A quiénes apuntó la Oficina de Respuesta Oficial en sus primeros posteos y qué estrategia política revela

La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno libertario comenzó a operar en redes sociales como un nuevo instrumento del Estado para disputar la agenda pública en primera persona. En sus primeras horas en X, la cuenta creada por la administración de Javier Milei para refutar versiones y cuestionar interpretaciones eligió blancos concretos —un medio nacional y una dirigente opositora— y dejó planteado que no será sólo un canal informativo sino una usina de réplicas políticas.

El área depende de la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni y estará coordinada por Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”, uno de los perfiles más activos del dispositivo digital libertario y cercano al armado comunicacional de Santiago Caputo. Su desembarco institucionaliza dentro del aparato estatal una práctica que el oficialismo venía ejecutando desde cuentas militantes.

Primer objetivo: el periodismo

El primer posteo de la cuenta @RespOficial_Arg fue directo contra Clarín. "FALSO. Burda operación: la nota de Clarín contradice su propio título. No hay ninguna ‘demora’: el programa Volver al Trabajo (VAT) tiene vigencia hasta abril y los fondos fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha. El programa se encuentra activo y financiado".

La referencia era a una nota sobre el programa que reemplazó al Potenciar Trabajo. El diario había actualizado el título minutos antes de la publicación oficial, pero aun así la cuenta gubernamental sostuvo la acusación de operación mediática.

Horas después, la Oficina volvió a intervenir: "BORRADO. Celebramos la decisión de Clarín de borrar la noticia FALSA que habían publicado".

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El debut no fue casual. La cuenta se inscribe en una línea discursiva que el Presidente sostiene desde el inicio de la gestión, con cuestionamientos permanentes al rol de la prensa. Milei ha utilizado reiteradamente sus redes sociales y actos públicos para acusar a periodistas de difundir información falsa, actuar por intereses políticos o extorsionar al poder, e incluso llegó a afirmar que el Gobierno “no odia lo suficiente” al periodismo. 

Segundo frente: la oposición política

El siguiente cruce fue con la legisladora porteña Vanina Biasi, en el marco del conflicto del Hospital Garrahan luego de que el Gobierno nacional anunciara despidos y suspensiones a trabajadores del establecimiento.

La diputada había escrito: “Sanciones y suspensiones en el Garrahan. El gobierno fue derrotado con la lucha y ahora arremete con esto. A bancarlos fuerte! Fuera las manos de Milei de las y los que cuidan a nuestros chicos!!!”

La respuesta oficial volvió a usar el mismo formato: "FALSO. No se sanciona a quienes ‘cuidan chicos’. Se sanciona a gremialistas que el 31 de octubre de 2025 tomaron ilegalmente oficinas de la Dirección Médica del Garrahan, pusieron en riesgo el funcionamiento del Hospital y agredieron al personal que cumplía tareas críticas".

Y agregó detalles administrativos: "El Hospital inició 40 sumarios. Tras meses de investigación, 11 serán expulsados por haber organizado y ejecutado la toma. 10 tienen tutela gremial, por eso se pidió el desafuero. El motivo del conflicto es aún más grave: pretendían cobrar por días no trabajados".

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El propio presidente había adelantado que la intención del espacio es “desmentir la mentira” y “desenmascarar operaciones de los medios”. La administración convirtió a las redes sociales en su principal canal de comunicación pública, el territorio donde construyó su base de apoyo y desde donde fija postura sin intermediarios: en lugar de conferencias o respuestas de funcionarios, la réplica llega a través de una cuenta oficial que interviene directamente en la conversación online, lo que además limita el intercambio habitual con la prensa para chequear o repreguntar información.

También en lo simbólico hay señales que ya circulan en redes sociales. El escudo de la nueva dependencia comparte el color rojo con la Secretaría de Inteligencia, un organismo que recientemente fue objeto de debate tras un decreto que ampliaba facultades operativas y peligrosamente habilita a personal de la SIDE a detener personas poniendo en riesgo derechos básicos. No es un detalle menor: ambos espacios están vinculados a la idea de control sobre la ciudadanía.

El Gobierno sostiene que se trata de "ampliar la libertad de expresión" mediante respuestas oficiales directas. Sin embargo, aparece la pregunta de fondo: ¿un antídoto contra la desinformación o un nuevo capítulo de la polarización digital desde el Estado?

GD / EM