El caso tomó estado público el 1° de agosto de 2018, cuando el entonces juez federal Claudio Bonadio, fallecido en el año 2020, ordenó múltiples detenciones y allanamientos tras la publicación del diario La Nación sobre los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fuera funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.
Los ocho cuadernos escritos por el chofer Óscar Centeno registraban traslados de bolsos con dinero desde constructoras y proveedoras del Estado hacia despachos oficiales. El material fue entregado a la Justicia antes de su difusión y sirvió de base para una megainvestigación contra exfuncionarios, exministros y grandes empresas.
Causa Cuadernos: quién es el secretario de Baratta, acusado de cobrar 68 coimas
El caso se eleva a juicio bajo la carátula “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”. En total, se imputaron 87 personas, incluyendo 22 exfuncionarios y 65 empresarios. Entre los imputados figuran la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido, el propio Baratta, entre otros jerarcas del área de Planificación y Obras Públicas.
El corazón de la acusación sostiene que las empresas contratistas del Estado pagaban coimas para obtener adjudicaciones de obra pública y que el monto recaudado servía al financiamiento político y al enriquecimiento ilícito. En ese esquema se señala una asociación ilícita que habría operado durante varios años con cobertura institucional. El juicio oral abierto ante el Tribunal Oral Federal N° 7 debe evaluar pruebas clave: la autenticidad de los cuadernos, la veracidad de los “arrepentidos”, el nexo entre los hechos y los responsables jerárquicos, y el daño al erario público. Cabe señalar que hay 21 imputados que firmaron acuerdos de colaboración, es decir son arrepentidos. Ninguno quedó detenido tras el fallo, a excepción del exfuncionario José López. Las defensas de 47 empresarios y 4 ex funcionarios presentaron propuestas de “reparación integral”, pero la Justicia las rechazó.
¿Cuál es el alcance político de la causa?
Más allá de su dimensión jurídica, la Causa Cuadernos es relevante por varios factores. En primer lugar, porque representa uno de los procesos más complejos por corrupción estructural en la historia argentina reciente, en el que se cuestiona la transparencia del Estado, la rendición de cuentas y el rol de los grandes contratos públicos. En segundo lugar, porque plantea un test sobre la capacidad del sistema judicial para investigar y juzgar casos vinculados al poder político y económico-empresarial, en un contexto en el que la defensa advierte sobre presiones, dilaciones procesales y controversias de práctica legal. Finalmente, porque incorpora el factor mediático y político: la causa genera impacto en la opinión pública, pone en cuestión la relación entre el Gobierno, los organismos de control, las empresas y el financiamiento de la política.
En cuanto al proceso, el juicio oral contempla etapas que van de la lectura de cargos, testimonios —incluidos empresarios que colaboraron—, peritajes forenses sobre los cuadernos, alegatos y finalmente sentencia. Las defensas ya han anticipado que cuestionarán la prueba central, la cadena de custodia y la proporcionalidad de la acción penal. Se espera que el debate sea extenso y que comience a sentar precedentes importantes para futuros procesos de corrupción.
La causa también abre preguntas respecto de las posibles derivas del Estado: la privatización de decisiones públicas, la transformación de la obra pública en instrumento de clientelismo, la dependencia entre campañas políticas y contratistas del Estado, y la rendición simbólica de soberanía económica. En ese sentido, la Causa Cuadernos no solo juzga hechos del pasado sino que ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las estructuras del poder, la regulación de la economía y la calidad de la democracia.
¿Qué sucedió durante la primera audiencia?
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 de la Capital Federal comenzó el jueves 6 de noviembre el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el cronograma del tribunal, las audiencias se realizarán todos los jueves de 9.30 a 13.30 hasta fin de año y, desde marzo de 2026, se sumará una segunda jornada semanal. A través de Zoom, las sesiones se harán de forma virtual, con acreditación previa para el público, y algunas se transmitirán en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial.,
A cargo de la Fiscalía General N°5 ante los TOF, la fiscal general Fabiana León llevará adelante la acusación junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares Guido Ambrosio y Claudio Nimis. Tras ello, advirtió que se trata “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.
El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner por la llamada Causa Cuadernos comenzó con la lectura de la acusación principal: haber liderado una asociación ilícita. La expresidenta siguió la audiencia por videollamada desde su domicilio en San José 1111, donde cumple la condena del caso Vialidad. La secretaria del Tribunal Oral Federal 7 detalló que, según la imputación, Cristina Kirchner habría recibido unos 500.000 dólares en sobornos, hechos considerados como cohecho pasivo y supuestamente entregados en su departamento de Uruguay y Juncal. De acuerdo con la acusación, esos pagos de empresarios tenían como objetivo influir en decisiones de funcionarios que formaban parte de una estructura destinada a favorecerlos.
Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la secretaria María Cecilia Chichizola afirmó que la fiscalía considera probada la existencia de una asociación ilícita integrada por Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Carlos Wagner, Ernesto Clarens y otros exfuncionarios y empresarios, que habría operado entre 2003 y 2015. Según la acusación, esa estructura habría servido para recaudar dinero ilegal con fines de enriquecimiento y para financiar otros delitos. En ese marco, se atribuye a Cristina Kirchner el rol de jefa de la organización, al igual que a Néstor Kirchner.
En la etapa inicial de la audiencia, Chichizola también repasó el origen del expediente. Señaló que el 10 de abril de 2018 el periodista Diego Cabot declaró ante la Justicia que poseía información relevante para una investigación en curso. Según su testimonio, había comenzado a indagar tras recibir el dato de que un chofer del Ministerio de Planificación llevaba registros escritos sobre los movimientos de funcionarios y de Roberto Baratta. Cabot accedió a una caja entregada por un conocido del chofer, Oscar Centeno, quien temía un posible allanamiento. En la caja encontró ocho cuadernos con anotaciones, facturas de bolsos, fotos, valijas, discos con filmaciones y otros documentos. Con el tiempo se confirmaría que las anotaciones pertenecían a Centeno.
La secretaria recordó además que a fines de 2017 o comienzos de 2018 trascendió públicamente que la exmujer de Centeno, Hilda Horovitz, había declarado ante la Justicia por hechos vinculados a la actividad del chofer, lo que derivó en nuevas medidas judiciales. También mencionó que Centeno había denunciado a Horovitz por extorsión y que en ese expediente reconoció su vínculo con ella. Por último, se constató que hacia 2015 y 2016 Centeno ya no trabajaba directamente para el Ministerio de Planificación, sino para una agencia de remises que prestaba servicios al organismo y a Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Oscar Centeno: cómo es su vida post cuadernos
¿Quiénes son los imputados en la Causa Cuadernos?
Señalados como miembros de la organización están los exfuncionarios José Francisco López (exsecretario de Obras Públicas), Juan Pablo Schiavi (exsecretario de Transporte, tramo contratos ferroviarios), Claudio Uberti (ex titular del OCCOVI), José María Olazagasti y Nelson Lazarte (exsecretarios privados de De Vido y Baratta), Rafael Llorens (exsubsecretario de Asuntos Jurídicos), Germán Nivello (ex titular de Desarrollo Urbano y Vivienda), Oscar Bernardo Centeno (chofer de Baratta) y Ricardo Raúl Jaime (exsecretario de Transporte entre 2003 y 2009). Además, se incluye a Ernesto Clarens (financista de Inverness S.A.) y a Carlos Wagner (expresidente de CAMARCO y de ESUCO S.A.).
A la par, en la investigación sobre la cartelización de obras públicas se incluyó a Nelson Periotti (exadministrador de la DNV), Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales) y Sergio Pasacantando (exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A.). Entre los empresarios imputados se encuentran Oscar Alfredo Thomas (exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá), Gerardo Luis Ferreyra (exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A., Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.) y Miguel Marcelino Aznar (presidente de Vialco S.A.).
El juicio también abordará la responsabilidad de funcionarios por cohecho pasivo y admisión de dádivas, como Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete), Hugo Martín Larraburu (excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete), Fabián García Ramón (exdirector de Energías Renovables), Hernán Gómez y Walter Fagyas (exfuncionario y exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión), Hernán Del Río (exchofer de Olazagasti) y Julio Daniel Álvarez (exasesor del secretario general de la Presidencia) por encubrimiento agravado.
A modo de cierre, como autores, coautores o partícipes de cohecho activo y dación de dádivas, serán juzgados otros 60 empresarios, entre ellos Ángel Jorge Antonio Calcaterra (accionista de ODS S.A. e IECSA S.A.), Enrique Menotti Pescarmona (presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona), Aldo Benito Roggio (presidente del Grupo Roggio y Metrovías S.A.), Benjamín Gabriel Romero (titular de Hidrovía S.A.), Rudy Fernando Ulloa Igor (socio de Cumehue S.A.), Armando Roberto Loson (presidente del Grupo Albanesi S.A.), Alberto Ángel Padoan (integrante del directorio de Vicentin S.A.), los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa (presidentes de CPC S.A. y Grupo Indalo) y Cristóbal Manuel López (accionista y socio mayoritario de CPC S.A. y Grupo Indalo).
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