Un faltante millonario y un “ladrillo” falso: cómo se cayó la maniobra que derivó en la detención de siete policías

La causa judicial que investiga el presunto intento de sustracción de estupefacientes bajo custodia estatal durante un operativo oficial de quema realizado el 18 de diciembre en Colonia Benítez sumó en las últimas horas una reconstrucción detallada de los hechos que compromete a siete efectivos de la Policía del Chaco. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la maniobra fue advertida mientras el procedimiento aún estaba en curso, lo que permitió frustrar el desvío y activar de inmediato la intervención judicial.

Según la imputación formalizada por el fiscal Patricio Sabadini, parte de la cocaína que debía ser incinerada habría sido retirada de las cajas de secuestro y ocultada en una camioneta oficial Toyota Hilux, aprovechando mochilas y sectores no visibles del vehículo. En paralelo, se intentó simular el reemplazo del material faltante mediante un objeto que aparentaba ser un “ladrillo” de droga, pero que posteriormente se comprobó que estaba compuesto por yeso.

Esto quedó al descubierto cuando un oficial judicial del equipo del juez Ricardo Mianovich dispuso un nuevo control de pesaje en pleno desarrollo del operativo. Esa verificación permitió detectar inconsistencias en la cantidad de estupefacientes y dejó al descubierto el faltante, que la Fiscalía cuantificó en 9,49 kilogramos de cocaína.

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La investigación

La investigación incorporó además una valuación económica del material presuntamente sustraído. Con un precio estimado de 15.000 dólares por kilo, el perjuicio ascendería a unos 142.000 dólares, un dato que la acusación considera clave para dimensionar la gravedad del hecho y sostener la calificación legal provisoria.

El procedimiento de incineración se desarrollaba con la presencia de autoridades de primer nivel, entre ellas el propio juez Mianovich, el ministro de Seguridad del Chaco Hugo Matkovich y el jefe de la Policía provincial Fernando Romero. Para la Fiscalía, este contexto refuerza la hipótesis de una conducta especialmente grave por tratarse de funcionarios públicos actuando en un procedimiento judicial.

En cuanto al sustento probatorio, el Ministerio Público Fiscal señaló que cuenta con actas del procedimiento, registros de secuestro y pesaje, informes técnicos de Gendarmería Nacional, documentación audiovisual del operativo de quema, informes del Órgano de Control Institucional, declaraciones testimoniales de funcionarios intervinientes y elementos secuestrados, entre ellos mochilas, teléfonos celulares y balanzas. Ese conjunto de evidencias, según la acusación, permite tener acreditada prima facie tanto la materialidad del hecho como la participación de los imputados.

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Las defensas, encabezadas por el abogado Ricardo Osuna, cuestionaron la hipótesis fiscal y hablaron de una confusión en la reconstrucción. Plantearon dudas sobre la cantidad real de droga faltante, negaron que el yeso haya sido utilizado como reemplazo y pusieron en discusión la calificación jurídica elegida por la Fiscalía, especialmente la figura de tenencia con fines de comercialización y la agravante por la intervención de varias personas.

Al respecto, la defensa sostuvo que el yeso  no guardaba similitud con los ladrillos de estupefacientes y que su presencia fue explicada en sede judicial por uno de los imputados, quien afirmó utilizarlo para afilar navajas en el marco de una actividad personal como barbero, desarrollada fuera de su horario laboral. La Fiscalía, no obstante, consideró que el hallazgo debe ser analizado en el contexto general del procedimiento y de la secuencia detectada durante el operativo.

La causa tiene como imputados al comisario César Alegre, al subcomisario Franco Ramírez, al oficial principal Lucas Martínez y a los cabos Néstor Urne Canteros, Gustavo Quizama, Juan Almirón Núñez y Gustavo Acosta. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva, medida que ya fue impugnada por las defensas y que será revisada en las próximas instancias judiciales.