Día 702: Cuadernos, Cristina no podía no saber

La causa Cuadernos vuelve a poner sobre la mesa uno de los dilemas más profundos de la política argentina: ¿Cuánto del dinero recaudado era para la campaña electoral en negro, no declarado, como hacen todos los partidos políticos, y cuánto quedaba en el camino para los propios funcionarios y la entonces Presidenta? Como denunció ayer en Modo Fontevecchia Diego Cabot, autor de la denuncia de la causa Cuadernos, muchos de los funcionarios del kirchnerismo viven sin trabajar después de dejar la función pública con lo que vulgarmente llaman dinero “para la política”. 

Con pruebas que incluyen registros manuscritos, confesiones de empresarios y testimonios de arrepentidos, el caso parece sólido más allá de las denuncias de ensañamiento personal del exjuez Claudio Bonadio con Cristina Kirchner. Se discute si se usó la figura del arrepentido abusivamente, asustando a los empresarios para obtener testimonios deseados pero gran parte de lo por ellos declarado luego se confirmó con pericias de geolocalización de celulares de los involucrados en los lugares que indican los cuadernos, movimientos bancarios de dinero previos a la entrega de los bolsos con efectivo. Seguramente la causa de los Cuadernos sea uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en la historia reciente de Argentina. 

Respecto de la responsabilidad de la expresidenta en la causa,ya condenada y con prisión domiciliaria, se argumentó que no podía no saber. En el caso Cuadernos la relación entre los hechos y su persona son aún mayores porque bolsos de dinero fueron a su propio domicilio. Si el dinero fuera “para la política” y no para ella personalmente, cabe igual señalar que se trata de un hecho delictivo y que mínimamente le cabría la responsabilidad de no haberlo impedido. 

Casación busca acelerar el ritmo del juicio por la Causa Cuadernos solicitando más audiencias y que sean presenciales 

El filósofo y teólogo Tomás de Aquino sostuvo que todo poder legítimo debe orientarse al bien común; cuando el gobernante actúa en beneficio propio, en singular o en plural de un grupo, y no del pueblo, se convierte en tirano. En ese caso, la obediencia deja de ser una virtud, y el ciudadano adquiere una responsabilidad moral: no puede permanecer pasivo ante la injusticia. Para Tomás, no impedir el mal cuando se tiene la capacidad de hacerlo equivale a consentirlo, por lo que la omisión frente al abuso del poder constituye una forma de complicidad ética.

Esa reflexión de Aquino adquiere especial relevancia al pensar en Cristina y en el modo en que sus seguidores interpretan su liderazgo. Para muchos, la expresidenta encarna la defensa de los más vulnerables frente a una élite que busca destruirla mediante el lawfare; para otros, representa la figura del poder que no supo, o no quiso, impedir los abusos que se cometían bajo su mandato. 

Si, como plantea Aquino, la omisión ante el mal es también una forma de culpa, el kirchnerismo enfrenta una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el silencio o la fidelidad política se convierten en complicidad? En la devoción hacia Cristina, algunos ven resistencia; otros, una ceguera que impide reconocer que el poder también corrompe a quienes dicen luchar contra él.

Se están cumpliendo 40 años del juicio a las Juntas y 80 años de los juicios de Nuremberg, aunque se trata de hecho absolutamente incomparables, hay una doctrina jurídica alemana que no se utilizó en ninguno de estos dos casos porque es posterior sobre la “autoría mediata de aparato de poder” y “dominio del hecho y responsabilidad de sus consecuencias” para quien comanda una organización que nuevamente nos remite a la discusión hasta donde la cabeza del Estado es el autor de lo que realizan funcionarios literalmente “fungibles”, un debate también filosófico y moral.

