El trasfondo de la ley de propiedad privada

Más allá de cómo termine el round parlamentario por la ley de tierras y la propuesta ley de propiedad privada —con capítulos que entran y salen del temario, y topes que suben o bajan según los votos disponibles—, el foco de fondo sigue siendo que el sur argentino apareció, de golpe, en las planillas de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo. 

La inteligencia artificial se está quedando sin tres insumos en sus países de origen —energía, frío y agua— y la Patagonia tiene los tres juntos. 

Desde la llegada de Milei, Argentina es parte de un juego más grande que su propio país, como ya señalamos en otras columnas. 

Analizar la dinámica local sin pasarla por el prisma global es un error grave. Así como no se puede leer la reacción del mandatario argentino contra Brasil sin comprender las necesidades de Donald Trump en el continente, tampoco deberíamos leer la fiebre regulatoria por la tierra, el agua y la energía sin estudiar antes los movimientos de las grandes corporaciones tecnológicas —con terminales políticas locales que incluyen a jugadores como el polémico Peter Thiel, cuyo fondo invierte en infraestructura energética de Vaca Muerta— y las restricciones que las economías desarrolladas ya les están imponiendo en sus propios territorios.

El problema que la IA no puede resolver con software
Un data center —el galpón de servidores donde efectivamente “vive” la nube y se entrena la IA— es, antes que nada, un gran consumidor de electricidad. 

Un data center de 100 megavatios consume la misma cantidad de agua que 2.600 hogares (Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos)"

Desde la pandemia, los servidores destinados a asistir la inteligencia artificial empezaron a ganar cuerpo, y las curvas se quebraron. 
Según el reporte United States Data Center Energy Usage, elaborado por el Lawrence Berkeley National Laboratory a pedido del Congreso norteamericano, los centros de datos ya representaban el 4,4% del consumo eléctrico total de Estados Unidos, y hacia 2028 ese porcentaje podría casi triplicarse: el escenario alto se aproxima a los 600 TWh anuales, entre el 7% y el 12% de toda la electricidad del país. El componente que explica el salto es uno solo: los servidores especializados en IA, es decir, las GPUs, que pasaron de ser un actor marginal a dominar el crecimiento del consumo.
 

Ese apetito ya chocó contra un techo físico y social en las economías desarrolladas. Dublín congeló nuevas conexiones de data centers a su red eléctrica; Ámsterdam llegó a decretar una moratoria; Singapur pausó aprobaciones durante años y hoy las raciona. Y donde no falta la energía, falta el agua o la licencia social. 

La demanda, entonces, sale a buscar territorio —energía abundante, clima frío, agua disponible, densidad poblacional baja— más allá de las fronteras de los países que la generan.

Inteligencia artificial, pero pasada por agua

El funcionamiento de los equipos informáticos eleva la temperatura del ambiente, lo que exige una estrategia de refrigeración permanente. Y ese enfriamiento se logra más rápido y más barato con métodos que consumen agua de manera directa: los llamados sistemas evaporativos disipan el calor evaporando agua que no vuelve a la cuenca de la que se tomó.

El último estudio disponible del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, actualizado este año, consigna que un data center de 100 megavatios consume la misma cantidad de agua que 2.600 hogares. 

En 2023, los centros de datos estadounidenses consumieron 66.000 millones de litros de agua de manera directa —el triple que una década atrás—, sin contar el agua utilizada para generar la electricidad que los alimenta, que multiplica esa cifra por más de diez.

El aire de la Patagonia permite el llamado free cooling: enfriar los galpones durante buena parte del año sin evaporar agua, o evaporando mucha menos"

Como se ve en la franja violeta, los servidores especializados en inteligencia artificial, es decir, las GPUs, pasaron de ser marginal a convertirse en el componente dominante del crecimiento del consumo.

El riesgo hídrico no es solo de cantidad sino de calidad. Los sistemas evaporativos requieren purgas periódicas cargadas de biocidas, sales concentradas y metales, y las descargas vuelven a los cursos de agua con temperaturas muy superiores al ambiente natural. En Estados Unidos, esos efluentes se rigen por estándares federales administrados por los estados, con monitoreo continuo. 

En Argentina, el control es provincial —la autoridad de cuenca, la secretaría de ambiente o a veces apenas una subsecretaría—, con capacidades de fiscalización muy dispares según la zona. Ahí, y no en el fantasma de que “se toman el lago”, está el verdadero punto ciego regulatorio.

Por qué la Patagonia, específicamente

Primero, el frío. El aire de la Patagonia permite el llamado free cooling: enfriar los galpones durante buena parte del año sin evaporar agua, o evaporando mucha menos. Es la misma lógica por la que la industria eligió antes a Islandia, los países nórdicos y Canadá. 

Segundo, el agua: cuencas cordilleranas de cabecera, ríos y lagos con caudal permanente. 

Tercero, la energía, en las tres variantes que la industria busca: el gas de Vaca Muerta, el potencial nuclear y un recurso eólico de clase mundial. 

Eliminar el tope del 15% de posesión de tierras marca la diferencia entre usar el agua con permiso del Estado y ser dueño del acceso al agua"

Cuarto, el espacio y la baja densidad poblacional, que reducen el conflicto por el uso del suelo. Ningún otro territorio del hemisferio sur combina los cuatro factores con esta contundencia.

Que esto no es una especulación lo confirman los proyectos ya anunciados. El más grande es Stargate Argentina: una carta de intención entre OpenAI (la empresa de ChatGPT) y Sur Energy para montar en la Patagonia un data center específico para IA, el primero de su tipo en América Latina, con una capacidad proyectada de hasta 500 megavatios. 

Para dimensionarlo: algunas estimaciones hablan de 13 data centers actuales en todo el país que no suman más de 32 MW. Un solo proyecto multiplicaría por quince la infraestructura instalada. 

Una vez construido, si las estimaciones se mantienen estables en la industria, consumirá por día el equivalente al consumo residencial completo de una ciudad como Esquel, de 37.000 habitantes.

La tierra es importante, pero el agua más

Para todo esto no hacen falta grandes territorios. Un campus de 500 MW se monta en unas 500 hectáreas como mucho —nada, en la escala patagónica—. Por eso, cada vez que el debate por la extranjerización de tierras se reduce a discutir porcentajes y hectáreas, se está mirando apenas una parte del problema, un árbol que tapa el bosque.

Lo sustantivo está en otra parte. La ley de tierras sancionada en 2011 contiene una prohibición absoluta, independiente de todo porcentaje: los extranjeros no pueden ser titulares de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. 

Esa cláusula —y no el tope del 15%— es la que estuvo en el corazón de todas las versiones del proyecto oficial de reforma, la que sobrevivió a cada concesión negociada y la que conviene seguir en cada debate futuro, porque marca la diferencia entre usar el agua con permiso del Estado y ser dueño del acceso al agua. 

A eso se suman las otras piezas del mismo rompecabezas: la reforma de la ley de sociedades, que facilita estructuras donde se pierde la ruta del dueño real, y los regímenes de inversión que blindan estos proyectos por tres décadas con arbitraje internacional.

*Rector de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA); ex presidente de Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI)