Día 1034: ¿La gente seguirá aguantando?

Ayer en este programa, el vicerrector de la UBA y dirigente radical, Emiliano Yacobitti, dijo que tenía miedo de que, si el Gobierno seguía sin dar respuesta a los múltiples pedidos de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, se produciría una suerte de fisura en las instituciones democráticas y el reclamo derivaría en situaciones violentas, como el estallido estudiantil en Francia. Horas después, ante la negativa del Gobierno a aplicar la ley —votada e insistida por el Congreso, avalada por la justicia en distintas cámaras, inclusive por la Corte Suprema—, un grupo de estudiantes de diferentes universidades tomó el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, exigiendo una reunión con el titular de la cartera, Carlos Torrendell.

La respuesta del Gobierno fue la represión, el desalojo violento y la denuncia judicial a los implicados. La confirmación de las palabras de Yacobitti horas después de ser pronunciadas nos hace preguntar si estamos ante un estallido como en Francia o inclusive, en otros reclamos también, como en España, donde los inquilinos tomaron la Puerta del Sol y produjeron el adelantamiento de las elecciones. 

Ayer, en el Palacio Pizzurno, estudiantes realizaron una sentada en el hall esperando al secretario de Educación para ver si tenían algún tipo de respuesta, y efectivamente no la tuvieron. Según relataron los estudiantes, la reunión con las autoridades "duró menos de un minuto" y la indicación de la ministra fue clara: "no se puede negociar con los estudiantes". En las puertas del edificio, el testimonio de uno de los alumnos sintetizó el clima de época: "Queremos que nuestros docentes coman, que nuestros compañeros entren en las facultades... ¿Hasta cuándo nos van a cagar a trompadas en la calle? Que esto se resuelva con una llamada de Pettovello, la misma que tiene guardados alimentos de los comedores populares. Queremos que nuestros docentes coman, que nuestros compañeros entren en las facultades, que se aumente el Progresar".

La Beca Progresar, uno de los reclamos que llevaron ayer los estudiantes, está en 35 mil pesos por mes porque fue congelada, y un docente universitario, ayudante de trabajos prácticos, con diez años de antigüedad gana 267 mil pesos por cargo. 

Si la política no canaliza los reclamos de la sociedad a través de las instituciones, ¿podemos esperar más hechos violentos? 

Quien anticipó este debate fue Juan Grabois, cuando increpó e insultó a diputados libertarios en el marco de la discusión de la llamada Ley de Malvinas, luego de que se conociera el fallo de la Corte que dejaba firme la derogación de la Ley de Tierras y permitía a los extranjeros comprar territorio argentino sin límites. 

"En el pacto democrático hay umbrales que se fueron corriendo y para restablecerlo tiene que haber un contrapoder. No puede ser que este poder opere de la manera autoritaria en que lo hace y del otro lado sigamos jugando con las reglas viejas. La gente la está pasando mal: el que labura no llega a fin de mes, los salarios son una miseria y encima se la pasan agrediendo desde una posición asimétrica de poder", sostuvo. 

En este fragmento, Grabois de alguna manera reivindica y entiende lo que Yacobitti lamenta: si desde el Gobierno se rompen las reglas de convivencia, sea no aplicando una ley votada por el Congreso o agrediendo, se fomenta la reacción violenta. 

La semana pasada entrevisté al psicólogo cultural irlandés Seamus E. Power, quien explicó que la tolerancia social hacia el sufrimiento económico y el posterior estallido de la protesta no responden únicamente al nivel de privación material que sufre la gente, sino a la interpretación cultural y moral que la sociedad hace de esa situación. 

