Jueces de todo el mundo firmaron en el Vaticano una declaración que define la crisis climática como “una amenaza existencial”

Magistrados de cortes nacionales, regionales e internacionales acordaron en el Vaticano que el cambio climático ya no es solo un asunto de científicos y gobiernos, sino también de los tribunales. Así quedó plasmado en la “Declaración de la Casina Pío IV sobre el acceso a la justicia climática”, firmada al término de una cumbre de la que participó una delegación de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

El documento sostiene que la emergencia climática es “una amenaza existencial” que “ya no puede ser tratada como una cuestión reservada a los ámbitos científico o político, sino que constituye un problema jurídico vinculado a la realización efectiva de los derechos humanos”.

La reunión, titulada “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, tuvo lugar el 6 y el 7 de octubre en la Casina Pío IV, donde funciona la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. La organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), que el papa Francisco fundó en 2023, y reunió a jueces y académicos de distintos países para discutir cómo deben actuar los tribunales ante los efectos del calentamiento global sobre las poblaciones más expuestas.

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Qué propone la declaración

Además del diagnóstico, los firmantes fijaron un plan de trabajo para que los tribunales coordinen criterios y apliquen estándares internacionales en los juicios ambientales. Al mismo tiempo, marcaron un límite: los jueces no deben ocupar el lugar de los gobiernos a la hora de diseñar políticas públicas, sino controlar que lo que hacen, o dejan de hacer, respetar los derechos en juego y las obligaciones del Estado de derecho ambiental.

Entre quienes participaron figuraron Mattias Guyomar, titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Iván Mauricio Lenis Gómez y Orlando Aguirre Gómez, presidentes de las cortes supremas de Colombia y Costa Rica; César Manuel Diesel Junghanns, ministro de la Corte Suprema paraguaya; João Cura Mariano, al frente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, y Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El brasileño Antonio Herman Benjamin, presidente del Superior Tribunal de Justicia de su país, coordinó la parte académica.

La comitiva porteña

El juez Roberto Andrés Gallardo, del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, encabezó la delegación y estuvo a cargo de abrir y cerrar las jornadas. Gallardo preside el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU).

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En sus intervenciones, retomó la prédica social de Francisco y llamó a sus colegas a asumir un compromiso activo con los sectores más postergados: “Nuestro foco tiene que ser justicia social y, sobre todo, para los grupos vulnerados. Todos ejercemos diariamente cuotas de poder en nuestras regiones, en nuestros países. Francisco tenía una obsesión con el nominalismo: siempre decía que no hay que ser nominalista, que no hay que olvidar esto de mucha letra y poca carne. Entonces, nuestra lógica y nuestro rol en la destrucción del nominalismo es central al momento de definir cómo va a ser el futuro de la humanidad”.

Junto a él viajaron Genoveva Ferrero, secretaría general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño y responsable del Observatorio de Discapacidad; Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del mismo fuero; Horacio Corti, juez de Cámara y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y Vanesa Siley, diputada nacional, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU).

Discapacidad, infancias y presupuesto

Ferrero centró su exposición en las personas con discapacidad, a quienes describió como uno de los grupos más perjudicados cuando ocurre un desastre natural. “En el mundo hay 1.300 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad y que enfrentan todo tipo de barreras: la falta de accesibilidad, las dificultades de movilidad, de comunicación, de comprensión o de acceso a la información. Cuando llega un huracán, una inundación, un tsunami o cualquier otra emergencia climática, esas barreras no simplemente se suman, se multiplican”, señaló.

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Apoyada en los criterios de la Corte Interamericana, que exige una protección especial para los grupos vulnerables, reclamó que este colectivo participe en el diseño de las respuestas: “Las personas con discapacidad no pueden aparecer en las políticas climáticas solamente como personas a rescatar, tienen que ser parte de la política pública ambiental. Tenemos que pasar del objeto de protección al sujeto de derecho que participa en la decisión”.

Moreno, que además preside la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), habló sobre las consecuencias del cambio climático en niñas, niños y adolescentes. Corti, por su parte, se refirió a la importancia de que los presupuestos estatales destinen recursos a los planes de mitigación.

IC