EE.UU. detuvo en Miami a la hermana de la titular del mayor conglomerado económico de Cuba

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvo este jueves a Adys Lastres Morera, hermana de la General de Brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidente ejecutiva de Gaesa, la empresa sancionada por Estados Unidos.

Si bien Lastres Morera tenía estatus de residencia permanente, su detención se debió a una determinación de deportabiidad firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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"Según determinó el secretario Rubio, la presencia continua de Lastres Morera en nuestro país tendría consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior, y comprometería nuestros intereses de política exterior debido a sus conexiones prominentes con un alto funcionario cubano que controla de manera corrupta una parte significativa de la red financiera del régimen", explica el comunicado.

Vínculos con el aparato económico del régimen cubano

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Adys Lastres Morera desarrollaba actividades económicas en territorio estadounidense mientras mantenía vínculos con el entramado estatal cubano. Según detalló, la mujer administraba propiedades inmobiliarias en Florida al mismo tiempo que colaboraba con estructuras asociadas al régimen de La Habana.

En ese marco, el funcionario apuntó directamente contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba, al que Washington acusa de concentrar recursos estratégicos y canalizar fondos bajo control militar. Rubio sostuvo que la organización habría participado en la apropiación de millones de dólares destinados a ayuda para la población cubana.

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De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la detención se produjo luego de que Rubio emitiera una determinación formal de deportabilidad en el marco de la legislación migratoria estadounidense. La medida implicó la pérdida previa del estatus de residencia permanente de Lastres Morera, lo que habilitó su arresto por parte de agentes federales.

El director ejecutivo asociado interino de Homeland Security Investigations (HSI), John Condon, explicó que la permanencia de la ciudadana cubana en el país “habría generado consecuencias potencialmente graves para la política exterior”, debido a sus vínculos con figuras clave del aparato financiero del régimen.

Desde la agencia remarcaron que el caso constituye una señal política clara: la administración estadounidense está dispuesta a actuar contra personas extranjeras que considere una amenaza para sus intereses estratégicos.

En este escenario, funcionarios estadounidenses han reiterado sus cuestionamientos a GAESA, a la que consideran una pieza central del sistema económico cubano, con control sobre sectores clave como el turismo, el comercio, los puertos y las finanzas.

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Advertencias y mensaje político

Rubio fue enfático al advertir que Estados Unidos no permitirá que personas vinculadas a gobiernos considerados adversarios se establezcan en su territorio bajo condiciones privilegiadas.

“No habrá ningún lugar en este planeta, y mucho menos en nuestro país, donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sostuvo el funcionario, en un mensaje que apunta tanto al caso puntual como a una estrategia más amplia de presión internacional.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional coincidieron en que la detención envía un mensaje contundente sobre la capacidad del gobierno estadounidense para actuar con rapidez en defensa de sus intereses de política exterior.

La disputa por la ayuda humanitaria

Rubio confirmó que Estados Unidos mantiene en evaluación un paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares destinado a Cuba, aunque aclaró que no será canalizado a través de estructuras controladas por el Estado o las Fuerzas Armadas.

El funcionario señaló que el gobierno cubano manifestó su disposición a aceptar la asistencia, pero advirtió que aún existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas por Washington.

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Remarcó que la administración busca evitar que los recursos terminen en manos de conglomerados como GAESA. “No vamos a entregar ayuda humanitaria que termine en manos de su empresa militar”, afirmó.

El plan contempla trabajar con organizaciones humanitarias independientes y sectores de la Iglesia católica para garantizar que la asistencia llegue directamente a la población, sin intermediación del aparato estatal.