La Corte Suprema de Justicia ratificó este jueves la utilización de una tobillera electrónica para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad, al rechazar la recusación presentada por su defensa contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En su fallo, el máximo tribunal sostuvo que la recusación carecía de fundamentación suficiente y recordó que se trata de un “mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva”, reservado para supuestos extraordinarios. Según la Corte, los motivos invocados por la defensa se limitaron a cuestionar la intervención de los magistrados en el ejercicio de sus atribuciones legales, sin demostrar un “temor objetivo de parcialidad”.
En paralelo, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron el recurso extraordinario contra el uso del dispositivo de monitoreo electrónico, al considerar que “carece de fundamentación autónoma”. El fallo subrayó que el artículo 33 de la ley 24.660 establece, como regla, la utilización de estos dispositivos en casos de prisión domiciliaria, y que la defensa no planteó la inconstitucionalidad de la norma ni refutó de manera concreta los argumentos del tribunal que ordenó su colocación.
“El dispositivo de monitoreo electrónico tiende a coadyuvar al control judicial sobre la restricción ambulatoria que pesa sobre quienes cumplen una pena privativa de la libertad en la modalidad de prisión domiciliaria”, señalaron los jueces, al respaldar lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N° 2 y por la Cámara Federal de Casación Penal.
Respecto del régimen de visitas, la Corte consideró que el planteo defensivo se volvió abstracto. La decisión se basó en que el TOF 2 impuso nuevas restricciones hace un mes, luego de que la ex presidenta publicara en redes sociales imágenes de reuniones mantenidas en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
Si bien las personas que aparecían en las fotos contaban con autorización individual para visitarla, el tribunal advirtió que no se había solicitado ni aprobado un encuentro “simultáneo” y “colectivo”. El juez Jorge Gorini consideró que lo ocurrido excedía “los términos de la autorización requerida” y el “sentido común” de la regla impuesta, lo que derivó en nuevas condiciones que fueron apeladas por la defensa.
Ese recurso será analizado el próximo lunes 22 en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy expondrán sus argumentos contra las restricciones vigentes.
La situación judicial de Cristina Kirchner se encuadra en la secuencia de decisiones adoptadas tras el fallo del 10 de junio, cuando la Corte dejó firme la condena por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una semana después, el TOF 2 ordenó la ejecución de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria e impuso condiciones como el uso de tobillera electrónica, la preservación de la tranquilidad del vecindario y la presentación de una nómina de personas autorizadas a visitarla sin previo aviso.
La Sala IV de Casación confirmó esas medidas el 11 de julio y, pese a los intentos de la defensa por revertirlas, la Corte concluyó ahora que los recursos no lograron rebatir de manera adecuada los fundamentos de las decisiones previas. Con ese criterio, dejó firme el esquema de control dispuesto para el cumplimiento de la condena.
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