Las inversiones que comprende el RIGI ya se acercan a los US$ 50.000 millones: cuáles son los proyectos aprobados

El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) fue creado a través de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. El esquema ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un marco de estabilidad jurídica destinado a brindar previsibilidad a proyectos de largo plazo.

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Hoy, más de dos años después, bajo este esquema la administración de Javier Milei lleva aprobados 23 proyectos de inversión por un total de US$ 49.766 millones y prevén la generación de 108.450 empleos directos e indirectos, mientras que otros 22 están en evaluación y comprometen US$ 101.241 millones con un impacto estimado de 103.241 puestos de trabajo, según los datos difundidos por Economía.

De esta manera, el universo total vinculado al RIGI alcanza las 45 iniciativas, con inversiones superiores a los US$ 150.000 millones y un potencial cercano a los 210.000 empleos. Los proyectos se concentran principalmente en sectores considerados estratégicos para la economía argentina, como petróleo y gas, energía, minería, infraestructura y energías renovables.

Los 23 proyectos que ya fueron aprobados

El régimen está dirigido a iniciativas vinculadas con energía, petróleo y gas, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo y siderurgia, entre otras actividades. Según el Gobierno, la meta es impulsar la llegada de capitales nacionales y extranjeros, incrementar las exportaciones y promover la creación de empleo.

De los 45 proyectos que actualmente integran el universo del RIGI, 23 ya cuentan con aprobación formal por parte del Gobierno. En conjunto representan inversiones por US$ 49.766 millones y la creación estimada de 108.450 empleos directos e indirectos.

En minería, los proyectos se dividen principalmente entre cobre y litio. El cobre concentra el mayor monto, con unos US$ 13.300 millones. Allí se destaca Vicuña, el proyecto de cobre y oro que desarrollan Lundin Mining y BHP en San Juan, con US$ 9024 millones, seguido por Los Azules, de McEwen, con US$ 2353 millones, y San Jorge, de PSJ Cobre Mendocino, con US$ 613 millones.

El litio suma unos US$ 5800 millones, repartidos entre seis iniciativas, como Salar de Rincón, de Rio Tinto, con US$ 2744 millones, y Cauchari Olaroz, de Minera Exar, con US$ 1166 millones. Completan la lista tres proyectos de oro y plata, entre ellos Veladero, de Barrick.

En energía están los proyectos de producción y transporte de petróleo, como Rincón de Aranda, de Pampa Energía, con US$ 4521 millones; Los Toldos II Este, de Tecpetrol, con US$ 6400 millones, y el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que permitirá exportar crudo desde la costa rionegrina. Por el otro, los que buscan agregar valor al gas o industrializarlo. Allí aparecen la planta de licuefacción de Southern Energy (SESA), para exportar gas natural licuado (GNL); el gasoducto San Matías, que la abastecerá; la planta de fertilizantes de Pampa Energía, en Bahía Blanca, que producirá urea a partir del gas; la ampliación de Mega, para procesar más líquidos del gas natural, y la obra de TGS en el gasoducto Perito Moreno.

Qué es el RIGI y cuáles son los requisitos para adherirse

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado a través de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. El esquema ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un marco de estabilidad jurídica destinado a brindar previsibilidad a proyectos de largo plazo.

El régimen está dirigido a iniciativas vinculadas con energía, petróleo y gas, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo y siderurgia, entre otras actividades. Según el Gobierno, la meta es impulsar la llegada de capitales nacionales y extranjeros, incrementar las exportaciones y promover la creación de empleo.

Para acceder a los beneficios, las empresas deben presentar un plan de inversión que cumpla determinados requisitos. El monto mínimo general es de US$ 200 millones, aunque la reglamentación puede establecer exigencias superiores para algunos sectores. Además, los proyectos deben concretar al menos el 40% de la inversión comprometida durante los primeros dos años —con excepciones previstas por la normativa— y demostrar su carácter de largo plazo.

Entre las condiciones también figura el compromiso de destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores vinculados con el proyecto, así como mantener los activos afectados y someterse a mecanismos de seguimiento y control por parte de la autoridad de aplicación.

El régimen cuenta con un plazo de adhesión de dos años desde la entrada en vigencia de la ley, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.

FN/AF