Escándalo en Corrientes: un juez sobreseyó a un acusado porque la Policía utilizó pruebas falsas

En una resolución que sacude las estructuras de seguridad provincial, la Justicia local expuso una grave maniobra de manipulación de pruebas. Durante una audiencia de control de acusación celebrada este martes, se dictó el sobreseimiento libre y definitivo de un ciudadano imputado por un robo con inhibidores de señal, al descubrirse que la Policía de Corrientes inventó las pruebas que lo incriminaban.

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La víctima de este presunto armado judicial había sido señalada por la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos a través del Informe N° 553/23.

En dicho documento, los efectivos aseguraban haber analizado cámaras de seguridad que identificaban al sospechoso en pleno acto delictivo en el centro de la ciudad. Sin embargo, la investigación del fiscal Pablo Daniel Sosa reveló una realidad alarmante: las secuencias fílmicas nunca existieron.

Falsedad ideológica y "error administrativo"

Ante el avance de la fiscalía, el personal policial admitió que los registros no estaban en su poder. Intentaron justificar la maniobra alegando un "error de interpretación" administrativo, pero la Justicia fue tajante: el informe habría sido modificado deliberadamente para incriminar al hombre.

Ante la falta de pruebas reales y el vicio en el procedimiento, el fiscal Sosa invocó los principios de objetividad para desistir de la acusación. El Juez de Garantías, Leandro Damián Llorente, fundamentó el fallo con una dura advertencia sobre los límites del poder punitivo.

“El Estado de Derecho debe tener una aspiración de superioridad ética, impidiendo que el poder actúe con las mismas pautas que quienes cometen ilícitos”, sentenció el magistrado.

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Investigación a la Jefatura

La gravedad del episodio, que el juez calificó como una amenaza para cualquier ciudadano, derivó en una orden directa a la Jefatura de Policía de Corrientes.

El fallo exige iniciar una investigación urgente para identificar a los responsables de la confección del informe falso y aplicar las sanciones penales y disciplinarias pertinentes.

El caso pone bajo la lupa los métodos de la Dirección de Investigaciones y abre un interrogante sobre la validez de otros procedimientos similares, en un contexto donde el uso de inhibidores de señal y tecnología de vigilancia es moneda corriente en la prevención del delito en la capital.