Día 778: Reforma laboral e imputabilidad de menores, los otros superávits fiscal de Milei

Esta es mi opinión personal: creo que hay algo que hacer con la imputabilidad de menores que cometen homicidios con alevosía como también creo que hace falta una reforma laboral, y que no es como dicen los dirigentes sindicales que los gobernadores “se venden por dos pesos” sino que los gobernadores también creen que hace falta una reforma laboral como lo cree una parte de sus votantes. No es que todo lo que hace y propone el gobierno de Milei sea bestial, lo bestial son sus formas y la profundidad con que aspira a instrumentar cambios necesarios.

Reforma laboral e imputabilidad de menores son dos temas que como el superávit fiscal “de eso no se habla” porque es “piantavotos” pero en privado todos lo reconocen como necesario y el mérito de Milei es en estos casos positivamente correr la ventana de Overton haciendo esos temas decibles. Milei y Bullrich por brutos tienen el ímpetu que carece las mentes más sofisticadas que se inhiben porque nadie desea ser una suerte de amputador.

Estos debates para muchos opositores resultan sumamente incómodos.

El debate público suele evitar temas aunque muchos actores políticos admiten en privado que consideran necesarias esas discusiones. La tensión no gira tanto en torno a los diagnósticos como al costo social y electoral de impulsar cambios que generan perdedores visibles en el presente a cambio de beneficios difusos en el futuro. La historia muestra que transformaciones profundas y hoy valoradas también implicaron sacrificios generacionales y decisiones impopulares. 

La historia muestra que, a veces, reformas impopulares fueron necesarias: desde la revolución industrial, que generó sufrimiento a una generación entera para transformar la economía global, hasta medidas económicas duras que estabilizaron países pero costaron alto. En algunos casos, agentes “extremistas” cumplieron el papel de llevarse el costo político, en otros fueron estadistas que consumieron su capital político para hacer lo que era necesario. El caso de Duhalde y Jorge Remes Lenicov con la devaluación asimétrica tras la crisis del 2001-2002 podría ser un ejemplo.

Algunos liderazgos asumen el rol de ejecutar lo que otros creen necesario pero no se animan a defender abiertamente, “dejar que otros hagan el trabajo sucio”, podría decirse. La cuestión de fondo pasa entonces por cómo se distribuyen esos costos y qué responsabilidad asume la sociedad con quienes quedan en el camino. Más que un dilema técnico, se trata de un conflicto moral y político sobre quién paga hoy por cambios que mucha gente considera necesarios.

La inclusión de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad en el temario del Congreso es una señal de que el Gobierno de Javier Milei quiere disputar, sin medias tintas, la agenda política de 2026, encaminado en su batalla cultural.

El presidente Javier Milei recorrió este lunes Mar del Plata en el marco de su “Tour de la Gratitud”, donde fue recibido por una multitud de simpatizantes y militantes y desde una camioneta con megáfono prometió que “dentro de poco vamos a tener leyes de un país razonable”, reafirmando el rumbo de su gestión y el cumplimiento de sus promesas de campaña antes de mitad de año. La agenda en la ciudad continuará hoy con un discurso y su participación en el evento “La Derecha Fest”, además de una visita al espectáculo de la actriz y bailarina, Fátima Flórez.

El proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno busca reemplazar el régimen vigente desde 1980 por un sistema penal específico para adolescentes. La iniciativa fue incorporada a las sesiones extraordinarias de febrero y propone crear un marco que combine sanciones penales con medidas educativas, control judicial y políticas de reinserción social. El oficialismo argumenta que la legislación actual está desactualizada, genera situaciones de impunidad y no se ajusta a los estándares regionales ni a la realidad de los delitos cometidos por menores.

El eje central de la reforma es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El nuevo régimen alcanzaría a jóvenes de entre 13 y 18 años. El texto prohíbe que los adolescentes estén detenidos con adultos, impide la prisión perpetua y fija un máximo de 20 años de privación de libertad, con posibles esquemas de cumplimiento alternativo tras cumplir parte de la condena. Según el Gobierno, el objetivo es responsabilizar penalmente a los menores que cometan delitos graves, pero dentro de un sistema que combine castigo, educación y resocialización. Aunque quienes critican estas reformas afirman que, en los hechos, las leyes terminan garantizando el aspecto punitivo de la ley.

