En el denominado Caso Blas Correas II, el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, firmó el requerimiento de citación a juicio de 11 funcionarios públicos imputados por distintos delitos por su actuación posterior al homicidio de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba.
La investigación se abrió a partir de la sentencia de la Cámara 8a del Crimen de Córdoba, que juzgó el crimen, condenó a dos oficiales de la Policía de Córdoba por homicidio y a otros nueve por encubrimiento. En aquel fallo también remitió antecedentes para analizar la conducta de funcionarios policiales y políticos. Concluida la investigación, el fiscal Mondino pidió llevar a juicio cinco hechos y dispuso el archivo de otros tres antecedentes.
El tribunal del caso Blas Correas determinó cuándo se considera violencia institucional
Entre los acusados figuran el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Fernando Mosquera; el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica Lucas Sebastián Mezzano —actual integrante del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad—; y el comisario mayor retirado Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad.
¿Un auto prestado para pagar silencio?
La imputación a Alfonso Mosquera y Mezzano es por ofrecimiento de dádivas y se suma como contraparte Cumplido, por admisión de dádivas. Según la acusación de la Fiscalía, el exministro y su segundo entregaron un Toyota Corolla, con seguro y combustible, al entonces comisario mayor, mientras se investigaba el crimen policial.
El arma plantada
El comisario mayor retirado Gonzalo Cumplido fue citado también como autor de encubrimiento por omisión de denuncia agravado, al haber conocido que los policías del retén que dispararon y asesinaron a Blas Correas, luego plantaron un arma para desviar la investigación. Lo supo y no lo denunció.
Policías que no asistieron a las víctimas
Siete policías fueron citados a juicio como autores de abuso de autoridad por no auxiliar a Blas Correas, cuando estaba malherido, durante el control vehicular en avenida Chacabuco y Corrientes. La Fiscalía sostuvo que no brindaron asistencia ni permitieron su traslado al Hospital de Urgencias, incumpliendo la Ley de Seguridad Pública.
Ellos son: Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza.
También acusó a la oficial principal Natalia Soledad Márquez por lesiones leves calificadas, al haber pateado a Camila María Toci durante un palpado preventivo.
Por último, Mondino requirió la misma instancia para el exdirector del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia, Víctor Rubén Di Stéfano, por presunto abuso de autoridad. Le endilga autorizar el ingreso de algunos jefes policiales a la sala de cámaras de la Policía para observar lo que había quedado registrado sobre el crimen, en sus diferentes secuencias.
Tres hechos archivados
La Fiscalía resolvió archivar tres de los ocho antecedentes remitidos por la Cámara Octava del Crimen
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Liliana Zárate Belletti, exjefa de la Policía de Córdoba. Al momento del crimen de Blas Correas era la encargada de Recursos Humanos. Mondino llegó a la conclusión de que no cometió delito respecto del cabo Javier Catriel Alarcón (condenado por homicidio), quien había reprobado una materia del curso jerárquico. Esa situación no implicaba retener el arma, según la normativa de aquel momento. Después del crimen de Blas Correas, ese régimen cambió. Quien no aprueba el examen tampoco puede portar el arma reglamentaria.
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Sobre la contención psicológica que debió dar la Policía de Córdoba a las familias de las víctimas, Mondino consideró que no hay normas u oficinas específicas en la fuerza de seguridad que cumplan con esa función.
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Sobre Ana Becerra, extitular del Tribunal de Conducta Policial, resolvió cerrar la investigación porque había sido ya investigada por la otra fiscalía del fuero especial.
Queda sin resolver la imputación por violación de medios de prueba contra siete policías. Ese tramo del expediente, cuestionado por la defensa de una de las imputadas, se encuentra a estudio del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Con este requerimiento de citación a juicio, el caso conocido como “Blas Correas II” avanza hacia una instancia clave para determinar nuevas responsabilidades penales en el presunto encubrimiento y las irregularidades posteriores al homicidio que conmocionó a Córdoba.
