Reforma laboral: Situación actual del mercado de trabajo y cuáles son los ejes del proyecto que debate el Congreso

Un informe de la consultora Empiria analiza el mercado laboral argentino y sostiene que la falta de generación de empleo formal privado desde 2011 y una legislación vigente cuyo núcleo data de 1974 derivaron en una “reforma laboral de hecho”, con costos en informalidad y precarización. En estos días, el Congreso discute una reforma laboral que buscaría atender esos desequilibrios.

El documento parte de un diagnóstico estructural: en un mercado laboral que no crea empleo formal desde hace más de una década, la normativa no fue neutra, sino que incentivó esquemas informales y por cuenta propia. Según el informe, bajo la rigidez normativa actual la variable de ajuste no fue la cantidad de empleo, sino el precio —salarios más bajos— y la calidad del trabajo.

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Hoy el mercado laboral argentino reúne a unos 21 millones de trabajadores. De ese total, 6,2 millones son asalariados privados formales (29%), 3,4 millones asalariados públicos (16%), 5,7 millones asalariados informales (27%) y 6,1 millones cuentapropistas (28%). Dentro de este último grupo conviven monotributistas, autónomos y trabajadores por cuenta propia informales.

La comparación histórica muestra un cambio en la composición. En 2012 había 6 millones de asalariados privados formales, que representaban el 35% del total, frente al 29% actual. En paralelo, crecieron los asalariados informales y los cuentapropistas, lo que para el informe refleja el impacto de la rigidez normativa sobre la calidad del empleo.

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En ese contexto, el documento señala que la discusión de la reforma laboral busca corregir distorsiones que se consolidaron en el tiempo. La propuesta presentada en el Congreso, según el análisis, apuntaría a dar previsibilidad, reducir costos y modificar reglas de contratación para revertir incentivos que hoy desalientan la formalidad.

Los tres ejes de la reforma laboral y su impacto sectorial 

El primer eje del proyecto se enfoca en los costos de entrada y salida del empleo. La iniciativa procura dar previsibilidad a las empresas frente a conflictos por desvinculaciones, con cambios en el cálculo de indemnizaciones, que pasarían a basarse en el salario normal, sin agregados, y con una reducción del monto de referencia para premios mensuales como horas extras y comisiones.

En materia de contratación, se propone un régimen de incentivos que reduce los aportes patronales del 27% del salario bruto al 5% durante 48 meses para determinados trabajadores, como monotributistas, ex empleados públicos o informales. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% del aporte obligatorio de los empleadores, compensado con una reducción equivalente de los aportes patronales, lo que implica menores costos al momento del despido.

El segundo eje apunta a acotar la litigiosidad. El proyecto fija un límite para la actualización en los juicios laborales, estableciendo inflación más tres puntos anuales, y elimina la capitalización de intereses. Según el informe, la imprevisibilidad actual del monto de las indemnizaciones en caso de despido desincentiva la contratación formal.

El tercer eje propone modernizar el marco de contratación. Se plantean nuevos criterios para definir la relación de dependencia, se crea una figura específica para repartidores de plataformas y se introduce un banco de horas para compensar jornadas, además de permitir el fraccionamiento de vacaciones. También se limita la acción sindical, al requerir autorización previa para huelgas y dificultar la creación de nuevos sindicatos, y se habilita la primacía de convenios colectivos de ámbito menor sobre los de alcance nacional.

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En cuanto al impacto sectorial, el informe advierte que, en industrias medianas y grandes, la combinación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la flexibilización de jornadas y vacaciones y los cambios en subcontratación podría mejorar la previsibilidad de costos laborales.

En la construcción, con alta rotación y uso de subcontratistas, el efecto sería más marcado, mientras que en comercio y servicios el resultado dependerá de la fiscalización y de la evolución de la demanda.

En tanto, para las plataformas digitales, el reconocimiento de un régimen específico para trabajadores independientes reduciría el riesgo jurídico y el costo de potenciales reclamos, en el marco de la reforma laboral en debate.

GZ/ff