Venezuela dio el primer paso para liberar a sus presos políticos: se aprobó la Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela vivió una jornada histórica al aprobar por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Este proyecto, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no solo abre la puerta de las cárceles para cientos de detenidos, sino que también propone borrar medidas restrictivas y permitir que quienes huyeron del país puedan volver sin “consecuencias”. Fue un "sí" rotundo de los 277 legisladores, reflejando un cambio de clima tras años de enfrentamientos en el palacio legislativo.

El texto de la ley es ambicioso: cubre delitos como rebelión, traición y resistencia a la autoridad cometidos en el marco de protestas desde 1999 hasta este inicio de 2026. El objetivo es limpiar el historial judicial de ciudadanos y políticos que fueron procesados por manifestarse en las calles o expresar sus ideas contrarias al oficialismo. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, pidió a sus colegas que “no tengan miedo de hablar con nadie”.

Sin embargo, la amnistía no será un "cheque en blanco". El proyecto deja afuera de manera explícita a quienes hayan cometido crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos, asesinatos o narcotráfico. Tampoco beneficiará a quienes hayan causado lesiones graves o muertes de forma directa. Con este límite, el nuevo gobierno busca diferenciar entre la persecución política y los delitos de sangre, intentando que la justicia no pierda su peso mientras se busca la paz social.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, la oposición y el oficialismo parecen haber “aflojado” entre ellos. Los opositores moderados celebraron la iniciativa como una "oportunidad de oro" para reconstruir el país, mientras que el sector que antes seguía a Maduro al pie de la letra hoy levanta la mano a favor del perdón, siguiendo la línea de reconciliación que se bajó desde la nueva presidencia.

A pesar del optimismo, el camino recién empieza. Para que la ley entre en vigencia falta una segunda votación y una consulta con las víctimas. Organizaciones de derechos humanos, como el Foro Penal, advierten que todavía hay cerca de 700 personas tras las rejas y que las cifras del gobierno sobre liberaciones actuales no siempre coinciden con la realidad de los pabellones. La efectividad de esta ley se medirá, al final del día, por cuántas familias logren reencontrarse en libertad antes de que termine el primer trimestre del año.

Liberaron a Gustavo Rivara, uno de los argentinos detenidos en Venezuela por el Gobierno de Maduro

El "Efecto Chávez" en el discurso de Jorge Rodríguez

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea apeló a la memoria de Hugo Chávez para justificar el perdón. Recordó aquel 14 de abril de 2002, cuando el entonces mandatario volvió al poder con una cruz en la mano tras un intento de golpe, pidiendo disculpas y perdonando a sus captores. Con esta imagen, Rodríguez intentó convencer a los sectores más duros de que perdonar no es una señal de debilidad, sino una herramienta política necesaria para la supervivencia de la sociedad venezolana actual.

Aunque el gobierno celebra la salida de más de 600 personas de los centros de detención, la lupa de las ONG sigue puesta sobre los detalles. El Foro Penal pudo verificar la libertad de 383 individuos, pero aclaran que muchos de ellos salen con "libertad condicional", lo que les impide hablar con la prensa o participar en actos políticos. El desafío de la nueva ley será otorgar libertades completas, devolviendo no solo la movilidad, sino también los derechos civiles y el acceso a los bienes que fueron confiscados durante las crisis anteriores.

La recuperación de las exportaciones de petróleo y el desbloqueo de fondos controlados por Estados Unidos permitieron que el Banco Central de Venezuela tome aire fresco. Este clima de negocios más estable, sumado al cumplimiento de los acuerdos petroleros internacionales por parte del interinato de Delcy Rodríguez, facilitó que el gobierno pueda hacer "gestos de buena voluntad" como esta ley, sin temor a un colapso político inmediato.

TC CP