La ruta del éxtasis que terminó en el country del caso García Belsunce

El Carmel sigue cargando, más de dos décadas después, con el peso de uno de los casos más impactantes de la crónica policial. Detrás de sus calles arboladas y sus casas de alto valor, el viejo country de Pilar volvió a quedar bajo la lupa judicial. Esta vez no por un homicidio, sino por una investigación narco que comenzó a cientos de kilómetros de allí, en una ruta santafesina, con una camioneta sin patente y un cargamento millonario de drogas sintéticas.

El hallazgo fortuito de 665 dosis de éxtasis, 70 de LSD, 215 gramos de cristal y 320 gramos de ketamina terminó recientemente con una condena: Brian David Rosell, un entrerriano de 30 años, desocupado y ex empleado de la Municipalidad de Paraná, recibió cuatro años y diez meses de prisión por transporte de estupefacientes. 

La noche del 25 de noviembre de 2025, cerca de las 23.40, manejaba una Chevrolet Tracker desde Rafaela hacia Paraná. Iba acompañado por su hija de cinco años. En el cruce de las rutas nacionales 19 y 34, a la altura de Angélica, en Santa Fe, agentes de la Guardia Provincial lo detuvieron por una infracción aparentemente menor: el vehículo circulaba sin chapa patente delantera.

El control, que en principio parecía rutinario, cambió de tono casi de inmediato. Rosell no pudo presentar toda la documentación obligatoria y solo exhibió su licencia de conducir. Los policías advirtieron además un visible nerviosismo. Durante la inspección, uno de los agentes detectó una bolsa oculta debajo del asiento del conductor.

La escena dio un giro inesperado cuando, consultado por el contenido de los paquetes, el conductor admitió ante los efectivos que transportaba drogas escondidas en distintos sectores del vehículo.

La posterior requisa, autorizada judicialmente con intervención de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, confirmó la magnitud del hallazgo. Dentro de la camioneta había un cargamento de drogas sintéticas valuado en más de 57 millones de pesos al momento del secuestro. Además, los investigadores incautaron 124.700 pesos en efectivo, 400 dólares y tres teléfonos celulares.

Al día siguiente, los investigadores allanaron el domicilio del sospechoso en Paraná. Y allí secuestraron nuevas dosis de MDMA, vestigios de ketamina, una balanza de precisión, sustancias de corte, anotaciones y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El material reforzó una sospecha: no era un simple consumidor o un transportista ocasional.

Con el análisis de los teléfonos y de su actividad financiera, la fiscalía comenzó a seguir otra ruta: la del dinero.

Pese a figurar como desocupado y sin ingresos formales compatibles con operaciones de gran escala, Rosell había realizado transferencias por 49 millones de pesos entre abril de 2024 y noviembre de 2025 a través de billeteras virtuales.

Ese volumen de movimientos económicos encendió alarmas en la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, a cargo de Gustavo Onel. Los fiscales pusieron bajo la lupa al destinatario de esas operaciones: un hombre de unos 30 años, de alto poder adquisitivo y con antecedentes en la Justicia federal.

La pista llevó hasta Pilar. En marzo de este año, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron una vivienda dentro del country Carmel. Allí secuestraron dispositivos electrónicos que ahora son sometidos a peritajes y que podrían resultar clave para reconstruir la cadena de abastecimiento. Durante el operativo también se incautaron pequeñas cantidades de cocaína y marihuana.

Los investigadores creen que Rosell podría haber funcionado como un eslabón intermedio dentro de una estructura mayor dedicada al tráfico de drogas sintéticas, un mercado con márgenes extraordinarios y canales de distribución cada vez más sofisticados, donde conviven fiestas electrónicas, pagos digitales y proveedores con perfiles económicos muy distintos al estereotipo del narcomenudeo tradicional.

En paralelo, el análisis de impactos de antena telefónica permitió detectar que Rosell había viajado a Buenos Aires al menos dos veces en noviembre de 2025, pocos días antes de su detención. Ambos desplazamientos quedaron incorporados como indicios de reuniones previas vinculadas al abastecimiento del cargamento.

Juicio y condena. La causa principal, al menos en lo judicial, tuvo un cierre parcial en los últimos días. El juez federal de garantías de Rafaela, Santiago Joaquín Saux, homologó un acuerdo entre la fiscalía, Rosell y su defensa. El acusado reconoció haber transportado los estupefacientes y aceptó una condena de cuatro años y diez meses de prisión.

El fallo también ordenó la destrucción de las drogas secuestradas y el decomiso definitivo de la Chevrolet Tracker utilizada para el traslado.

Sin embargo, la condena de Rosell no clausura la historia. Más bien parece marcar el final de un capítulo y el comienzo de otro. 

Porque detrás del hombre detenido por manejar una camioneta sin patente todavía persiste una pregunta mucho más grande: quién estaba del otro lado del negocio.

Un símbolo de la crónica roja

El 27 de octubre de 2002, María Marta García Belsunce, socióloga de 50 años, fue encontrada muerta en el baño de su casa dentro del country Carmel, en Pilar. En un primer momento, su entorno creyó que había sufrido un accidente doméstico y que se había golpeado la cabeza al caer.

La autopsia reveló otra cosa: María Marta había recibido cinco disparos en la cabeza.

El caso se convirtió rápidamente en uno de los expedientes criminales más mediáticos y controvertidos del país, marcado por pericias erráticas, sospechas cruzadas y años de disputas judiciales.

Durante años, la principal hipótesis apuntó a su marido, Carlos Carrascosa, quien fue condenado, luego absuelto y finalmente sobreseído.

En 2022, dos décadas después del crimen, la Justicia condenó a Nicolás Pachelo, vecino del country y examigo de la familia, a prisión perpetua como autor del homicidio.

Desde entonces, el nombre Carmel quedó asociado para siempre a uno de los casos policiales más impactantes de la Argentina.