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Consecuencias legales: qué penas pueden recibir los alumnos por las amenazas en colegios

Tras la viralización de mensajes intimidatorios en redes sociales y establecimientos educativos, la Justicia local endureció su postura. La Subsecretaría de Seguridad confirmó que ya son 30 los colegios judicializados.

En los últimos días se intensificaron los controles. Foto: Policía de Corrientes.

El Ministerio Público de Corrientes lanzó una contundente advertencia ante la persistente ola de amenazas de ataques armados en instituciones educativas: "Lo que creés que es una travesura para no tener clases, para el Código Penal es un delito". El comunicado oficial busca frenar la escalada de pánico que ha movilizado recursos policiales masivos y afectado el normal desarrollo del ciclo lectivo en la Capital.

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Las autoridades judiciales recordaron que dejar un cartel en un baño, escribir un banco o publicar amenazas en redes sociales deja rastros digitales y físicos. Estos actos no solo generan pánico y movilizan fuerzas de seguridad de forma innecesaria, sino que acarrean penas de hasta 6 años de prisión por Intimidación Pública y hasta 10 años si se mencionan explosivos o químicos.

30 escuelas judicializadas y menores identificados

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad de la Provincia, Ingrid Jetter, brindó detalles sobre el avance de las investigaciones. Confirmó que ya existen 30 escuelas judicializadas debido a que sus directivos radicaron las denuncias correspondientes ante la Justicia.

"No es justo que un chiste o un desafío de TikTok ponga en jaque toda la vida escolar", señaló Jetter. La funcionaria informó que la gran mayoría de los autores fueron localizados: "Todos son menores", precisó a radio UNNE.

Asimismo, aclaró que las investigaciones determinaron que en ningún caso hubo una amenaza real o posesión de armas: "Fueron ubicados todos los autores y todos confesaron que era una broma".

Responsabilidad civil para los padres

Más allá de la situación legal de los menores, el Ministerio Público fue taxativo sobre el impacto económico para las familias. Los padres o tutores pueden enfrentar demandas civiles millonarias para cubrir los costos de los operativos de seguridad y los daños causados a la comunidad.

Desde el organismo instaron a los estudiantes a no viralizar estos mensajes y a denunciar ante las autoridades escolares si conocen al autor. "Un solo mensaje puede cambiar tu futuro legal y el de tu familia para siempre", sentenciaron. Además, pusieron a disposición la línea de asistencia al suicida (0800-345-1435) para aquellos jóvenes que atraviesen crisis emocionales o pensamientos de autolesión.

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Acciones clave ante una amenaza:

  • No viralizar: compartir el mensaje solo aumenta el pánico.

  • Avisar a las autoridades: informar inmediatamente a la dirección de la escuela.

  • Responsabilidad: recordar que el "anonimato" en redes sociales es rastreable por la Policía.