Gravedad institucional en Corrientes: el conflicto judicial llegó a la Legislatura con fuertes cruces

El conflicto por el incumplimiento del aumento del 6% a los trabajadores judiciales —fijado por el Acuerdo Extraordinario N° 02/2026— escaló hasta la Cámara de Diputados de la provincia. La disputa presupuestaria entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Ejecutivo no solo paraliza la paritaria del sector, sino que abrió un debate sobre la verdadera independencia de los poderes en Corrientes.

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La chispa en el recinto fue el proyecto presentado por el diputado libertario Ricardo "Caito" Leconte, quien solicitó un informe detallado sobre el cumplimiento del régimen de autarquía financiera del Poder Judicial. "Es para saber si se cumple o no en la provincia. No es contra nadie", aclaró el legislador sobre el expediente N° 19.898.

Alerta por la "paz social"

El discurso más duro llegó de la mano de Pedro Cassani (Encuentro Liberal), quien lanzó una advertencia sombría sobre el clima interno: "La paz social se está resquebrajando en la provincia". Para el legislador, el conflicto judicial es el último eslabón de una cadena que incluye descuentos a docentes, crisis en salud pública y malestar en las fuerzas de seguridad.

Cassani denunció una "intromisión del Ejecutivo" en el manejo de fondos que ya fueron asignados por ley:

• Recorte presupuestario: precisó que el Poder Judicial solicitó cerca de $300.000 millones, pero la Legislatura, a instancias del Ejecutivo, terminó cerrando el presupuesto en $195.000 millones.

• Gravedad institucional: calificó como un hecho sin precedentes que el ministro de Hacienda, Héctor Grachot, haya comunicado formalmente al STJ que no enviará los recursos para cumplir con la acordada.

"¿Queremos un Poder Judicial independiente? Démosle los recursos. Si queremos tenerlo sometido, mandemos los recursos cuando queramos", sentenció Cassani. 

La respuesta del oficialismo

Desde la bancada oficialista, el diputado Eduardo Hardoy salió al cruce de las acusaciones de injerencia. Según Hardoy, la advertencia del Gobierno no es un avance sobre la independencia, sino un llamado a la prudencia ante la crisis económica nacional y provincial.

"Que tenga independencia no quiere decir que en un mes se gaste todo el presupuesto. Lo que se pide es justamente responsabilidad para ver cómo sigue la situación económica", argumentó.

Para el oficialismo, el Poder Judicial debe adecuarse a las proyecciones de ingresos reales para asegurar que se llegue a fin de año con fondos suficientes.

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Reunión clave el lunes

En un intento por bajar los decibeles de la confrontación, el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, confirmó que el gobernador Juan Pablo Valdés recibirá formalmente a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia el próximo lunes.

La audiencia, solicitada por los magistrados, es vista como una instancia crucial para encauzar el diálogo técnico y político. “Es saludable que el Gobernador los reciba”, remarcó López Desimoni al streaming de El Litoral, en lo que se espera sea el punto de partida para destrabar el conflicto que mantiene en vilo al sistema de justicia provincial.