Resumiendo brevemente, iniciada en 2018 por el juez federal Bonadio, se basó en los registros del chofer Oscar Centeno, quien describía presuntos pagos de sobornos entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo. El periodista Diego Cabot entregó las copias digitalizadas de esos cuadernos a la Justicia, lo que derivó en una investigación por asociación ilícita que involucró a exfuncionarios y contratistas del Estado. Las detenciones, allanamientos y declaraciones de “arrepentidos” marcaron el desarrollo inicial del caso, donde se acusó a Cristina de liderar una red de recaudación ilegal vinculada a la obra pública.

Tanto Bonadio como el fiscal Carlos Stornelli fueron objeto de amenazas y atentados, presuntamente por su participación en la causa. Se denunciaron intentos de intimidación contra sus familias y colaboradores, mientras que varios testigos se incorporaron al programa de protección tras declarar bajo la figura del imputado colaborador. Entre ellos, el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, y el propio Centeno, quien confirmó la autoría de los manuscritos. Paralelamente, surgieron denuncias de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio, lo que generó cuestionamientos sobre la validez de ciertas actuaciones del fiscal Stornelli.

En 2025, los cuadernos originales fueron hallados y un peritaje confirmó que Centeno era su autor. El tribunal incorporó esta prueba junto con las confesiones de empresarios y exfuncionarios, entre ellos 25 arrepentidos que admitieron haber participado en el circuito de sobornos. 

Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió intervenir para acelerar el juicio oral de la causa Cuadernos, en la que están imputados Cristina Kirchner y otras 86 personas. En una decisión adoptada por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, se convocó a los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 7 a una reunión el 18 de noviembre para definir medidas que permitan agilizar el proceso, entre ellas aumentar la frecuencia de las audiencias, realizarlas de forma presencial y eliminar la feria judicial de verano.

Cuando entrevisté en 2020 a Sergio Moro, juez clave en la causa del Lava Jato en Brasil, el magistrado dijo que la corrupción “lleva al empobrecimiento de la democracia” y deteriora la confianza en las instituciones. Y sostuvo que Lava Jato “se expandió tanto que llegó a otros países” y generó una ola anticorrupción en América Latina. 

Ayer tuvimos la suerte de poder entrevistar a Cabot, el periodista clave que reveló la causa Cuadernos. En la charla que mantuvimos, sostuvo que la corrupción no solo financia campañas políticas, sino también la vida personal de numerosos dirigentes que viven sin trabajar luego de dejar la función pública. Según él, el financiamiento ilegal es estructural y trasciende las diferencias partidarias, ya que “allá arriba, donde se hacen negocios, no hay grieta”.

Cabot explicó que la investigación de los Cuadernos de las Coimas tuvo un valor inédito porque, por primera vez, alcanzó tanto a quienes recibían sobornos como a quienes los pagaban. Coincidió con la perspectiva del juez brasileño Moro sobre la importancia de investigar también a los empresarios, ya que los casos de corrupción requieren de ambas partes para funcionar. Destacó además que la causa tiene una base sólida en pruebas concretas, como cruces telefónicos y registros de movimientos, que confirmaron los relatos de los involucrados y mostraron la relación directa entre pagos y favores del Estado.

Para Cabot, la declaración de los arrepentidos fue un elemento clave que aporta solidez a la causa, ya que establece el relato en boca de los propios protagonistas. “La declaración de los arrepentidos le da solidez a la investigación”, afirmó. 

Cientos de políticos que dejan su función viven sin trabajar del dinero de la corrupción

Quienes critican las causas judiciales como lawfare o guerra judicial, es decir, causas motivadas políticamente, hacen eje en que la columna vertebral sean, justamente, los arrepentidos, porque las declaraciones serían susceptibles de ser obtenidas bajo presión. 

Cuando consulté a Moro sobre el rol de los empresarios, afirmó que la técnica de investigación es seguir el dinero, o “follow the money”, y que muchos dirigentes públicos y privados fueron condenados gracias a la colaboración de los acusados. Además, detalló que, en Brasil, la condición para aceptar un acuerdo de colaboración era que el criminal devolviese todo valor percibido ilegalmente, lo que permitió recuperar aproximadamente 2 mil millones de dólares. Pero, además, destacó que las declaraciones de los arrepentidos debían ser corroboradas con pruebas, que muchas veces se obtenían de manera independiente a las propias declaraciones.

