A medio siglo del quiebre constitucional más trágico de la historia argentina, corresponde asumir que la memoria no es un ejercicio de nostalgia ni un archivo estático. Es, quizá, uno de los activos más valiosos que la sociedad ha logrado preservar: un consenso vivo, resistente a las modas electorales y a los climas de época que suelen fragmentar la vida pública. Mientras la economía atraviesa ciclos de inestabilidad y la política se mueve en la incertidumbre, la conciencia sobre lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976 se ha consolidado como una reserva ética que trasciende cualquier coyuntura.
La piedra angular de un proyecto de país. No se trata solo de recordar para no repetir, sino de concebir los Derechos Humanos como la base de un proyecto de nación que aspire a la dignidad. No hay posibilidad de construir una sociedad con igualdad sin partir del respeto irrestricto a la condición humana. Los Derechos Humanos son el cimiento de una comunidad de iguales: el derecho a la vida y a la libertad, pero también a vivir bajo un orden en el que el Estado garantice justicia y nunca más sea instrumento del miedo.
Ese capital no surgió por azar. Fue el resultado de una decisión política inédita: reconstruir el país sobre la verdad y la justicia, rechazando tanto el olvido como la venganza. Resulta imposible comprender la solidez de la convivencia actual sin reconocer el coraje civil que significó el Juicio a las Juntas. Argentina fue pionera en juzgar a una dictadura a través de sus propios tribunales civiles, apenas recuperada la libertad. Fue la República, con la ley en la mano, la que sentó en el banquillo a los responsables de la ruptura del orden constitucional, restituyendo a la Justicia su autoridad frente a la fuerza.
A ese hito fundacional se sumó, años más tarde, otro paso decisivo en la consolidación de ese camino: la reforma constitucional de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de Derechos Humanos. Esa decisión no solo amplió el reconocimiento de derechos, sino que los integró de manera definitiva al sistema jurídico argentino, estableciendo un piso común que trasciende gobiernos y mayorías circunstanciales.
Retrocesos, indultos y la construcción de un relato excluyente. Sin embargo, el camino iniciado en 1983 no estuvo exento de retrocesos. El primero de gran magnitud fue la política de indultos en los años noventa, que pretendió borrar por decreto lo que los tribunales ya habían establecido. En ese período de silencio oficial, la defensa plena del Estado de Derecho continuó en el ámbito parlamentario, aun cuando la mayoría política miraba hacia otro lado y la insistencia por revertir las leyes de impunidad parecía una tarea en soledad.
A esa etapa se sumó luego la construcción de un relato excluyente por parte del kirchnerismo. Su expresión más emblemática tuvo lugar frente a la ESMA, en un discurso que buscó refundar la historia omitiendo deliberadamente las dos décadas previas de consolidación democrática. Al sostener que el Estado había callado, se intentó borrar el Juicio a las Juntas, la Conadep y el legado de Raúl Alfonsín, así como las luchas parlamentarias que, desde posiciones minoritarias, sostuvieron la vigencia de estos principios. La apropiación partidaria de una política de Estado destinada a la defensa de los Derechos Humanos terminó por erosionar la legitimidad de organismos históricos, que al ser utilizados como soporte de un proyecto político perdieron parte de su autoridad moral ante amplios sectores de la sociedad.
La resistencia como acción colectiva fundada en los Derechos Humanos. Hoy, a cincuenta años del golpe, el país enfrenta uno de los escenarios más desafiantes para esa construcción sostenida en el tiempo. El avance de un modelo que no solo relativiza consensos básicos, sino que también cuestiona abiertamente los principios sobre los que se edificó la convivencia democrática, obliga a resignificar el compromiso colectivo.
Pero esa historia acumulada no es un dato del pasado: es un acervo social, cultural y constitucional de enorme valor, forjado a lo largo de décadas, que hoy ofrece fundamentos sólidos para sostener y defender esos principios frente a cualquier intento de retroceso. En este contexto, la defensa de los Derechos Humanos deja de ser únicamente una política pública para afirmarse como una acción colectiva que trasciende lo electoral y se sostiene en una ética compartida, construida como un patrimonio común de la sociedad, frente a discursos que buscan degradar su sentido o reducirlo a una mirada parcial.
Sostener estos valores es también una forma de proyectar el porvenir. La defensa de las instituciones, la división de poderes y la independencia del poder judicial no son abstracciones: son garantías concretas frente a toda deriva autoritaria, en un contexto donde esos consensos vuelven a ser puestos en discusión. A medio siglo del abismo, el homenaje más profundo a las víctimas consiste en afirmar que la democracia representativa seguirá siendo el fundamento de una sociedad capaz de transformar un pasado de dolor en un horizonte de dignidad e igualdad para todos.
* Abogada. Exmiembro de la Cámara de Diputados de la Nación.
