El decreto 941/2025 data del 31 de diciembre, pero fue el primero que el Boletín Oficial publicó en 2026. No es un instrumento cualquiera. Modifica la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y generó una conmoción en todo el arco político. Principalmente en la oposición, que no perdió tiempo y lanzó una serie de cuestionamientos, con matices específicos. Todo en medio de un escenario que obligó al Gobierno, en el primer día hábil del año, a repartir argumentos para justificar la catarata de polémicas determinaciones que contiene el texto de 41 artículos.
Unión por la Patria (UxP), el PRO, el Frente de Izquierda (FIT), Provincias Unidas (PU) y la Coalición Cívica (CC) salieron, casi en cadena, a dar su veredicto sobre las modificaciones. En el caso del espacio amarillo, un aliado del oficialismo, pero en plena tensión por de-sacuerdos ante la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN), pidió prudencia y no lo avalaron.
En concreto, desde el bloque que preside Cristian Ritondo informaron que conformarán un equipo “especializado” que analizará en detalle el contenido de la disposición que Javier Milei firmó el último día hábil de 2025. “Creemos que los cambios podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como las facultades para la aprehensión de personas”, plantearon los legisladores de la Cámara baja.
La creación y las tareas que va a llevar a cabo la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) constituyen otro eje que no pasa desapercibido para ningún dirigente refractario a la administración libertaria. Plasmado en el artículo 8 bis, la ANC funcionará con carácter preventivo, recolectando información sobre posibles amenazas a la seguridad nacional, “incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia e influencia”.
Ante la consulta de PERFIL, Agustín Rossi, diputado nacional de UxP, exministro de Defensa y extitular del organismo, identifica este punto como “uno de los más peligrosos” de la serie de transformaciones. Su argumento es que habilita a la discrecionalidad del accionar del organismo contra cualquier actor de la sociedad civil sin mediar un proceso judicial.
“Pueden actuar contra un científico que importa un software de China o un periodista que consiga un documento o un contrato de una licitación”, advierte el dirigente santafesino. Con otra definición: afirma que la SIDE funcionará a partir de ahora como una “policía secreta” sin control.
Pese a este duro diagnóstico, reconoce que a priori hay dos cambios que podrían funcionar bien. Uno, es el que concentra las tareas de ciberseguridad en jefatura de Gabinete y que hoy estaban dispersas en distintas áreas. El otro, es la creación de la Comunidad Informativa Nacional (CITN), el espacio que, previo convenio, podría reunir y facilitar el intercambio de información entre organismos de inteligencia provincial y municipal. De todos modos, opina que no hay buenas intenciones detrás de los cambios que impulsó LLA. En ese sentido, el bloque que integra presentó un proyecto de resolución para rechazar el decreto al considerar que la SIDE tiene “facultades coercitivas”.
Myriam Bregman, referente del FIT y abogada, avisó que el texto está fuera de la ley porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para reglar sobre las materias dispuestas “bajo ninguna circunstancia”. La senadora schiarettista de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, se sumó a la gama de críticas, señalando que cualquier conversión a la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) debe ser discutida en el Parlamento. En tanto Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que es fundamental que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reúnan cuanto antes para evaluar este tema. Todavía no hay signos de que la oposición muestre una estrategia unificada.
En la Casa Rosada lo perciben, pero justifican las modificaciones al mismo tiempo. El asesor Santiago Caputo arrancó el año distinto de como lo terminó. Después de los embates que afrontó por decisión de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, empezó el 2026 empoderado, dueño de influencias y poder de decisión dentro de la estructura de Inteligencia. Dejó atrás un año en el que atravesó internas de distinto tipo. Fuentes libertarias consideran que el decreto le quita peso a la SIDE, pero no niegan que Caputo quedó con más poder.
Argumentan que se puede deshacer de competencias que no le corresponden (como inteligencia interior o la protección de infraestructura digital). A su vez, mencionan que se achica la estructura del área, porque la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) se desprende de funciones, salvo de contrainteligencia. En la Rosada aseguran que se transparenta el intercambio de información con otros organismos del Estado de manera que quede registro en el sistema. Y destacan la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), que era un organismo de inteligencia del Ministerio de Defensa, que nunca fue anulado por una administración anterior. Aseguran que existía una superposición de funciones con el organismo de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, pero el giro sucede luego de la llegada del general Carlos Presti como titular de Defensa.
¿Qué dicen sobre el punto más polémico, el de contrainteligencia? Expresan que será para controlar a agentes “externos que espían”. Niegan que sea para “espiar políticos como se hizo siempre”.
La CGT también cargó contra el DNU
La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.
“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
La CGT difundió su postura contraria a esta iniciativa en momentos de tensión con la gestión libertaria por el proyecto que promueve en el Congreso para la reforma laboral, que es rechazado por los gremialistas. Para sumar nuevos elementos de tensión en la relación entre la organización sindical y el oficialismo, Omar Maturano, jefe de La Fraternidad, pidió un paro nacional de 48 horas en rechazo a la reforma laboral.