“Lo que hicimos en el Lava Jato fue recurrir a la figura del colaborador, o arrepentido. La corrupción involucra a quien paga y quien recibe, y si ellos se callan nunca lo sabremos. El acusado colaborador es criticado, pero puede ayudar mucho. Siempre tiene que haber una prueba. Muchas pruebas fueron recogidas independientemente de cualquier colaboración; pero cuando ésta fue usada, todo tiene que ser respaldado por prueba independiente", sostuvo Moro durante el reportaje. 

Otro caso similar fue la operación Mani Pulite (“Manos Limpias”), iniciada en Italia en 1992 con el arresto del político socialista Mario Chiesa, que destapó una red de corrupción que involucraba a gran parte de la clase dirigente y empresarial del país. Liderada por el fiscal Antonio Di Pietro y su equipo en Milán, la investigación reveló el sistema conocido como Tangentópolis (“la ciudad de los sobornos”), donde los partidos políticos, especialmente la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, recibían dinero a cambio de favorecer a empresarios en la adjudicación de contratos públicos. Este escándalo provocó el colapso de la “Primera República Italiana”, con la desaparición de los partidos tradicionales y una ola de indignación popular que respaldó a los jueces como símbolos de una justicia regeneradora.

A tres décadas de aquel terremoto político y judicial, Italia sigue debatiéndose entre la memoria heroica y la crítica al lawfare. Para algunos, Mani Pulite fue una revolución cívica que purgó al Estado de su corrupción; para otros, un golpe judicial que destruyó partidos con legitimidad democrática. 

En el caso argentino, quien criticó la figura del arrepentido en este mismo programa fue Gregorio Dalbón, y sostuvo que el 80% de la sociedad de nuestro país no confía en los jueces. El abogado defensor de Cristina aseguró que en la causa Cuadernos “la extorsión y la tortura fueron la base del arrepentimiento”. Y comparó la metodología utilizada en Argentina con la operación Lava Jato de Brasil, justamente.

A su entender, muchos de los empresarios involucrados declararon bajo presión para recuperar su libertad, lo que convierte a sus testimonios en poco confiables. “No hay una sola prueba que respalde a los arrepentidos. Podemos inferir que dijeron lo que dijeron para recuperar su libertad”, aseguró Dalbón. 

Extenso debate entre el abogado de Cristina Kirchner y Fontevecchia sobre el caso Cuadernos

Sin embargo, el periodista Cabot señaló que la investigación de los cuadernos permitió exponer cómo empresarios y funcionarios se beneficiaban mutuamente en un esquema de pagos y favores que drenaba los fondos públicos utilizando tanto las confesiones como las pruebas cruzadas, registros telefónicos y operaciones financieras, que confirmaron los hechos denunciados. “La prueba corrobora las declaraciones de los arrepentidos”, detalló. 

¿Pero estaba al tanto Cristina Kirchner del esquema de corrupción que funcionaba ligando empresarios con la estructura de Vialidad? El abogado desestimó la idea de que existieran bolsos con dinero destinados a la entonces presidenta, y dijo que los supuestos aportes ilegales fueron una excusa para montar una causa política contra Cristina.

En ese sentido, Dalbón sostuvo que la expresidenta fue víctima de un entramado judicial armado para perjudicarla antes de las elecciones, y aseguró: “Es una novela que se escribió para lastimar a Cristina”

Por el contrario, Cabot afirmó que Cristina conocía y continuó el sistema de recaudación ilegal iniciado por Néstor Kirchner, al mantener en sus cargos a los funcionarios involucrados. El periodista afirmó que la exvicepresidenta debía conocer el esquema de recaudación ilegal heredado de su esposo y que decidió mantenerlo en funcionamiento. Argumentó que, al asumir en 2011, pudo haber reemplazado a los funcionarios implicados, pero optó por conservarlos en puestos clave. 