A través de su estudio sobre Irlanda, Power analiza la llamada paradoja de la privación y la protesta, demostrando cómo una población puede soportar un ajuste extremo en silencio y, tiempo después, rebelarse masivamente ante un hecho aparentemente menor. Tras el colapso financiero de 2008, mientras el sur de Europa ardía en manifestaciones, la sociedad irlandesa reaccionó con pasividad y aceptación. Power explica que esto ocurrió porque la narrativa dominante encuadró la crisis bajo una lógica de responsabilidad compartida y culpa cultural, donde imperaba la idea de que la población debía pagar por los excesos del pasado. La tolerancia inicial se sostuvo en una mezcla de resignación moral, sacrificio esperado para lograr la recuperación y la histórica vía de escape de la emigración. La gente toleró la austeridad porque creía que el esfuerzo restablecería el orden y la prosperidad prometidos. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió entre 2014 y 2015, cuando la economía irlandesa comenzó a crecer a tasas récord pero el Gobierno introdujo un nuevo impuesto directo al consumo de agua. Esta medida desató las mayores movilizaciones en la historia reciente del país.

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Power señala que la rebelión estalla cuando se fractura la percepción de justicia y se evidencia la brecha entre el discurso de bonanza y la realidad cotidiana de los ciudadanos. El cobro del agua fue percibido como una transgresión moral a un derecho básico e inalienable, la gota que colmó un vaso cargado de expectativas rotas. Al comprender que el sacrificio previo no garantizaba el bienestar y que las reglas estaban sesgadas, la obediencia se transformó en indignación. La protesta canalizó así la reconstrucción de la agencia colectiva frente a un sistema percibido como injusto. 

Desde esta perspectiva se puede tratar de iluminar lo que sucede en la actualidad en Francia y España. 

En España, el malestar por la crisis de la vivienda encontró un rostro y un punto de inflexión decisivo en el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años del barrio de San Andrés en Madrid. Tras décadas viviendo en el mismo hogar y pagando religiosamente su alquiler, su caso se volvió emblemático cuando la propiedad intentó expulsarla para destinar el inmueble a fines más rentables. La amenaza inminente de desahucio a una adulta mayor vulnerabilizada actuó como una chispa moral. La indignación colectiva no derivó simplemente de la estadística fría sobre la subida de los precios del alquiler o la proliferación de pisos turísticos, sino del atropello a la dignidad de una vecina querida. Sindicatos de inquilinos y redes de apoyo barrial se movilizaron de manera masiva, bloqueando los accesos para impedir el lanzamiento policial. La figura de Maricarmen transformó una problemática abstracta del mercado inmobiliario en un límite innegociable. Justamente ayer, Maricarmen murió tras convertirse en un símbolo del reclamo de los inquilinos españoles. Organizaciones políticas y sindicatos de inquilinos la homenajearon en medio de las movilizaciones. 

Por su parte, en Francia, la movilización juvenil y estudiantil responde a un entramado mucho más profundo que simples reclamos puntuales. El detonante fundamental se consolidó con la implantación y endurecimiento de la plataforma digital de acceso a la educación superior, sumada a las reformas de la formación profesional y del Bachillerato. Los estudiantes denuncian que este algoritmo actúa como un filtro clasista que segrega a los jóvenes de los barrios periféricos y de liceos públicos con menores recursos, asignándoles trayectorias académicas secundarias sin criterios transparentes. A esto se suma una precariedad cotidiana extrema: filas kilométricas en las entregas de ayuda alimentaria universitaria, el encarecimiento de las residencias de estudiantes y una infraestructura escolar deteriorada por los recortes. La respuesta estudiantil ha tomado la forma de bloqueos sistemáticos en liceos y facultades, asambleas permanentes y manifestaciones reprimidas por las fuerzas de seguridad, conectando el rechazo al sistema educativo con protestas transversales contra la precarización laboral juvenil. 

Estos acontecimientos conectan directamente con la tesis de Séamus E. Power sobre la desigualdad como experiencia subjetiva y la ruptura de la tolerancia social. Para Power, la población tolera situaciones de inequidad o privación mientras crea que el sistema es legítimo y que el esfuerzo individual ofrece oportunidades reales de progreso. Sin embargo, la protesta estalla cuando esa expectativa se rompe violentamente. 