El debate copó los medios tras el pedido de los padres de Jeremías, de 15 años, quien fue brutalmente asesinado por otros menores el 18 de diciembre, y generó una fuerte conmoción pública. Por el hecho está detenida su novia, de 16 años, acusada de homicidio triplemente agravado, y también fue arrestada su madre, señalada por una posible participación. Además, intervinieron dos chicos de 14 años que, aunque fueron identificados, quedaron en libertad por ser inimputables según la legislación vigente. El cuerpo de Jeremías fue hallado días después en un descampado; la autopsia reveló que recibió 23 puñaladas y que el ataque habría sido premeditado, presuntamente por filtrar un video sexual en el que participaban quienes lo atacaron.

Los momentos en los que ocurren este tipo de acontecimientos suelen modificar la ventana de Overton. Un concepto de la teoría política que describe el rango de ideas y políticas que en un momento dado resultan socialmente aceptables para el debate público. No se refiere a lo que es verdadero o falso, ni siquiera a lo que es eficaz, sino a lo que la sociedad considera pensable, discutible o votable sin que quien lo proponga quede automáticamente marginado. Las propuestas que quedan fuera de esa “ventana” suelen verse como extremas, impresentables o políticamente suicidas, mientras que las que están dentro pueden ser defendidas por dirigentes sin pagar un costo reputacional inmediato.

Bullrich y Milei, y todo el movimiento libertario, con sus eventos como “La Derecha Fest”, intentan permanentemente correr la ventana de Overton hacia la derecha.

En medio del impacto social por el crimen de Jeremías, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a reclamar una reforma del régimen penal juvenil y respaldó la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el Congreso.

Quienes se oponen a la baja de la edad de imputabilidad sostienen que la medida constituye una criminalización de la juventud y una respuesta punitiva a problemas estructurales. Denuncian que no existe evidencia de que bajar la edad de punibilidad reduzca la delincuencia —citando ejemplos internacionales como Brasil, Uruguay y Gran Bretaña donde la política no funcionó— y alertan que los menores son utilizados como chivos expiatorios para desviar la atención de la crisis social que el propio gobierno profundiza. Señalan que la discusión llega en medio de recortes presupuestarios en niñez y juventud, con altos índices de pobreza y cierres de programas de inclusión, lo que agrava la vulnerabilidad de adolescentes sin ofrecer alternativas reales.

Además, advierten que el discurso oficial, centrado en la “tolerancia cero”, estigmatiza a niños y adolescentes mientras existen cadenas delictivas más grandes con connivencia policial y judicial. Destacan que los hechos delictivos cometidos por menores de 16 años representan una fracción mínima del total y que expertos en niñez consultados no apoyan la iniciativa. Para los críticos, la verdadera solución pasa por políticas de inclusión social, educación y trabajo genuino, no por encarcelar a jóvenes que son víctimas de un sistema excluyente y sin futuro.

Es llamativo que en este testimonio, de 2019, se menciona que el Frente Renovador, de Sergio Massa, estaba impulsando un proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Por lo que estaríamos ante un punto en el que los dos candidatos a presidente que compitieron en el balotaje estarían de acuerdo. Hay un consenso silencioso en que algo debe cambiar con la Ley Penal Juvenil: el debate no es si existe un problema, sino cómo abordar lo mismo eficazmente sin sacrificar derechos básicos. Y en esto, muchas voces opinan que el armado político del Gobierno —rápido, frontal, casi escalonado— deja poco espacio para la construcción de consensos que legitimen reformas profundas.

No es la sustancia de la crítica lo que más inquieta, sino la forma: imponer la agenda, meter los temas en extraordinarias y correr el foco hacia la polarización política.

Ahora vamos al segundo tema urticante de la agenda parlamentaria, la reforma laboral. La premisa oficial de modernizar las normas laborales es presentada por el Gobierno como una forma de dinamizar la economía y reducir el desempleo. El senador de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, ha señalado que la iniciativa contempla muchos ítems y temas que tienen un grado de consenso importante y busca aclarar “los grises” en la legislación que generan litigios. 

