En los últimos meses se quemaron 168 mil hectáreas en La Pampa, 45 mil en Chubut, 10 mil en Río Negro, 6 mil en Neuquén y 700 en Santa Cruz. Sin embargo, el decreto 73/2026 que declara la emergencia ígnea (publicado el 29 de diciembre en el Boletín Oficial) incluye solamente a las cuatro primeras. Es una de las cosas que remarcan en diálogo con PERFIL desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En la emergencia declarada no se asignan partidas extras, pero sí se habilita a que esto pueda suceder. Esta semana, además, el Gobierno publicó la resolución 91/2026 por la cual se destinan $ 108 mil millones a asociaciones de bomberos voluntarios. Lo que no se aclaró en la comunicación oficial es que esta resolución se publica todos los años –aunque, según pudo constatar PERFIL, en términos generales se realiza en el mes de marzo– y que corresponde con una obligación del Estado nacional en el marco de la Ley 25.054. Este financiamiento, explicaron desde un comunicado de FARN, “se sostiene a partir del 22% del producto del impuesto interno a las primas de la totalidad de los seguros” y la distribución de ese presupuesto se encuentra determinada en la misma ley. “Lo que hizo la resolución del Gobierno fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto, no le dio absolutamente ningún peso adicional al Servicio Nacional de Manejo del Fuego ni a las asociaciones de bomberos”, explicó a PERFIL Ariel Slipak, economista y coordinador de investigación de FARN. “Aprovecharon esa resolución para difundir en redes diciendo que están asignando recursos y combatiendo el fuego, pero están asignando recursos ya presupuestados”, aclaró.
La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios se explayó sobre el tema en un comunicado. “Desde la Federación valoramos la llegada de estos recursos, pero también insistimos en la importancia de que los cobros y pagos del financiamiento legal se realicen con previsibilidad y normalidad para que los cuarteles puedan planificar y sostener sus servicios esenciales sin inconvenientes”, afirmaron.
Aclararon también que los recursos transferidos no constituyen un aporte extraordinario. “Ese dinero es aportado por la población a través del pago de sus seguros y el Estado nacional lo administra y distribuye entre los cuarteles y asociaciones que cumplen con los requisitos previstos por la normativa”, continuaron. Incluso, detallaron que la transferencia actual corresponde a lo adeudado en el ejercicio 2025 e incluye la primera cuota de 2026. “Tradicionalmente la distribución se realiza en dos etapas (marzo-abril y otra en agosto-octubre), pero el remanente del año pasado no había sido pagado oportunamente”.
Más allá de eso y en términos generales, el presupuesto para la prevención y combate de los incendios viene cayendo desde 2023. Desde el inicio de este año, las ejecuciones presupuestarias también son bajas: hasta el 28 de enero, señala el reporte de FARN, para el programa Acciones ante Desastres y Emergencias Socio-Naturales se destinaron $ 323 millones, lo que equivale al 0,2% de lo presupuestado. En cuanto a la actividad Manejo del Fuego, dependiente de la Administración de Parques Nacionales, se ejecutó el 3,25% de lo previsto ($ 221 millones en el primer mes del año).
Otras partidas también presentan una subejecución para esta altura del año –y de los incendios–. La organización destaca los casos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (con un 1% ejecutado al 28 de enero, según la última actualización) y de la acción destinada a la Asistencia a Bomberos Voluntarios (que ejecutó el 0,1% del total). “En 2024 se erogó en manejo del fuego, ajustado por inflación, un 81% menos que en 2023. Esa tendencia siguió profundizándose”, afirmó Slipak. Tal como relató PERFIL en una nota anterior, la caída presupuestaria para 2026 impacta especialmente en la prevención de los incendios.
Además, y según los datos del presupuesto abierto, la Asistencia de Bomberos en Siniestros (programa que depende de la Policía Federal) ejecutó hasta ahora el 6,7% de lo presupuestado para 2026.
Los recursos, denuncian desde FARN, llegan a las brigadas con más retraso que en años anteriores debido a la disolución del fondo fiduciario llamado Fondo Nacional de Manejo del Fuego. “Antes, tanto el dinero de Tesorería General de la Nación, como el de las alícuotas de seguro y otras recaudaciones iban al fondo nacional y se asignaba rápido, le daba más transparencia. El Gobierno dice lo contrario, que los fondos fiduciarios son opacos y que por eso los desarman”, aseguró Slipak. “Uno de los reclamos de los brigadistas es que el dinero tarda en llegar. Desde FARN atribuimos esto a una falta de atención a las políticas, pero también a la disolución del fondo nacional”.
El representante de FARN insistió en que por ahora “no hay ningún dinero adicional ni para el Servicio de Manejo del Fuego ni para los bomberos”.
Legisladores de las provincias afectadas también se hicieron eco del tema. En comunicación con este medio, el diputado de la provincia de Chubut, Gustavo Fita, denunció que “no es una ayuda extraordinaria ni un gesto de generosidad: es el cumplimiento tardío de la Ley 25.054 que el gobierno nacional pisó durante todo el 2025”. “Como bien marcó Rubén Oliva, presidente de la Federación, los cuarteles sufrieron un ahogo financiero asfixiante por un año de abandono total». Y opinó: “La pauta es clara: ajuste y desprecio por quienes arriesgan la vida. No están regalando nada, apenas están devolviendo lo que retuvieron ilegalmente mientras nuestra cordillera ardía”.
El diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauschenberger, remarcó que la ley, sancionada en 1998 y actualizada en 2014, es la que dispone la asignación de los fondos. “Esto es lo que se tiene que hacer haya o no incendios, haya o no emergencia ígnea”. La transferencia de estos recursos “no se realiza de forma inmediata”, aclaró, “sino a medida que se vayan recaudando. Lo dice el mismo artículo 8 de la resolución 91/26 del Ministerio de Seguridad Nacional”.
