La dictadura, una introducción

En esta breve columna reponemos algunos tópicos fundamentales del mayor drama político y social de nuestra historia reciente. Para las jóvenes generaciones y para quienes, perplejos ante el reflujo negacionista, gustan repasar datos y argumentos. Cabe recordar que hace 50 años comenzó la última de una saga de dictaduras: 1930-1943, 1943-1946, 1955-1958, 1962-1963, 1966-1971-1973, 1976-1983. Ninguna tuvo características populares, ni mucho menos cercanía con un pensamiento de izquierda, todo lo contrario, se trató siempre, sin excepciones, de militares y civiles entre liberal-conservadores, nacionalistas o neoliberales, y en todos los casos las cúpulas económicas (agroexportadoras, industriales, bancarias) fueron cómplices.

¿Cuál fue el cometido principal de los militares y las corporaciones económicas, que colocaron ministros en las áreas claves de la economía? Desde nuestro punto de vista, vinieron a neutralizar, interrumpir y, en efecto, eliminar la creciente organización sindical, la participación de los trabajadores en el total de la riqueza, la transversalidad de actores sociales con alto potencial de rebeldía: movimiento estudiantil, movimiento villero, sindicatos, curas de la Teología de la Liberación, escritores, periodistas, movimiento feminista, Frente de Liberación Homosexual, circuitos de contracultura, entre tantos otros. Lo que, en el fondo, pretendieron extirpar de la sociedad fueron los efectos progresivos de la serie de revueltas que habían tenido lugar entre 1968 y 1969, siendo el Cordobazo la más emblemática. ¿En qué consistió el terrorismo de Estado? Se trató de un plan sistemático (demostrado a nivel académico, jurídico y político) de secuestro, tortura, violación, expropiación, robo de bebés, asesinato y desaparición forzada. Para llevarlo a cabo, se montaron alrededor de 500 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), donde los secuestrados eran torturados con el fin de extraerles información. Luego eran asesinados, liberados o “legalizada” su detención. Los cuerpos de los asesinados, en la mayoría de los casos eran enterrados como NN en cementerios, incinerados o arrojados vivos al río o al mar argentino. 

¿Fueron 30 mil? Es odiosa toda discusión sobre asesinatos y desapariciones en términos de números, por eso el número de 30 mil funciona como un dique de contención, un corte. Sin embargo, el negacionismo en Argentina se empeña en discutir la cifra sin ofrecer como contrapartida solución alguna. Ya que, por definición, no hay cifra oficial, en la medida en que son el Estado como responsable y sus cómplices quienes debieran brindar los datos. El lugar común de los negacionistas consiste en citar la cifra de la Conadep. Esta comisión publicó un informe conocido como Nunca más, que sirvió de base para el Juicio a las Juntas Militares (1985), en el cual figuran las denuncias de 8.960 desapariciones y el reconocimiento de 340 centros clandestinos. Pero se trata de una foto de un momento de urgencia, con el tiempo se descubrieron más centros de detención y muchos más casos de desapariciones. Más allá de todo lo descubierto y expuesto por los organismos de DD.HH., hay otras fuentes esclarecedoras, por ejemplo, el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, donde documentos aportados por Enrique Arancibia Clavel, agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, dejan ver que el Ejército Argentino reconoció haber asesinado y desaparecido a 22 mil personas entre 1975 y 1978 (es decir, quedando por delante cinco años más de dictadura).

Aparte, como relata Juan Chazarreta en el prólogo a la segunda edición de su libro Operación Chacabuco, en 1977, Allen “Tex” Harris, “oficial político” enviado por la Casa Blanca para monitorear el plan de la dictadura, afirmó tras estudiar documentos provistos por los militares, que el número 30 mil es una cifra bastante aproximada de la magnitud del genocidio en Argentina, incluso llegó a decir que el número en términos reales puede llegar a ascender a 50 mil, y afirmó que “no fue gente asesinada por poner bombas, sino por sus ideas”. Además, hay muchas otras formas de contabilizar, reuniendo información dispersa de los más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país.

