Gustavo Gabriel Rivara ya respira otro aire. El lunes se confirmó lo que era un secreto a voces: el argentino abandonó las celdas del Helicoide, ese búnker que hoy, bajo el mando interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, tiene orden de cierre definitivo. Rivara no esperó en Caracas; cruzó la frontera y se presentó en la Embajada argentina en Colombia para tramitar sus documentos y pedir asistencia. Aunque su libertad se produjo hace una semana, el silencio inicial de las autoridades argentinas sobre su existencia como preso político marcó una diferencia notable con otros casos de perfil más alto.
La liberación fue confirmada primero por la ONG Foro Penal y luego por la hermana de Gustavo, Patricia Rivara. El hombre, de 52 años tenía, según reportaron, un “deterioro físico y mental alarmante” tras meses de detención. Lo curioso es que, hasta hace poco, su nombre no figuraba en la lista oficial de reclamos de la Cancillería. Fue la presión de organismos de derechos humanos y la visibilidad mediática lo que obligó a poner el foco sobre este autor de libros.
El canciller Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich celebraron la noticia en redes sociales, pero el festejo tiene un sabor amargo. En sus mensajes, omitieron mencionar a otros argentinos que también recuperaron la libertad recientemente, como Yacov Harary o Roberto Baldo. Esta decisión parece responder a pedidos directos de las familias o a la fragilidad de las negociaciones en una Venezuela que todavía intenta ordenarse tras la captura de Nicolás Maduro por un comando estadounidense el pasado 3 de enero.
A pesar de la alegría por Rivara, la "agenda venezolana" de la Casa Rosada sigue al rojo vivo. El gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani continúan tras las rejas, acusados de espionaje y terrorismo. Para el Gobierno, el caso de Gallo es un asunto de Estado; lo detuvieron en la frontera cuando iba a ver a su hijo y lo señalaron como parte de un complot para asesinar a Delcy Rodríguez. Argentina depende hoy de la presión que puedan ejercer potencias como Estados Unidos e Italia para destrabar el conflicto.
La situación de los que quedan es compleja porque el Gobierno interino de Rodríguez todavía no incluye a Gallo y Giuliani en el grupo de "presos políticos" tradicionales. Los acusan de mercenarios, una etiqueta que el gobierno de Javier Milei rechaza por completo. Mientras Bullrich asegura que están trabajando para que "todos vuelvan a casa", la realidad muestra que la libertad en Venezuela se está negociando a cuentagotas y que los apellidos con cargos técnicos o militares son los que más resistencia encuentran para salir.
Un país en transición bajo la lupa de Trump
Venezuela atraviesa un escenario inédito tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes hoy esperan juicio en Nueva York. El gobierno interino de Rodríguez anunció el cierre del Helicoide como un gesto de ruptura con el pasado, pero la estructura de seguridad sigue siendo un laberinto. Con Maduro fuera de juego, la Asamblea Nacional debate una ley de amnistía, aunque el proceso es lento y depende directamente del respaldo político de la administración de Donald Trump.
La vida de Gustavo Rivara parece sacada de una novela de aventuras y tragedia. Después de estudiar teología en Buenos Aires y considerar el seminario, la muerte de su madre lo empujó a viajar por el mundo. En 2021, su nombre saltó a la prensa cuando quedó a la deriva en el Caribe Sur de Nicaragua; un rayo impactó en su embarcación de bandera estadounidense y lo dejó varado sin documentos. Así llegó a Caracas, donde terminó grabando videos quejándose de la situación social, lo que habría sellado su suerte ante los servicios de inteligencia.
Según el último conteo de Foro Penal, en Venezuela todavía existen 687 presos políticos. De ese total, 59 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Aunque el Gobierno de Delcy Rodríguez afirma haber liberado a 300 personas en lo que va del año, la distinción entre delincuentes comunes y detenidos por motivos ideológicos sigue siendo una batalla legal. Para Argentina, la prioridad es que esta “limpieza” alcance a Nahuel Gallo antes de que la oportunidad política se cierre.
TC / EM