Además, según el periodista, numerosos testimonios de arrepentidos y de otros que no lo fueron confirman que la exmandataria estaba al tanto de los movimientos de dinero, incluso cuando el acopio se realizaba en su propia residencia. “Hay testimonios que confirman que Cristina estaba implicada”, agregó.

Frente a la acusación de que la causa habría sido impulsada por el macrismo, Cabot la rechazó categóricamente, recordando que él mismo fue el único que denunció a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Sostuvo que las relaciones corruptas trascienden las divisiones políticas y que, en los niveles más altos del poder, predominan los intereses económicos antes que las ideologías. En ese ámbito, dijo, la llamada “grieta” es apenas una distracción: mientras los ciudadanos se dividen, los negocios entre empresarios y funcionarios continúan.

En su reciente columna para PERFIL, titulada “La potencia del socialismo del robo”, Jorge Asís describe el juicio de la causa Cuadernos como una suerte de proceso simbólico contra el capitalismo argentino, al que califica de “dinámica indignidad”. Señala que los empresarios involucrados, antes poderosos y silenciosos, ahora deben “ponerla” nuevamente, esta vez para atenuar el castigo judicial.

Asís ironiza sobre la “valentía” de los imputados que participaron de un sistema donde “coimear para trabajar y coimear después para cobrar” era una práctica normalizada, y resume ese entramado como “la magnífica potencia del socialismo del robo”, una estructura corrupta que se consolidó bajo el kirchnerismo.

El autor traza un paralelismo entre el juicio y la refundación del capitalismo que propone Javier Milei, a quien presenta como parte de una cruzada ideológica global junto a Donald Trump y el “mandato divino” de ciertos sectores religiosos. Y sostiene que la justicia actúa como herramienta de demolición del peronismo, mientras Milei concentra el poder con apoyo de la fe y el discurso mesiánico.

En su tono sarcástico habitual, Asís concluye que los “reboteros”, o antiguos opositores, solo esperan el fracaso del presidente, porque en la Argentina, según escribe, “todo sale invariablemente mal”, y ni siquiera la voluntad política logra revertir ese destino.

Sin embargo, también Milei y su entorno están implicados en graves casos de corrupción. Esta semana, el juez federal Federico De Giorgio ordenó congelar los bienes y activos financieros de Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra, junto con los de dos nuevos implicados: Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. La medida se basa en las pruebas aportadas por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que detectó una compleja red de transferencias y operaciones en el extranjero presuntamente vinculadas al entorno del presidente Javier Milei.

Según la periodista Irina Hauser, los nuevos señalados permiten reconstruir la ruta del dinero: Rodríguez Blanco habría operado una cueva de criptoactivos en Buenos Aires, mientras que Mellino, un jubilado de 75 años habría actuado como testaferro en movimientos superiores a cinco millones de dólares. El congelamiento de activos marca un avance decisivo hacia posibles imputaciones por lavado de dinero y asociación ilícita, mientras se espera que el 18 de noviembre se presente el informe final ante Diputados con los nombres y pruebas que, según Hauser, confirman que “parte del dinero llegó al entorno presidencial”.

Sin olvidarnos del escándalo de ANDIS, por las coimas en el área de Discapacidad, vemos que hasta un Gobierno como el de Milei, que dijo venir a reinventar la política y refundar el país, quedó atrapado en las viejas prácticas de la “casta”.

Por eso, la causa de los Cuadernos sintetiza un problema estructural de vínculos non sanctos entre la política y el poder económico y también deja planteado un dilema ético para quienes se sienten representados por Cristina Kirchner, planteando el desafío de cómo equilibrar el reconocimiento a las políticas de una líder hasta el afecto, con sus responsabilidades penales y morales.

Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira

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