Narcopolicías en Chaco: piden hasta 15 años para ocho agentes acusados de robar cocaína

La causa que investiga uno de los escándalos más graves ocurridos dentro de la Policía del Chaco quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral. Los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg acusaron a ocho efectivos por la sustracción de 9,490 kilos de cocaína que se encontraban bajo custodia estatal y debían ser incinerados. Las penas solicitadas van de 8 a 15 años de prisión.

El hecho ocurrió el 18 de diciembre de 2025, durante un operativo de destrucción de estupefacientes en el Polígono de Tiro de la Policía provincial, cerca de Colonia Benítez. Según la hipótesis fiscal, los acusados aprovecharon precisamente las tareas que tenían encomendadas, custodiar, trasladar y destruir droga secuestrada, para retirar parte de la cocaína antes de que llegara al fuego.

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El faltante que dejó al descubierto la maniobra

La sospecha surgió durante la propia quema. Un funcionario del Juzgado Federal N°2 de Resistencia advirtió movimientos irregulares cuando una caja era trasladada desde la mesa de pesaje hacia una camioneta policial y ordenó volver a controlarla.

El primer pesaje había marcado 8,700 kilos y el segundo 7,585 kilos. Tras la diferencia, se requisó la Toyota Hilux utilizada por los policías. En su interior aparecieron nueve paquetes de cocaína ocultos debajo de los asientos y entre las pertenencias de los efectivos. También fue encontrado un paquete de yeso preparado, de acuerdo con la acusación, para simular uno de los panes originales.

Para los fiscales no se trató de una decisión improvisada. Las pericias de los celulares revelaron conversaciones anteriores al operativo relacionadas con la sustracción, la preparación de los paquetes falsos y la eventual comercialización de la droga. Entre los mensajes incorporados al expediente figura un audio en el que uno de los acusados hablaba de ver “cuánto puedo manotear”.

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Un comisario, señalado como organizador

La acusación más severa recae sobre el comisario Rubén Héctor César Alegre, entonces jefe de la División Operaciones Metropolitana y responsable del servicio de seguridad durante la incineración.

La Fiscalía sostiene que su cargo le permitía conocer el circuito de los estupefacientes, las cantidades almacenadas y las características de los paquetes. También le atribuye haber seleccionado al personal que participó de la quema. Por su presunto rol de organizador, Sabadini y Hilgenberg solicitaron 15 años de prisión.

Para Franco Andrés Ramírez pidieron 12 años; para Gustavo Andrés Quizama, Néstor Ariel Urne Canteros y Juan Nicolás Almirón Núñez, 11 años cada uno; y para Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, 8 años. Las solicitudes incluyen además multas e inhabilitaciones.

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La acusación: droga destinada nuevamente a la venta

Uno de los elementos que agrava la investigación es el destino que, según la Fiscalía, tendría la cocaína sustraída. Los investigadores sostienen que existieron conversaciones para conseguir compradores y volver a colocar el estupefaciente en circulación.

En uno de los mensajes atribuidos a García, enviado el mismo día del operativo, se leía: “Salgo de todas mis deudas con una cajita”. Para los fiscales, su función habría sido encontrar una salida comercial para parte de la droga.

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Cinco de los policías están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas y por su condición de funcionarios encargados de combatir esos delitos, en concurso con peculado. Otros dos enfrentan cargos vinculados al narcotráfico sin peculado, mientras que Alegre tiene una imputación diferenciada como supuesto organizador.

La Fiscalía consideró terminada la etapa preparatoria y pidió formalmente la apertura del juicio oral contra los ocho policías. Allí deberá demostrar que la cocaína que estaba bajo custodia del Estado no sólo fue sustraída, sino que existió un plan previo para devolverla al circuito ilegal.