Es innegable que la forma de trabajo ha cambiado vertiginosamente en los últimos años. El empleo argentino tiene problemas estructurales, como que casi la mitad del empleo es informal. Sectores empresariales y aliados del Gobierno argumentan que una reforma puede mejorar la competitividad de las empresas argentinas y atraer inversiones, al disminuir costos laborales y burocráticos que desincentivan la creación de empleo formal. Por ejemplo, representantes de cámaras empresarias han señalado que actualizar la normativa puede organizar el sistema, proporcionar más predictibilidad y reducir conflictos, promoviendo un marco laboral más acorde con las necesidades de la economía actual.

Pero incluso fuera de los espacios del gobierno hay matices. La oposición sindical ha sido enfática: la reforma laboral “no generará nuevos puestos de trabajo” y amenaza con precarizar aún más las condiciones de los trabajadores. Hay juristas laborales que van más allá de la retórica sindical y advierten que algunas propuestas implican un debilitamiento significativo de derechos conquistados tras décadas de lucha y organización sindical.

Para muchos críticos, el plan no es solo modernizar sino regresar a un modelo de relaciones laborales que recuerda, por su flexibilidad extrema, estructuras previas al siglo XX. Pero al mismo tiempo es innegable que existe una industria del juicio laboral con exageraciones y abusos que terminaron creando consenso en retrotraer la posibilidad de hacerlos. Todo exceso, como la extrema estabilidad laboral, más tarde o más temprano, termina generando una reacción opuesta.  Este es un punto donde el discurso de “necesidad” choca con el reclamo por proteger derechos básicos: ¿cómo equilibrar la urgencia de empleo con la preservación de derechos laborales que sostienen el ingreso de millones?

Ayer entrevistamos en este programa al Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, que rechaza de plano la reforma laboral y sostiene que el sindicalismo debe “impedirla” mediante huelgas y movilizaciones. Afirma que “la reforma se tiene que caer completa” porque fue escrita por estudios ligados a grandes empresas y que aceptar retoques sería resignarse al “mal menor”, algo que —según él— no cambia su carácter regresivo.

Aguiar además puso el foco en los gobernadores, a quienes acusó de especular políticamente mientras se dañan los intereses de sus propias provincias. Sostiene que muchos “se van a pegar un tiro en el pie” si acompañan la ley, y les exige que “no vendan a los trabajadores por dos pesos”. Además, advierte que la reforma no solo impactará en el empleo, sino que implicará una pérdida de recursos que dejará a las provincias “asfixiadas”.

Sin embargo, la relación entre gobernadores y reforma laboral es más compleja de lo que plantea el discurso sindical. No se trata solamente de mandatarios dispuestos a “vender” derechos a cambio de recursos, sino también de dirigentes que —acertada o equivocadamente— creen que algún tipo de cambio en el régimen laboral es necesario para enfrentar problemas estructurales como la informalidad, la baja creación de empleo privado y la caída de la competitividad en sus provincias. Varios de ellos gobiernan distritos donde el empleo público ya no puede seguir absorbiendo la falta de trabajo formal y donde parte de su propio electorado reclama reglas que faciliten la contratación.

Además, en muchas provincias conviven realidades productivas muy distintas a las del área metropolitana, con economías regionales, pymes y actividades estacionales que sostienen que el esquema laboral actual no se adapta a sus dinámicas. Desde esa mirada, algunos gobernadores no acompañan por oportunismo sino porque interpretan que una porción de sus votantes también ve necesaria una reforma, aunque tema sus efectos o desconfíe de su alcance. 

Por otra parte, la CGT mantiene una posición más dialoguista. Abundan los discursos duros contra el proyecto, pero su conducción prioriza las negociaciones con senadores, gobernadores, empresarios y hasta la vía judicial antes que lanzarse a organizar un plan de lucha sostenido. La estrategia central es frenar o suavizar la ley confiando en acuerdos políticos e institucionales. La amenaza de paro general aparece más como gesto que como una decisión concreta.

En paralelo, algunos gremios y centrales intentan mostrarse más combativos, como la UOM, Aceiteros, ATE y sectores de las CTA, que hablan de paros y movilizaciones, pero todavía sin un plan unificado y efectivo.

