"Cara la jodita": Santa Fe ya cobra a los padres de alumnos que hicieron amenazas en escuelas

El 30 de marzo pasado, un adolescente de 15 años llevó una escopeta a una escuela de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, mató a un compañero y dejó herido a otros dos. Desde entonces, se registraron 58 amenazas en diferentes instituciones educativas de la provincia, por las que las autoridades empezaron a multar a los padres y tutores de los jóvenes que hayan estado detrás de los hechos de intimidación.

Este martes, se llevó a cabo la primera notificación. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, fue "a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas” y reveló que se los intimó a que paguen el costo del operativo que se desplegó en el establecimiento, por un monto total de $6.024.944.

Por amenazas de tiroteo, prohibieron mochilas en una escuela de Córdoba y los alumnos ingresaron con bolsas transparentes

En el procedimiento, realizado por la Policía de Santa Fe esta mañana, la agente informó al papá sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el hombre reaccionó ante la cifra con la expresión: “Ah, cara la jodita”.

En el aviso, se señalan también los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos o menores de edad a cargo. De acuerdo a la grabación que difundieron las fuerzas de seguridad, el plazo para abonar es de cinco días. Una vez que pasa este tiempo, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.

“Se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”, comenzó diciendo Cococcioni en una conferencia de prensa que se realizó más tarde.

El funcionario santafesino indicó que hay "más de 70 personas involucradas" en los 58 hechos registrados, que además de las llamadas telefónicas, incluyeron pintadas y mensajes. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, añadió el funcionario provincial.

Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de las amenazas de tiroteos y de los adultos a cargo de ellos, el monto total que calcula el Gobierno santafesino superaría los 250 millones de pesos. Sobre el reclamo, el ministro sostuvo que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal.

“No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.

Entre los recursos policiales afectados que se tienen en cuenta a la hora de exigir el cobro de los operativos, se encuentran el combustible, los vehículos, las horas de servicio de los uniformados y la movilización de alguna de las brigadas especializadas en caso de que sea necesario, como por ejemplo las de explosivos.

Más de 600 amenazas en escuelas bonaerenses

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó que se reportaron más de 600 amenazas de tiroteos en escuelas de todo el territorio bonaerense y funcionarios de distintas áreas presentaron una denuncia ante la Procuración General, que conduce Julio Conte Grand, y apuntaron a una presunta "estructura delictiva" que estaría detrás de los mensajes y comunicaciones intimidatorias.

Así, los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad bonaerenses, Juan Martín Mena y Javier Alonso, junto con el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pelegrini, pidieron identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de las múltiples amenazas que a lo largo de los últimos días tuvieron lugar en los establecimientos educativos.

“La presentación insta a una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a dilucidar la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”, informaron fuentes oficiales.

A partir del hito trágico que significó el ataque en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, comenzó a registrarse una ola de "retos" e intimidaciones a lo largo de colegios de todo el país. Varias de esas amenazas, se hicieron a través de servicios de mensajería instantánea, papeles y grafitis en paredes de los establecimientos.

Este lunes, la ministra de Educación de Buenos Aires, Flavia Terigi, adelantó que la Dirección General de Cultura y Educación puso en marcha “un abordaje interministerial” con la colaboración de las escuelas y representaciones gremiales; pidió a los estudiantes que "no viralicen este tipo de contenidos" y a las familias que “generen espacios de diálogo” para advertir sobre el peligro de la situación.

FP/ff