En Francia, la plataforma digital de acceso universitario materializa la percepción de que las cartas están marcadas en su contra: los jóvenes sienten que su futuro no depende del mérito ni del trabajo duro, sino de un algoritmo que perpetúa las desigualdades de origen. En España, el caso de Maricarmen sintetiza la percepción de que el mercado trata la vivienda como un activo financiero por encima del derecho básico a la vida digna, rompiendo el contrato moral implícito de la comunidad. 

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En ambos casos, cuando la brecha entre la promesa oficial de prosperidad y la realidad cotidiana se vuelve insostenible, la frustración individual deja de canalizarse a través del aislamiento o el desánimo para convertirse en acción colectiva, transformando el malestar privado en un movimiento de resistencia pública. 

Volviendo a nuestro país, el Gobierno de Milei es en esencia un gobierno de ruptura de los pactos implícitos y los acuerdos democráticos. Desde su inicio, con el DNU 70/23, el Poder Ejecutivo pasó por encima del Congreso al modificar o derogar más de 300 leyes. Luego jugó al fleje de la democracia con los vetos a todas las leyes que lograba aprobar la oposición y ahora, con la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, eligió el liso y llano incumplimiento. En materia de libertad de prensa, se difundió un documento de la SIDE en el que se establece que cualquier persona que con su opinión o información desgastase la credibilidad del presidente o cualquier funcionario puede ser un objetivo para investigar. Además, bajo la figura de “desinformación masiva”, en el marco de la Ley de Soberanía Nacional, se establece que cualquier persona que difunda una información contraria al Gobierno sobre el tema puede ser acusada de no defender los intereses nacionales. Esto sin mencionar los constantes insultos y la ruptura del ambiente democrático libre del debate público. 

El Gobierno mismo se encargó de romper los consensos y, según Grabois y Yacobitti, esto puede generar una reacción violenta por parte de la sociedad. 

Esto nos parece grave y no creemos que ninguna violencia se justifique. En ese marco, si el Gobierno no está dispuesto a aplicar las leyes votadas por la oposición o siquiera sentarse a recibir las demandas de estudiantes, trabajadores o cualquier persona que tenga un reclamo, es la oposición la que debe articular estas demandas en una salida política para el país. Los estallidos sociales tienen un tiempo y luego es la política la que toma las demandas de la sociedad y las articula en una salida con soluciones concretas o con directamente un proyecto de país. 

También es importante que la justicia continúe reclamando al Gobierno que aplique las leyes votadas por la oposición y se mantenga dentro de los límites de la institucionalidad y el derecho. 

El gobierno de Javier Milei se sostuvo sobre un hecho que casi nadie podía prever: la sociedad argentina aguanta el ajuste y el empeoramiento de las condiciones de vida sin demasiada resistencia. Una sociedad rebelde e insumisa que había reaccionado implacablemente contra las pocas reformas del gobierno de Macri, frente al ajuste “más grande de la historia”, como le gusta decir a Milei, se mantuvo pasiva y expectante. Si bien hubo movilizaciones importantes por temas puntuales, la mayoría del tiempo, gran parte de los argentinos tuvieron fe y esperanzas en las consecuencias de la política de Milei. A casi tres años de haber empezado el Gobierno, esto podría cambiar y el Gobierno, en vez de canalizar los reclamos de quienes sufren sus políticas, responde con evasivas. 

En ese marco, la oposición debe articular una respuesta política a la altura de las circunstancias. La bronca con el Gobierno se debe canalizar políticamente en una alternativa de país. 

¿Qué hubiese sucedido si Alfonsín, Strassera y el resto de la justicia argentina no hubiesen avanzado en juzgar a las Juntas Militares? Probablemente hubiese habido hechos de violencia mayor, pero ahí hubo dirigentes políticos e instituciones que dieron respuesta justamente a eso: a la ruptura del orden constitucional y la violencia de la dictadura. 

Si el Gobierno se encarga de dañar el orden democrático y constitucional, el resto de la sociedad debe reconstituirlo y, con las mismas herramientas institucionales, juzgar al propio Gobierno. Para esto hace falta dirigentes políticos que estén a la altura; si no, reclamarle a la sociedad que no se enoje probablemente sea en vano. 

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

MEG