El Gobierno de la provincia de Córdoba implementó un nuevo protocolo que obliga a quienes realicen falsas amenazas en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad. La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, y apunta a reducir este tipo de hechos y proteger los recursos públicos.
A partir de ahora, toda amenaza de tiroteo, intimidación pública o falsa alarma que requiera la intervención de fuerzas de seguridad generará, además de consecuencias penales, un reclamo económico por los gastos ocasionados. Estos costos serán exigidos a los padres o adultos responsables de los menores involucrados, una vez que la Justicia identifique a los autores.
El protocolo contempla la participación de la Policía de Córdoba, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación, cuyos recursos humanos y materiales serán cuantificados en cada operativo. Luego, el Estado avanzará con una intimación de pago y, si corresponde, con acciones judiciales para recuperar el dinero.
Desde la cartera de Seguridad remarcaron que no se trata de “bromas”, sino de conductas graves que alteran el funcionamiento escolar, generan angustia en la comunidad educativa y desvían recursos que deberían destinarse a la prevención del delito. “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal que debería estar destinado a cuidar a los vecinos en otros puntos de la provincia”, advirtió.
“El costo de estos operativos no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, señalaron desde el ministerio, al fundamentar la medida. La iniciativa se enmarca en una política de tolerancia cero frente a este tipo de hechos y busca reforzar la seguridad en los entornos educativos.
