Este viernes 12 de septiembre, durante la audiencia virtual convocada por el Tribunal Oral Federal 7 en Buenos Aires, la fiscal general Fabiana León rechazó que medio centenar de empresarios imputados en la causa Cuadernos accedan a una “reparación integral” para evitar el juicio, tras ofrecer dinero y bienes —incluido un departamento y un yate en Miami—; sostuvo que se trata de gran corrupción cuyo daño es institucional y no se mide en dinero, por lo que corresponde ir a juicio oral y público.
Los acusados ofrecieron cifras millonarias y bienes en el país y en el exterior. El financista arrepentido Ernesto Clarens propuso entregar un departamento y un yate en Miami valuados en 1,5 millones de dólares. Enrique Pescarmona y Francisco Valenti ofrecieron 510 millones de pesos, mientras que Julio Paolini comprometió 826 millones, Mario Rovella 732 millones, Hugo Dragonetti más de 1.400 millones y Juan Manuel Abal Medina unos 60 millones. En total, según cálculos de las defensas, los ofrecimientos rondarían los 1.100 millones de dólares en bienes y dinero.
La oposición de Centeno y los reparos de la fiscalía
En contraste, el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al caso, rechazó este mecanismo. Su abogado defensor oficial, Marcelo Sciegata, transmitió: “Por mandato expreso de Centeno manifiesto su oposición, le parece una injusticia impropia basada en un poderío económico del cual él, lamentablemente, carece”.
La fiscal general también fue terminante. En su exposición señaló: “La corrupción se juzga, no se negocia. La honra no se paga. En esta fiscalía no se vende impunidad”. Y agregó que el daño ocasionado “es de naturaleza institucional y no patrimonial”, por lo que no puede cuantificarse en dinero.
La representante del Ministerio Público subrayó que aceptar los pagos equivaldría a “abrir un mercado de impunidad que premia a quienes pueden pagar y erosiona la confianza democrática”. Explicó que el cohecho y los delitos contra la administración pública “distorsionan decisiones, afectan la competencia y generan desconfianza ciudadana”.
“Este recorrido demuestra que el cauce natural y constitucional de conclusión es el juicio oral público, no una transacción. La confianza se honra ahora, rechazando reparaciones que privaticen el interés público y llevando la causa al debate oral como corresponde”, enfatizó León. En sintonía, la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por el abogado Mariano Galpern, rechazó la propuesta de los empresarios y advirtió: “El dinero va a volver a las arcas del Estado, no será ya pero será cuando se condene y se decomisen todos los bienes. Se trata de condena y decomiso de bienes provenientes de actos ilícitos”.
Cristina Kirchner, la principal acusada
La causa tiene 174 acusados y 630 testigos admitidos, lo que convierte al futuro juicio en el más grande de la historia judicial argentina. La principal imputada es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita que habría montado un sistema de recaudación de sobornos durante sus gobiernos y el de Néstor Kirchner.
Para la justicia, la maniobra fue “la principal organización criminal de las últimas décadas”, que recaudaba fondos ilegales de empresarios contratistas del Estado y, en algunos casos, los volcaba en operaciones de lavado de dinero.
El abogado de Poder Ciudadano aprobó la reparación integral
Hugo Wortman, abogado e integrante de Poder Ciudadano, sostuvo este viernes que la propuesta de realizar una reparación integral del daño es aceptable. “En otros casos de corrupción nunca se recuperó dinero, por lo que si esto sucede será un hecho histórico. En todo el mundo se considera más potente que las penas para delitos organizados como el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción”, expresó el letrado en declaraciones radiales.
Y aseguró que los empresarios quieren “cooperar y aportar información para enjuiciar a los exfuncionarios responsables de la organización criminal, además de reparar el daño causado. Si se les da un incentivo, esto alentará a otros a dar el paso adelante”.
A continuación, señaló que será “la Justicia quien definirá cuánto deberán pagar los empresarios en concepto de embargo, pero además ya ofrecen acciones de responsabilidad social y saneamiento interno en sus compañías. Prefieren aportar dinero para sanear sus empresas y sostener miles de puestos de trabajo, generando un círculo virtuoso para la economía”.
Wortman completó: “Lo que le conviene a la sociedad es recuperar el dinero rápido y que el juicio continúe como todos los demás”.
HM CP DCQ
