El síndrome de La Habana regresa con un dispositivo en prueba y muchas dudas

Hay noticias que no deberían sorprendernos, pero cada vez que reaparecen producen esa sensación incómoda de déjà vu: como si fueran capítulos reciclados de una serie que nadie termina de decidir si es de espionaje, terror, ciencia ficción o simplemente mala política. Esta semana volvió a hablarse del llamado síndrome de La Habana, ese conjunto de síntomas extraños que desde 2016 afecta a diplomáticos, espías y personal militar estadounidense, y lo hizo con un giro que parece salido de Hollywood: el Pentágono lleva más de un año probando un dispositivo que algunos investigadores sospechan podría estar relacionado con estos episodios.

Se trataría de un aparato capaz de emitir ondas de radio pulsadas, adquirido en una operación encubierta por la División de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional con fondos del propio Pentágono y pagado –según fuentes citadas por CNN y Newsweek– por una suma de ocho cifras. La hipótesis es que este dispositivo permitiría explicar síntomas como dolores de cabeza intensos, náuseas, mareos, trastornos del equilibrio, problemas cognitivos y pérdida de memoria, un repertorio lo suficientemente amplio como para sostener tanto el miedo como la duda, y también para justificar años de investigaciones sin resultados concluyentes.

Conviene hacer memoria. El síndrome de La Habana no es un invento reciente ni un capricho mediático: es una etiqueta que durante casi una década acompañó relatos de funcionarios estadounidenses destinados en distintas partes del mundo, empezando por la embajada en Cuba en 2016, donde se registra su aparición. Zumbidos inexplicables, sensaciones de presión en el cráneo, sordera, estudios neurológicos, sospechas de lesiones cerebrales. En un primer momento, la narrativa dominante hablaba sin rodeos de “ataques deliberados” con armas invisibles, una fórmula lo suficientemente vaga como para admitir casi cualquier conjetura y, al mismo tiempo, lo bastante eficaz como para fijar la idea de una amenaza difusa y omnipresente.

Con el tiempo, el discurso oficial se volvió más prudente y también más opaco. El fenómeno pasó a llamarse “incidentes de salud anómalos” (Anomalous Health Incidents, AHIs), y los informes de inteligencia empezaron a alimentar las hipótesis más espectaculares. Si bien se admitió que tecnologías basadas en energía dirigida –como microondas o radiofrecuencia– eran técnicamente posibles, evaluaciones posteriores concluyeron que era “muy poco probable” que un adversario extranjero hubiese estado detrás de la mayoría de los casos documentados.

Entonces, ¿para qué sirve el dispositivo misterioso? Según CNN y Newsweek, las autoridades lo compraron precisamente para intentar reproducir, descartar o comprender los síntomas denunciados. El dato más inquietante es su tamaño: lo suficientemente pequeño como para caber en una mochila. Ese detalle reabre una pregunta que nunca terminó de cerrarse y que durante años quedó flotando en informes clasificados y declaraciones ambiguas: ¿es viable que un artefacto portátil cause efectos neurológicos a distancia sin dejar rastros evidentes?

Como suele ocurrir, los organismos involucrados –el Pentágono, la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional– respondieron con evasivas o directamente guardaron prudente silencio. Esa falta de definiciones alimenta la sospecha de negligencia, improvisación o encubrimiento, especialmente entre quienes llevan años reclamando explicaciones claras, coherentes y satisfactorias.

El resultado es casi kafkiano: el aparato existe, se está probando y podría ser relevante, pero nadie confirma que tenga relación directa con los casos acumulados durante años. No hay, todavía, una conexión científica clara y consensuada entre una tecnología específica y los AHI. Abundan las hipótesis, los modelos y las teorías, pero falta una conclusión que cierre el relato sin dejar más preguntas que respuestas.

Por eso, cuando se sabe que el Pentágono gastó millones en un dispositivo que “podría” ser la clave, la incredulidad es inevitable. Después de casi una década, las certezas siguen siendo esquivas. El episodio se instala en ese territorio incómodo donde se cruzan la burocracia militar, la seguridad nacional, los límites del conocimiento científico y la lógica persistente del secreto.

Mientras tanto, los afectados –diplomáticos, agentes y sus familias– siguen en el medio de un relato cambiante. Para ellos, que exista un artefacto concreto bajo estudio es a la vez una promesa y una amenaza: la posibilidad de una explicación, pero también la confirmación de que durante años convivieron con respuestas parciales, silencios y giros discursivos que nunca terminaron de cerrar.

Mientras el dispositivo sigue siendo evaluado, el público asiste al mismo ciclo de misterio, sospecha y realpolitik. Cada vez que parece que la historia va a aclararse, las respuestas se diluyen. Tal vez, el verdadero enigma no sea si ese aparato causa o no el síndrome de La Habana, sino cómo el poder administra, una y otra vez, las piezas sueltas de un rompecabezas que nadie termina de armar, aunque insista en exhibirlas como si el dibujo final ya estuviera decidido y solo faltara colocar la última pieza.