Amenazar con un tiroteo en una escuela cordobesa dejó de ser un acto sin consecuencias económicas. Desde este lunes, quien detone una falsa alarma en un establecimiento educativo puede terminar pagando el gasto del operativo: el móvil policial, la brigada de explosivos, la ambulancia, el personal de emergencias.
El Gobierno de Córdoba formalizó este mecanismo con la publicación en el Boletín Oficial del "Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos", una resolución del Ministerio de Seguridad que convierte en procedimiento administrativo y legal lo que hasta ahora era solo una advertencia política.
Homicidio de una jubilada en Córdoba: la habrían estrangulado con una sábana
Esto se presenta luego de más de 90 amenazas de tiroteos en diferentes escuelas.
Cómo arranca el proceso
El mecanismo se activa de forma automática ante cualquier incidente de esta naturaleza en una escuela cordobesa. El primer paso corresponde al Ministerio Público Fiscal, que tiene la responsabilidad de identificar de manera fehaciente a los autores del hecho. Esto incluye tanto a los responsables directos del incidente como a los adultos que resulten legalmente responsables por ellos.
Una vez establecida esa identificación, el Estado avanza en la construcción del expediente. Allí se registra con detalle todo lo que se desplegó durante el operativo: qué personal policial intervino y durante cuánto tiempo, qué unidades especiales fueron convocadas, qué recursos de salud o emergencias médicas se activaron, qué medios logísticos se utilizaron. Cada rubro tiene un valor y ese valor se suma.
Con el monto total determinado, se emite una intimación formal de pago dirigida a los responsables identificados.
Qué incluye la factura del Estado
- - Todo el personal policial afectado al operativo
- - Brigadas especiales, incluyendo la unidad de explosivos
- - Servicios de salud y emergencias médicas activadas
- - Medios logísticos y equipamiento utilizado en el despliegue
- - Cualquier otro recurso provincial movilizado por el incidente
Cinco días para pagar
El punto más duro del protocolo es el plazo: cinco días corridos desde recibida la notificación para hacer efectivo el pago. No es una sugerencia ni un plazo negociable; el protocolo lo define como "perentorio".
Si ese plazo vence sin que se haya abonado el monto reclamado, el expediente sale del Ministerio de Seguridad y pasa a manos de la Fiscalía de Estado. Desde allí se inician las acciones judiciales pertinentes para el recupero compulsivo de los fondos.
Las primeras notificaciones, listas
La Policía de Córdoba ya relevó y cuantificó los costos de 36 operativos realizados en los últimos meses por amenazas de tiroteos en escuelas. Con ese trabajo previo hecho, ya tiene preparadas las primeras cinco notificaciones que serán enviadas a los responsables identificados en esos casos.
Esas primeras intimaciones serán, en la práctica, el estreno del mecanismo y también su primera prueba de fuego. El Gobierno espera que el efecto disuasorio se expanda rápidamente una vez que se conozcan los montos concretos que deben afrontar los responsables. Así, el monto total de todos los operativos desplegados en la provincia superaria los $400.000.000.