Algo elemental en democracia es que las reformas que tocan intereses sociales sensibles necesitan más que decretos o impulsos partidarios; requieren pedagogía, acuerdos y reflexiones que trasciendan la coyuntura. 

Aquí no estamos ante una reforma tributaria técnica o ajustes administrativos: se trata de normas que alteran relaciones laborales cotidianas y la forma en que la sociedad entiende la justicia para los más jóvenes.

De allí que sectores de la oposición, desde la izquierda hasta bloques peronistas, hayan cuestionado no solo el contenido sino la manera exprés de avanzar con estas leyes.

Del otro lado, hay quienes creen que la política argentina ha estado demasiado tiempo secuestrada por la corrección política y el temor a perder votos, evitando abordar reformas que todos saben necesarias en privado. Milei, y outsiders políticos como Trump y Bolsonaro, vinieron con una impronta muy disruptiva que rompió con esa lógica.

El libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?” del historiador y periodista argentino Pablo Stefanoni (publicado por Siglo XXI en 2021) analiza cómo parte de lo que antes se entendía como espíritu de protesta o indignación social —atributo históricamente asociado a la izquierda— ha sido capturado y resignificado por movimientos de derecha en las últimas décadas. Según la sinopsis de la obra, “las llamadas ‘derechas alternativas’ están protagonizando una revolución en la política occidental: orgullosas, levantan las banderas de la indignación y la rebeldía que eran la marca registrada de la izquierda”, combinando nacionalismo, posiciones antiestado y provocación cultural para conectar con sectores desencantados o marginados por la política tradicional.

Stefanoni sostiene que el progresismo, “entre el desconcierto y el gesto despectivo, se abroquela en la corrección política” y corre el riesgo de convertirse en parte del statu quo, perdiendo así la capacidad de articular propuestas transformadoras. 

Hay un gran problema si los opositores a las transformaciones “desde la izquierda”, quizás ubicándose en un momento que ya pasó, responden sólo desde la indignación o discursos altisonantes. La sensibilidad social se ha transformado y la sociedad quiere respuestas para problemas que enfrentan en su vida cotidiana. Las consignas altisonantes parecen tener menos efecto que en otros momentos. Las respuestas del siglo XX dejan de servir para las preguntas del siglo XXI.

Si desde la izquierda y el progresismo se quiere tener estrategias efectivas que tengan gran llegada a la sociedad, debe partir de sus aspiraciones, necesidades y deseos. Y eso requiere un estudio profundo de los cambios, tanto político-sociales como estructurales y productivos que viene atravesando el mundo.

Javier Milei fue blanco de una parodia en Saturday Night Live por el swap con EE.UU.

Por otra parte, los críticos moderados o dialoguistas que dicen que la agenda de Milei es “bestial” suelen referirse más a las formas y la profundidad del salto institucional que a la sustancia de cada propuesta. Ningún cambio se sostiene sin consenso mínimo, ni ninguna sociedad progresa si quienes pierden no encuentran un puente hacia un futuro compartido. Y ese consenso puede generarse incluso marginando a quienes se oponen a él, si quedan en minoría absoluta.

Las mayorías circunstanciales pueden aprobar leyes, pero solo los consensos las vuelven estables en el tiempo. Cuando los cambios se perciben como imposiciones de una mitad sobre la otra, el sistema político entra en una lógica pendular donde cada gobierno intenta desarmar lo hecho por el anterior, profundizando la desconfianza y la fragilidad institucional.

La discusión de fondo, entonces, no es únicamente si estas reformas son necesarias o no, sino cómo se tramita el conflicto que generan. Si la política logra ofrecer horizontes compartidos y mecanismos de compensación para quienes cargan con los costos inmediatos, las transformaciones pueden integrarse al contrato social. Si, en cambio, predomina la lógica de la confrontación permanente, el riesgo es que cada intento de cambio deje más heridos que acuerdos y que la promesa de un futuro mejor quede atrapada en una disputa interminable sobre quién debe pagar el precio del presente.

Ese equilibrio delicado es el verdadero desafío del escenario político argentino, y marcará si estas iniciativas se convierten en legado o en una cicatriz más en la historia política del país.

MV/ff