cantidad de empleados asalariados registrados sólo se expandió 3%. En ese contexto, criticaron desde el espacio de investigadores que “las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei en 2024 profundizan la precarización laboral”.

Desde Casa Rosada aseguraron a PERFIL que “la reforma laboral va a restablecer el desequilibrio de empleo que se produce cuando se pasa de un sistema a otro. En este caso, de un sistema soviético de empleo improductivo mantenido por el Estado a un capitalismo en serio”. Si bien reconocen que en los 90, millones de personas quedaron desocupadas, creen que “no se producirá el mismo final porque este Gobierno es mejor que el de Menem”.

La Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) es una de las afectadas por el proyecto de reforma laboral oficial, dado que en uno de los artículos propone eliminar el estatuto de los viajantes de comercio. La organización gremial les entrega a todos los senadores con los que se reúnen un documento donde les mencionan que están de acuerdo en que se debe modernizar el estatuto. Lo que les aclara en el texto, al que accedió PERFIL, es que no se necesita dar de baja el actual para hacerlo. “Afirmamos sin miedo a equivocarnos que es necesaria una actualización de la norma. Para eso creemos que el Senado, a través de sus representantes puede incluir en el proyecto de ley el articulado necesario para crear un ámbito específico de negociación, que por el lapso de un año, prorrogable seis meses”, reza el archivo, que lleva la rúbrica de su secretario general, Luis Cejas. Propone allí que el espacio de encuentro entre empresarios y trabajadores puede renovar el estatuto “de manera moderna, ágil, sencilla, que incluya las nuevas tecnologías y realidades de las relaciones laborales del siglo 21”.

Desde los estatales cuestionaron que “la ley propuesta desde el Gobierno, lejos de modernizar las condiciones laborales, o hacer más llevadero nuestro día a día busca que trabajemos más horas por menos dinero”. La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, criticó ante este medio que “pretenden que haya una relación individual entre un trabajador y un empresario cuando ya sabemos que nunca ese vínculo es igual. Hay una relación asimétrica y de poder. Desde ATE sostenemos que una gran parte de la reforma ya pasó”, en referencia al DNU 70/23 y a la Ley Bases.

Cabezas sumó que en el debate salarial por empresa “tiene otra finalidad: que las empresas compitan entre sí a través de una mayor explotación y no basados en la incorporación de tecnología o en estrategias de mercado. La competencia no puede basarse en salarios más bajos o una jornada más larga. Darle preeminencia al convenio por empresa es ir a eso”.