El exmilitar acusado por un femicidio rompió el silencio: “Que quede claro que no maté a Erika”

Con el expediente encaminado hacia el juicio oral y después de meses de una plantear una estrategia basada en cuestionar pericias y acusaciones, el principal acusado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez decidió romper el silencio. “Que quede claro que no maté a Erika”, dijo ante el juez Felipe “el Militar” Sosa.

La intervención de Sosa llegó cuando la fiscalía acaba de reforzar la investigación con nuevas pruebas periciales, redefinir el rol de los cuatro imputados y dejar la causa a un paso del juicio oral.

Sosa, de 50 años, es empresario de seguridad privada, exteniente de Infantería del Ejército Argentino y exintegrante de la Legión Extranjera francesa. Permaneció prófugo tras el femicidio hasta que fue detenido el 17 de enero pasado en Pilar, provincia de Buenos Aires, por efectivos de la Policía Federal Argentina, luego de un operativo montado a partir del rastreo de una moto KTM que había adquirido poco antes de su fuga.

El femicidio ocurrió en enero pasado. La joven, de 25 años y estudiante de enfermería, fue hallada muerta dentro de una bolsa de residuos en un basural de Manantial Sur. La autopsia concluyó que sufrió un traumatismo craneofacial con luxación cervical, lesiones compatibles con una agresión de extrema violencia. Para los investigadores, fue asesinada en otro lugar y su cuerpo fue descartado después para ocultar el crimen.

Uno de los indicios que tempranamente orientó la causa hacia Sosa fue la forma en que el cuerpo había sido atado. Los investigadores detectaron un nudo de formación militar, un detalle técnico que reforzó la hipótesis de que el homicida podía tener entrenamiento castrense.

La hipótesis del fiscal Pedro Gallo ubica a Sosa en el centro de esa secuencia. Según la acusación, el ex militar fue quien mató a la joven dentro de su casa y luego participó en el traslado y ocultamiento del cadáver.

Durante la última audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma informó que las nuevas pericias genéticas permitieron descartar la participación de terceras personas en el homicidio, fortaleciendo así la teoría central del Ministerio Público.

Ese dato ayuda a entender por qué Sosa decidió hablar ahora.

Hasta ahora, la estrategia defensiva había girado en torno a cuestionar la reconstrucción fiscal desde afuera: desacreditar pericias, sembrar dudas sobre la mecánica del crimen y relativizar la autopsia. Con su declaración, el acusado dio un paso más: comenzó a disputar también el relato del caso.

La defensa, encabezada por Marcelo Cosiansi y Nicolás Ruiz Flores, sostiene que la investigación todavía presenta zonas grises. Sus abogados aseguran haber incorporado informes elaborados por especialistas forenses que contradicen aspectos centrales de la autopsia oficial y abren interrogantes sobre la verdadera causa de muerte.

En otras palabras, el juicio ya no parece encaminarse solo a discutir quién mató a Érika, sino también cómo murió.

Esa disputa técnica convive con otra batalla: la del encubrimiento. Además de Sosa, siguen imputados Justina Gordillo, Nicolás Navarro Flores y Jorge “Chicho” Díaz, acusados de haber colaborado en distintas maniobras posteriores al crimen, desde el ocultamiento del cuerpo hasta la limpieza del lugar donde habría ocurrido el asesinato.