Los desafíos de Brasil: corrupción y criminalidad

Corrupción y crimen organizado son algunos de los principales desafíos que atraviesan a Brasil en la antesala de las elecciones. Un diagnóstico de Transparencia Internacional Brasil advierte sobre el debilitamiento de los mecanismos de prevención y control de la corrupción, mientras el avance de las organizaciones criminales suma una dimensión transnacional al problema de la seguridad.

La corrupción es uno de los problemas que recorren la campaña brasileña, pero para André Duffles, de Transparencia Internacional Brasil, el país “atraviesa algo más profundo que una sucesión de escándalos”. En su diagnóstico observa que durante los últimos años “se debilitaron los mecanismos destinados a prevenir y controlar la corrupción, aumentaron los problemas de transparencia y control del presupuesto y se hicieron más visibles formas de captura del Estado y del mercado por intereses políticos, económicos y criminales”. 

Los casos que llegan a la justicia permiten observar el problema. Uno de los más recientes es el escándalo del Banco Master, una investigación alrededor del banquero Daniel Vorcaro que involucró a dirigentes vinculados a distintos espacios políticos, empresarios y a miembros del Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio Bolsonaro es uno de los investigados. Según documentos de la Policía Federal, el hijo del expresidente mantuvo conversaciones directas con Vorcaro y participó en negociaciones para conseguir financiamiento para Dark Horse, una película sobre su padre, con un presupuesto sospechosamente millonario. Las conversaciones expuestas por el STF muestran que Flávio seguía la liberación de los recursos y reclamaba al banquero por pagos pendientes.

Las conexiones investigadas también alcanzan a dirigentes vinculados al gobierno de Lula y a representantes del llamado Centrão. Para el especialista, esa transversalidad es precisamente lo que permite mirar el caso más allá de su impacto electoral sobre Lula o el bolsonarismo. 

Para entender el efecto de la cuestión en la sociedad hay que remontarse a la Operación Lava Jato. La investigación, iniciada en 2014, expuso una trama de corrupción que involucró a empresas, partidos políticos, funcionarios y contratos públicos. “Mostró de forma inédita cómo la corrupción podía funcionar de manera sistémica, conectando grandes empresas, partidos, autoridades y contratos públicos”, sostiene Duffles.

Pero el proceso tuvo una segunda etapa que también dejó consecuencias políticas. Años después, distintas investigaciones, pruebas y condenas vinculadas con Lava Jato fueron anuladas por decisiones judiciales. Para Transparencia Internacional Brasil, esa secuencia produjo un efecto paradójico: primero mostró a la sociedad que existían grandes esquemas de corrupción y después instaló dudas sobre la capacidad del Estado para sostener las investigaciones y aplicar las mismas reglas a todos.

Para Duffles, la cuestión central es qué capacidad tiene el Estado para controlar las relaciones entre poder político, intereses económicos y funcionarios y, al mismo tiempo, garantizar que quienes tienen poder también estén sometidos a mecanismos efectivos de control. “Cuando una investigación alcanza a quienes deberían investigar y juzgar, surge una pregunta sobre la capacidad del sistema de responsabilizar a sus propios miembros”, sostiene.

Crimen organizado. El otro tema que preocupa a la sociedad es el avance de las organizaciones criminales. Solo en el marco de estas elecciones en Río de Janeiro se modificaron 72 zonas electorales en 20 municipios por el dominio de facciones.

En mayo, bajo la premisa de combatir la criminalidad, EE.UU. incluyó al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando de la Capital (PCC)  en la lista de organizaciones terroristas.

Para Duffles, “eso puede favorecer respuestas más militarizadas y coercitivas justamente cuando Brasil necesita fortalecer inteligencia financiera, recuperación de activos, controles antilavado y capacidad de investigar las conexiones entre crimen organizado, empresas y agentes públicos”.

La cuestión adquiere además una dimensión especial en plena campaña electoral. La clasificación fue defendida en Washington por sectores vinculados al bolsonarismo, mientras que el gobierno de Lula cuestionó la decisión y planteó el problema en términos de soberanía y de la autonomía.

“Transparencia Internacional ya viene alertando sobre la instrumentalización política de la agenda anticorrupción por parte de la administración Trump”, señala Duffles. En rigor, advierte “reconocer que Brasil enfrenta problemas graves de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado e integridad institucional no significa aceptar que esos problemas sean utilizados selectivamente por una potencia extranjera para avanzar intereses políticos, económicos o geopolíticos”. Es así como “Brasil necesita ser más eficaz contra esas organizaciones, pero fortaleciendo sus propias instituciones y atacando sus estructuras económicas y financieras".