El argumento del “trabajo forzoso” como método político

La Casa Blanca debió reestructurar su estrategia comercial luego de que en febrero la Corte Suprema estadounidense dictaminara que los aranceles indiscriminados de presidente Donald Trump eran inconstitucionales por invadir competencias exclusivas del Congreso.

Para sortear el fallo y sustituir el gravamen temporal del 10% que vencía este viernes, Trump apeló a normas vinculadas a estándares laborales, ambientales y sanitarios, las cuales son legalmente más difíciles de impugnar por parte de los países afectados.

Lo hizo a través de la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU. (USTR), la agencia federal encargada de desarrollar, coordinar y supervisar la política comercial exterior del país. Una investigación del organismo puntualizó que las prácticas de 60 economías respecto al trabajo forzado “no son razonables”.

“Ya es más que hora de que nuestros socios comerciales apliquen rigurosamente la prohibición de productos elaborados con trabajo forzado”, sostuvo el Representante Comercial, Jamieson Greer.

Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que “el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales”.

Las economías que han implementado una prohibición a la importación basada en trabajo forzoso o comprometidos a hacerlos tendrán el arancel del 10%. Entre ellos están Canadá, la Unión Europea, India y Reino Unido.China, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países recibirán el arancel del 12,5%.

Esta nueva ola de gravámenes entró en vigor a las 0 horas de este viernes. Sin embargo, los productos que ya están en curso de envío hacia Estados Unidos no se verán afectados si llegan a destino antes del 28 de julio.

La ofensiva no se limita a los bienes de consumo e insumos básicos. En paralelo, Trump anunció gravámenes del 100% a partir de agosto de 2028 (que se elevarán al 200% en 2029) para los medicamentos genéricos importados, con el fin de forzar a las farmacéuticas a relocalizar sus plantas en suelo estadounidense por razones de seguridad nacional.