Piden elevar a juicio oral la causa contra el policía que gaseó a una nena en Congreso

La Fiscalía Federal a cargo de Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral y público del expediente en el que se encuentra imputado el oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Rivaldi, acusado de haber rociado con gas lacrimógeno a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre, Carla Mariana Pegoraro, durante una marcha en defensa de los jubilados realizada frente al Congreso de la Nación el 11 de septiembre de 2024.

El fiscal Taiano remarcó que la conducta del efectivo “constituyó una violación a las funciones públicas otorgadas y una lesión física y corporal a las víctimas”.

Rivaldi, de 38 años, se desempeñaba como Principal de la PFA en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOCAD). Según el requerimiento fiscal, el agente “roció deliberadamente con gas de manera desproporcionada e injustificada” a la menor y a su madre, impactando directamente sobre sus cuerpos y rostros. Por ese accionar, el policía, procesado desde julio pasado, enfrenta cargos por abuso de autoridad y lesiones leves.

De acuerdo con el escrito presentado por la fiscalía, Rivaldi utilizó gas pimienta a corta distancia, mientras las víctimas estaban sentadas en la vía pública, sin agredir ni ofrecer resistencia alguna a la autoridad.

El requerimiento detalla que el agente químico les provocó dolores e irritación ocular, y que la niña sufrió un cuadro de conjuntivitis química, según consta en el informe médico del Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

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El fiscal señaló además que el accionar del efectivo violó el Reglamento General sobre el uso de armamento no letal de inmovilización e incapacitación de agresores, que regula el empleo de estos recursos por parte de las fuerzas federales de seguridad.

Taiano enfatizó que Rivaldi tenía la obligación de resguardar la integridad física de las personas presentes, en especial la de los menores de edad, y que su actuación “representó un apartamiento flagrante de las normas que regulan el uso de la fuerza en manifestaciones públicas”.

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En su descargo, el imputado sostuvo que “la violencia de los manifestantes” justificó la aplicación del protocolo para garantizar el orden público, y que actuó bajo órdenes del Comando Unificado.

Asimismo, aseguró que no vio a la menor entre los manifestantes y que, de haberla advertido, “la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada”.

Sin embargo, la fiscalía indicó que la participación de Rivaldi quedó acreditada a partir de los videos registrados por manifestantes y difundidos en redes sociales y medios de comunicación, los cuales fueron incorporados al expediente y resultaron clave para establecer que el oficial "actuó con pleno conocimiento e intención".

“Esta parte habrá de solicitar se tenga por formulado en legal tiempo y forma el presente requerimiento, y se eleven a debate oral las actuaciones seguidas contra Cristian Miguel Rivaldi (arts. 346 y 347, inc. 2°, del CPPN)”, concluye el escrito presentado por la fiscalía.

Con este pedido, el expediente quedó en condiciones de pasar a la instancia de juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal del oficial por la violación de los protocolos de seguridad y el uso indebido de la fuerza durante la manifestación.

LT