El intento de disfrazar el genocidio con el relato de una “guerra” para justificar los crímenes de la dictadura se cae fácilmente; basta con revisar, entre otros documentos, lo expresado por el mismo Comando en Jefe del Ejército Argentino un mes después de la fallida operación del ERP en Monte Chingolo: “El ataque al Arsenal 601 y el considerable rechazo del intento demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas (…) el episodio indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender al plano militar”. (Juan Chazarreta, www.coyunturas.com.ar). Pero aun si hubiera sido cierto que la guerrilla representaba un peligro para los valores “cristianos y occidentales”, de ninguna manera se puede afirmar que existió una guerra por la asimetría radical y por el hecho de que el Estado es la última instancia ante el conflicto. Nora Cortiñas lo decía con claridad: un crimen de Estado es un crimen de crímenes. 

¿Cuáles fueron los números de la economía? Su programa, que con variantes, volvió una y otra vez en democracia, con Menem, Macri y Milei, dejó un tendal. Un trabajo en curso del historiador económico e investigador Bruno Napoli resulta esclarecedor al respecto: entre 1974 y 1975 se registraba alrededor de un 4% de pobreza, hasta la megadevaluación del Rodrigazo. Dice Napoli que la reconstrucción de datos de todas las “bibliotecas” indica para 1982 un 22% y para 1983 cerca del 27% de pobreza. 

Otro dato interesante es el hecho de que durante la dictadura se crearon alrededor de 400 villas, en un contexto de desocupación creciente por la destrucción del aparato productivo. En cuanto a la inflación, el plan de Gelbart con Perón había logrado bajarla al 20% anual, pero tras la crisis del petróleo y el Rodrigazo ascendió al 180% y siguió aumentando.

Tras el gobierno de facto, en medio de un ajuste brutal, la inflación ascendía en 1983 al 443% anual. El crecimiento de la deuda externa fue producto de la política económica, de la estatización de deudas del sector privado (grupos colaboracionistas como Socma, de la familia Macri; Bridas, de los Bulgheroni; Techint; Pérez Companc; Ford; Impsa; Fiat, entre otras) y de la más llana corrupción; llevaron la deuda bruta de US$ 7.899 M a US$ 45.946 M. 

El negacionismo actual

El gobierno de Milei y Villarruel (familiar de genocidas), con la Fundación Faro a cargo de Agustín Laje, quien celebró públicamente los crímenes de la dictadura, con el respaldo de Patricia Bullrich, acusada en campaña por el propio Milei de “poner bombas en jardines de infantes”, y la inestimable complicidad, una vez más, de la cúpula económica, dan voz institucional y lobby al negacionismo actual. Hoy es necesario interponer una pregunta: ¿realmente quedaron en el pasado esos años? Nadie tiene la autoridad ni la certeza de que eso que sucedió nos dejó de pasar bajo otras condiciones. Por un lado, los efectos de aquel desastre humanitario, institucional, económico, social, aún repercuten en varios niveles, pero, sobre todo, la desaparición es una situación muy singular, que impide la ritualización del final de esas vidas, su duelo y despedida, su inscripción en la historia como la de cualquier vida. Por eso Hebe de Bonafini, junto a otras Madres, lúcidamente reclamaban “aparición con vida”, porque era una forma de invertir la figura del desaparecido, devolviéndole al Estado con la misma moneda: si están desaparecidos es responsabilidad del 

Estado indicar dónde y cómo se encuentran; si fueron asesinados, es responsabilidad del Estado informar el paradero de los cuerpos. Mientras sigan “desaparecidos”, aquella dictadura no dejó de pasar, y es nuestra tarea darle un lugar, asumir el nudo gordiano de nuestra historia reciente, recoger la llama de la Madres siguiendo su ejemplo.

*Ensayista, docente, investigador –Unpaz, UNA–, doctor en Ciencias Sociales UBA.