La víctima del caso de la secta rusa de Bariloche denunció a los fiscales

La historia que se conoció como un rescate de una joven rusa sometida a una organización en Bariloche dio un giro en las últimas horas. Es que Elena Makarova, la mujer que había sido señalada como víctima de la “secta rusa” de Konstantin Rudnev, decidió enfrentar judicialmente a quienes, según ella, la convirtieron en protagonista involuntaria de un escándalo judicial: los fiscales federales que llevan adelante la investigación.

Makarova presentó una querella penal y una recusación formal contra los fiscales Tomás Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus, a quienes acusa de haber actuado sin objetividad, haber impedido su defensa y haberla expuesto a tratos que considera ilegales. También señaló a profesionales de la salud del Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde transitó las últimas semanas de embarazo y dio a luz bajo custodia.

Según el escrito, los funcionarios judiciales y médicos habrían “convalidado prácticas ilegales” construyendo “un relato de trata inexistente” que derivó en su aislamiento y en la criminalización de dos mujeres allegadas a ella. Su abogado, David Malnero, acompañó la presentación.

En la recusación, Makarova sostiene que los fiscales actuaron “como acusadores parciales” y que incluso habrían presionado a su abogado para restringir su defensa. Afirma que le impidieron comunicarse libremente, la mantuvieron aislada y la sometieron a tratamientos sin consentimiento.

“Fueron ellos quienes me convirtieron en víctima, no mis compatriotas”, escribió. Señala además que, lejos de ser rescatada, fue ella quien padeció una privación ilegítima de la libertad, coacción y reducción a servidumbre, delitos que ahora adjudica a los investigadores.

Contexto. La mujer asegura que no llegó al país por una red criminal, sino para huir de una expareja violenta en Rusia y buscar un entorno seguro para el nacimiento de su hijo. Arribó en enero de 2025 y viajó a Bariloche acompañada por una amiga de su madre, Nadezhda Beliakova (Angelina). Ya en la ciudad, contó con la ayuda de Svetlana Komkova, quien se desempeñaba como traductora. Ambas fueron detenidas el día del parto bajo sospecha de trata.

Makarova rechaza esa hipótesis y sostiene que fue víctima de un prejuicio: “Una red internacional que nunca existió”, dice ella.

La presentación judicial también apunta contra personal médico. Makarova relata que fue sometida a inducción de parto sin consentimiento, que sufrió presiones para revelar la identidad del padre y que permaneció internada bajo vigilancia, sin acceso a su teléfono ni documentos.

Describe esa etapa como una situación de “violencia obstétrica y violencia institucional” que vulneró su autonomía y sus derechos reproductivos.

La causa se inició el 17 de marzo tras una denuncia presentada como anónima, aunque luego –según la querella– se acreditó que fue realizada por el jefe de Ginecología del hospital. En cuestión de horas, la versión del supuesto rescate de una víctima de trata circuló por medios nacionales e internacionales.

Makarova afirma que esa narrativa fue impulsada desde la propia Fiscalía: un caso “sensacionalista” que sirvió para justificar acciones “desproporcionadas e infundadas” contra ella y su entorno.

El pedido de recusación deberá ser resuelto por el juez federal que interviene en el expediente, quien definirá si los fiscales continúan o no en su rol. En paralelo, la querella pide que se investigue penalmente a los funcionarios denunciados por abuso de autoridad, coacción, privación ilegítima de la libertad y reducción a servidumbre.

Rudnev fue condenado en Rusia a 11 años de prisión por abuso sexual, huyó de Montenegro y fue capturado en la Argentina junto a otros veinte integrantes del grupo. La Justicia de Río Negro lo acusa de ser el líder de una estructura criminal que operaba bajo la fachada de prácticas de yoga y espiritualidad, pero que en realidad se dedicaba a la captación de mujeres jóvenes mediante engaño y coerción.

En las viviendas allanadas se encontraron colchones en el suelo, ventanas tapadas y objetos eróticos. Según la acusación, la organización buscaba asentarse en Bariloche y luego extenderse hacia Brasil.

Dos mujeres imputadas

L.N.

En paralelo, la Fiscalía Federal de Bariloche formalizó esta semana la investigación penal contra dos mujeres rusas sospechadas de integrar la organización criminal.

La acusación –dada a conocer por el sitio fiscales.gob.ar– sostiene que Elena Makarova habría sido captada en Rusia, la habrían trasladado y alojado en Bariloche bajo coerción y engaño –con la fachada de un espacio espiritual y de práctica de yoga–.

Durante la audiencia, el juez Gustavo Zapata resolvió mantener la retención de pasaportes y la prohibición de salir del país para las imputadas –identificadas como D.Z. y N.P.–, quienes habían sido demoradas en Neuquén días después de las detenciones masivas de otros integrantes de la organización. En ese momento se les secuestraron teléfonos, computadoras y ropa erótica, elementos que, según la fiscalía, las vinculan a la estructura investigada.

La Datip aportó análisis informático que permitió enlazar a ambas con el resto del grupo. Además, el juez extendió el plazo de investigación hasta abril de 2026.

Además, la Cámara Federal de General Roca ordenó que el supuesto líder continúe cumpliendo prisión preventiva en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson.