Decenas de miles de manifestantes marcharon ayer en Madrid y otras ciudades de España para exigir viviendas asequibles, un día después de que el Congreso rechazara las medidas de ayuda para los inquilinos propuestas por el gobierno de Pedro Sánchez.
Las manifestaciones prolongaron una crisis que se ha extendido durante más de una semana, desencadenada por el desalojo forzoso, el 23 de septiembre, de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años, de su piso en Madrid.
La derrota en el Parlamento supuso otro revés político para el jefe de Gobierno socialista Pedro Sánchez y ha reavivado las dudas sobre si podrá sobrevivir hasta las próximas elecciones generales previstas para 2027.
Las medidas propuestas por su gobierno, que incluían la renovación automática de los contratos de alquiler y restricciones a los desalojos (desahucios) de inquilinos vulnerables, fueron rechazadas el viernes por los partidos de la oposición en el Parlamento, encabezados por la derecha.
La derrota enfureció a quienes protestaban por el mercado inmobiliario cada vez más caro del país. Cientos de manifestantes han ocupado un campamento de tiendas de campaña instalado hace una semana en el centro de Madrid para presionar por reformas.
Ayer, los manifestantes marcharon por las calles de la capital. Las autoridades afirmaron que 70.000 personas protestaban. Los organizadores cifraron la participación en 500.000.
Se registraron protestas de menor envergadura en otras ciudades, como Palma de Mallorca, Santander, Segovia y Toledo.
La vivienda ha sido durante años una de las principales preocupaciones de los españoles, ya que la oferta no satisface la demanda, y los alquileres y los precios de la vivienda están aumentando, al igual que en el resto de la Unión Europea.
Un departamento de tres ambientes en Madrid cuesta hoy alrededor de 1.000 euros, poco más de la mitad de un sueldo promedio, lo que resulta complejo para la mayoría de los trabajadores. Según el portal inmobiliario Idealista, el alquiler medio en España se duplicó en la última década, mientras que el precio de venta de las viviendas aumentó casi un 90%.
Llamada anticipada a las elecciones. Los proyectos de ley de vivienda que la coalición de izquierdas de Sánchez había presentado al Parlamento fueron rechazados después de que el partido separatista catalán Junts, del que depende el gobierno, votara en contra, argumentando que carecían de rigor.
Junts se unió al principal partido de la oposición, el Partido Popular, y al partido de extrema derecha Vox para rechazar las medidas.
Tras la votación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, instó a Sánchez a “convocar elecciones lo antes posible”. Tras ocho años en el poder, Sánchez no contaba con el respaldo “ni de las calles ni del Parlamento”, agregó. Las encuestas de opinión recientes generalmente sitúan al opositor Partido Popular por delante de los socialistas.
