Salarios docentes: la Justicia objetó al Gobierno de Chaco por incumplir el fallo sobre la gatillo

El Gobierno de Chaco presentó un proyecto de ley para dar por cumplida la sentencia sobre la cláusula gatillo docente, pero la respuesta judicial cuestionó el contenido de esa propuesta. La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia consideró que la iniciativa no establece un mecanismo concreto de actualización salarial y, por lo tanto, no satisface lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La resolución, firmada por las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez, dispuso una audiencia de conciliación para el jueves 29 de octubre, a las 10, entre el Ejecutivo provincial y Federación Sitech, el sindicato que inició la demanda por la interrupción del pago de ese componente salarial.

El punto central del cuestionamiento es qué garantía de recomposición tendrán los trabajadores de la educación. Según informó Diario Norte, la Cámara advirtió que el texto oficial no identifica la variable que se utilizará para actualizar los haberes ni el índice previsto para 2027, elementos que debían contemplarse en la planificación presupuestaria.

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Una propuesta que deja los aumentos sujetos a decisiones del Ejecutivo

La administración provincial había comunicado a la Justicia que cumplió la sentencia mediante el envío a la Legislatura del proyecto 2331/26, presentado en septiembre. La iniciativa plantea que las actualizaciones salariales dependan de la evolución de los ingresos públicos, la situación fiscal y los recursos presupuestarios disponibles.

Ese esquema excluye los aumentos automáticos atados exclusivamente a la inflación. En su lugar, establece evaluaciones periódicas de indicadores económicos y fiscales, a partir de las cuales podrían definirse futuras recomposiciones.

Para la Cámara, esa formulación no alcanza: enumerar criterios generales sin establecer cómo se traducirán en una actualización efectiva del salario deja pendiente el cumplimiento del fallo. Las mejoras continúan condicionadas a decisiones posteriores del Ejecutivo y a la disponibilidad de fondos.

Las magistradas también observaron el artículo 7, que prohíbe la indexación automática, y la aplicación del régimen desde el ejercicio presupuestario 2027. Consideraron que esas previsiones no responden a la exigencia de contar con una cláusula operativa que proteja las remuneraciones docentes.

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Qué había ordenado el Superior Tribunal de Justicia

El conflicto llegó a esta instancia después del pronunciamiento del STJ en marzo, que delimitó las atribuciones de cada poder del Estado. El máximo tribunal provincial sostuvo que corresponde al Ejecutivo y a la Legislatura definir el régimen salarial y los mecanismos de recomposición.

Ese criterio no habilitaba a los jueces a fijar directamente cuánto debía pagar la Provincia. Sin embargo, tampoco daba por resuelto el reclamo por la eliminación de la cláusula gatillo.

El STJ contempló que, aunque el mecanismo había surgido de una decisión del Ejecutivo y no de una ley, su pago sostenido durante años permitía considerarlo un componente periódico de los haberes. Por eso, instó al Gobierno a impulsar una propuesta legislativa que atendiera esa situación.

La discusión actual se concentra en el contenido de esa respuesta. El Ejecutivo sostiene que cumplió con la presentación del proyecto; la Cámara entiende que la iniciativa carece de las precisiones necesarias para hacer efectiva la protección salarial requerida.

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La convocatoria del 29 de octubre buscará acercar posiciones entre el Gobierno y Federación Sitech. El reclamo involucra al conjunto de la docencia provincial y mantiene abierta la discusión sobre cómo se actualizarán sus ingresos y qué previsibilidad tendrán esas recomposiciones.

La resolución no fija un porcentaje de aumento ni reemplaza a los poderes políticos en la definición de la política salarial. Sí cuestiona que el mecanismo propuesto deje sin determinar la pauta de ajuste que deberán recibir los trabajadores.