La conmemoración del 50 aniversario del golpe militar de marzo de 1976 debe hacerse sin compromisos ni contemplaciones. Tiene lugar en un marco histórico preciso, cuando el genocidio y la guerra imperialista cubren todo el escenario mundial. La Corte Penal Internacional ha calificado como “criminales de guerra”, pero no a todos sino a algunos de sus promotores. El genocidio contra Gaza, la matanza de civiles en Líbano, el asalto militar a Venezuela y el que se prepara contra Cuba, así como la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentran en esa definición. Ella les cabe también, seguramente, a los propiciadores de la guerra en Ucrania, la OTAN y Rusia. Los derechos humanos, que han sido reiteradamente violados desde la declaración fundacional de las Naciones Unidas, no encuentran albergue en ningún lugar del mundo. El “nunca más” proclamado en 1945, no ha sido sino una afrenta. La organización social capitalista internacional ha vuelto a convertirse en una amenaza existencial para la humanidad.
Javier Milei es un defensor, repetidamente confeso, de la guerra imperialista y del genocidio internacional. Ha anunciado el propósito de alterar la “arquitectura institucional” del país, algo que viene haciendo desde su asunción por medio del gobierno por decreto, el desconocimiento de leyes, la represión de las protestas y la derogación del derecho de huelga. Ha integrado a las Fuerzas Armadas al Gobierno, con el ingreso del comandante en jefe del Ejército, Carlos Presti, y otros militares en actividad al gabinete. Ha formado así una milicia de partido, en detrimento de su condición constitucional. Milei ha establecido un gobierno “cívico-militar” ante “la vista y paciencia” del Congreso. Ha firmado un Escudo de las Américas, impuesto por Donald Trump, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para la ejecución de tareas de represión interna. La “traición a la Patria” parecería caerle como un sayo. Los “partidos del nunca más” no han llamado todavía a una manifestación de masas ni a una huelga general contra esta violación de la soberanía nacional. El martes próximo debería ser una bandera de la marcha. El gobierno actual es un fruto, digamos que podrido, de la guerra imperialista.
Este balance histórico somero pone en el banquillo de los acusados a la clase dirigente del país y a sus partidos. Milei (qué ironía) les ha sacado la máscara. Esa clase y esos partidos urgieron a las FF.AA. a dar el golpe de 1976. La totalidad de las centrales empresarias se unieron en un lock out, el 5 de febrero de ese año, para exigir el golpe de manera inmediata. El gobierno peronista en funciones había ordenado a la milicia, en 1975, “aniquilar’ la subversión, luego de haber desplegado su propio “grupo de tareas” (la Triple A) para secuestrar, asesinar y desaparecer a militantes populares. Ricardo Balbín, jefe de la UCR, exigió “terminar con la guerrilla fabril”. Las “democracias occidentales” se pusieron al frente de la organización del golpe militar. La ilusión de que el retorno de Perón apaciguaría el antagonismo social ( y para otros construir “una patria socialista”) se disolvió en poco tiempo; Perón fue autorizado a volver para poner fin al ascenso de luchas obreras y a la politización independiente desatadas por el Cordobazo. La política de amnistías de Alfonsín y Menem solo fue derrotada cuando la rebelión de diciembre de 2001 forzó a todas esas clases y partidos a operar un cambio de frente a favor del “juicio y castigo”. Cuando la Corte votó, en 2017, el cese de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, 500 mil personas salieron a la calle para imponerle una marcha atrás sin precedentes.
Es con estas rebeldías que debemos ahora luchar contra las guerras imperialistas y los Estados policiales. La crisis de la humanidad solo puede terminar con la abolición de la explotación del hombre por el hombre.
*Exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires.
