“Es un fallo insólito, pero se pagará”: la reacción de Orlando Canido, dueño de Manaos

El conflicto judicial que enfrentaba a la empresa de bebidas Manaos con un exempleado llegó a su punto final y dejó un dato contundente: la compañía deberá pagar más de $807 millones tras una sentencia que ya no admite apelaciones. La resolución de la Suprema Corte de Mendoza cerró todas las instancias judiciales y obligó a la firma a afrontar una de las indemnizaciones laborales más altas de los últimos años.

La respuesta del dueño de la empresa, Orlando Canido, fue tan breve como significativa. “Se pagará”, sostuvo, al confirmar que la compañía cumplirá con la orden judicial, en un contexto donde ya no existen vías legales para revertir el fallo.

La decisión de la Suprema Corte mendocina marcó el cierre definitivo del expediente al rechazar el último recurso presentado por la empresa. El tribunal consideró que no había cuestión federal suficiente para elevar el caso a la Corte Suprema de la Nación, lo que dejó firme la condena.

La indemnización final asciende a $807.676.293,72, una cifra que surge de la combinación entre el capital reconocido y, principalmente, los intereses acumulados a lo largo del proceso judicial. De hecho, uno de los puntos centrales del caso fue justamente el peso de esos intereses, que terminaron explicando la mayor parte del monto total, reflejando el impacto que puede tener la prolongación de los litigios laborales en el tiempo. El fallo obliga a la empresa a realizar el pago en un plazo breve, bajo apercibimiento de seguir acumulando intereses.

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El origen del conflicto

El litigio se inició a partir de la demanda de un exdistribuidor que trabajó con la firma entre 2013 y 2022 en distintas provincias. El reclamo incluyó denuncias por irregularidades en la registración laboral, diferencias en las condiciones de contratación y presuntas maniobras vinculadas a aportes y descuentos.

La Justicia consideró que existieron inconsistencias en la relación laboral y aplicó el principio de “primacía de la realidad”, un criterio clave en el derecho laboral argentino que prioriza los hechos por sobre las formas contractuales. Ese punto fue determinante para establecer la antigüedad del trabajador y, en consecuencia, el monto de la indemnización.

Más allá de confirmar el pago, Canido volvió a cuestionar el funcionamiento del sistema laboral. El empresario calificó el fallo como “insólito” y planteó que este tipo de decisiones genera incertidumbre para las empresas y desalienta la contratación. En esa línea, sostuvo que la litigiosidad laboral puede derivar en situaciones que, desde su perspectiva, resultan desproporcionadas en relación con los ingresos y el tiempo trabajado. El planteo no es nuevo y se inscribe en un debate más amplio dentro del sector empresario, que advierte sobre el impacto de los costos judiciales en la actividad productiva.

Un caso testigo

El caso Manaos trasciende a la empresa y se proyecta como un precedente relevante en materia laboral, tanto por el monto como por la interpretación judicial. La combinación entre actualización de intereses, extensión de los procesos y criterios de evaluación de la relación laboral configura un escenario donde los litigios pueden escalar a cifras millonarias. En ese marco, el fallo deja una doble lectura: por un lado, refuerza la protección de derechos laborales; por otro, vuelve a poner en discusión el equilibrio entre regulación, costos y sostenibilidad empresarial.