Desde las 9:30 de este jueves comenzó una inflexión en la política argentina con el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que coloca en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, ex funcionarios y 60 empresarios.
En el proceso se busca juzgar la presunta asociación ilícita que habría funcionado desde 2003 hasta 2015 con el objetivo de cobrar sobornos a contratistas del Estado. El caso, según la Justicia Federal, develó la “mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”. “Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, remarcó por su parte la fiscal general, Fabiana León.
La causa cuenta con un total de 86 imputados, 60 de ellos empresarios, que deberán comparecer ante el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli. La principal acusación en este escenario recae sobre la expresidenta Cristina Kirchner.
La primera audiencia del juicio se extendió hasta las 14:30 y fue por zoom, en una decisión que fue cuestionada por los principales detractores de la expresidenta. Tras los trámites de rigor, para verificar la asistencia de los presentes, comenzó la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral, donde se detallaron las acusaciones.
En esta causa, según el dictamen, se encuentra acreditada la intervención de CFK “en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Kirchner, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente”.
La Justicia Federal consideró que todos los involucrados ocuparon diferentes roles para garantizar “el funcionamiento del sistema recaudatorio”, sabiendo quiénes retiraban y quiénes recibían el dinero, y que participaron máximas autoridades del Ministerio de Planificación Federal, actualmente extinto. Al solicitar la elevación a juicio de la investigación, el fiscal Carlos Stornelli hizo énfasis en los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno registró en los cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
El fiscal sostuvo que la asociación ilícita fue constituida por más de tres personas y que “habría operado, con carácter permanente, al menos entre los años 2008 y 2015, ambos inclusive”, período que luego se prolongó desde 2003. En este contexto, solicitó que la exmandataria fuera a juicio en el rol de jefa, coautora y partícipe necesaria del delito de cohecho pasivo. Como organizadores fueron señalados Julio Miguel De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del mismo Ministerio; Ernesto Clarens, financista dueño de Inverness SA; y Carlos Guillermo Enrique Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y de la firma Esuco SA.
Luego se agregó también a Ricardo Raúl Jaime, exsecretario de Transporte, por las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios. Nelson Perio-tti, exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV y Sergio Pasacantando, exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness SA, también fueron incluidos como miembros de la organización por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
