La Justicia Federal de Río Cuarto avanza en una nueva investigación penal económica por presunto lavado de activos, evasión y defraudación al fisco nacional, a partir de una denuncia presentada por la Procelac, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado. La causa se encuentra en etapa inicial y es instruida por el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa, según informó oficialmente el tribunal.
Perfil CÓRDOBA confirmó que entre los 11 imputados se encuentran el poderoso empresario riocuartense, Alicio Dagatti, y su hijo Ignacio Dagatti. Además, hay otras nueve personas físicas y 11 jurídicas acusadas.
De acuerdo al comunicado judicial, la denuncia describe la existencia de una presunta estructura que habría desplegado maniobras complejas para la obtención, traslado y reconversión de fondos de supuesto origen ilícito generados en territorio argentino. En ese marco, también se investigan posibles hechos de evasión y defraudación contra el fisco nacional.
Como parte de las primeras medidas, el Juzgado ordenó 40 allanamientos en domicilios vinculados a personas físicas y jurídicas denunciadas. Durante los procedimientos se secuestraron automóviles, dinero en efectivo, divisas, títulos valores y una importante cantidad de documentación considerada de interés para el avance de la causa.
Los procedimientos ejecutados por Gendarmería Nacional se desplegaron en medios de comunicación, frigoríficos, diferentes empresas y el Club Estudiantes de Río Cuarto, que preside Dagatti. En ese contexto, se sabe que cultivó vínculos cercanos a dirigentes políticos nacionales y de la Asociación de Fútbol Argentino.
La investigación continúa bajo estricta reserva, con el foco puesto en reconstruir el circuito financiero y determinar eventuales responsabilidades penales. Ocurre en paralelo al expediente que se tramita en la Justicia Provincial.
Batallas legales por la competencia
Desde fines de 2023, cuando fue interceptado un camión cargado de reses con destino a la cocina del complejo carcelario de Bouwer, la situación de Dagatti se complicó.
Luego de que el chofer del vehículo confesó en un juicio abreviado que recibió la orden de ingresar a la cárcel elementos prohibidos, como drogas, celulares, bebidas alcohólicas camuflados en la carne, además de otras personas fueron imputados y detenidos Alicio Dagatti y su hijo Ignacio, dueños del frigorífico Livorno, proveedor del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Desde febrero de este año, la defensa técnica intentó que la investigación continuara, pero en la Justicia Federal.
En los tribunales ordinarios, Dagatti afronta una imputación en el fuero de narcotráfico y en Delitos Complejos, por asociación ilícita y por entregar la carne en mal estado.
Este último aspecto acaba de tener una definición trascendente con relación a la competencia.
En sala unipersonal, el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Eduardo Avalos, declaró la competencia federal de la investigación por tráfico de mercaderías peligrosas para la salud. La resolución está fechada el martes 16 de diciembre.
Hay que decir también que la causa se encuentra en instrucción, a cargo del fiscal Enrique Gavier quien alegó en numerosas instancias el avance de la causa y la competencia provincial.
Además, a fines del mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia federal en el expediente por presunta asociación ilícita.
Ninguno de los dos pronunciamientos, el de Casación y el de la Cámara cordobesa están firmes.
Lo más probable es que, mientras avanza la pesquisa en el fuero ordinario, los incidentes para determinar en qué tribunales Dagatti debe dar cuenta de las imputaciones en su contra, llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
