Argentina: libre mercado en un mundo colonialista y proteccionista
Mientras las potencias centrales crecieron con proteccionismo, poder estatal y expansión colonial, el gobierno argentino apuesta al libre mercado, la apertura irrestricta y la entrega de recursos. Un repaso histórico para entender por qué esta estrategia profundiza la dependencia y debilita las posibilidades de desarrollo.
Observar el pasado es una de las mejores formas de comprender el presente y anticipar el futuro. Con esta convicción, en escritos previos analicé el modo en que el gobierno argentino está construyendo una relación económica y política de carácter colonial con Estados Unidos. Allí señalaba, entre otras cosas, la coherencia existente entre la política “mercantilista” de la administración Trump y la retórica de “libre mercado” de la administración Milei.
También recordaba que, históricamente, los colonizadores complementaron estas políticas económicas mercantilistas con el uso del poder militar para la expansión territorial y con el respaldo a empresas privadas “multinacionales”. El objetivo era la extracción de recursos de las colonias junto con la explotación de mano de obra esclava. A cambio, estas empresas pagaban tributos y reciclaban capitales hacia los países colonizadores. Este esquema guarda notables similitudes con lo que se observa en la actualidad.
Esta relación colonial fue la que permitió el desarrollo de los países colonizadores que hoy ocupan un lugar central en la economía mundial, consolidando una división internacional del trabajo en la que las potencias extraían recursos naturales y rentas financieras de las colonias. Estudios históricos como los de Kenneth Pomeranz, en La gran divergencia, corroboran estos procesos al analizar las trayectorias divergentes entre Occidente y Oriente. A conclusiones similares arriba Thomas Piketty en sus estudios sobre la evolución histórica de la desigualdad.
Pomeranz, por ejemplo, muestra cómo la Revolución Industrial, desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX en el Reino Unido —y luego en el resto de Europa—, se nutrió de la extracción de materias primas y fuentes de energía provenientes del resto del mundo. Hacia fines del siglo XVIII, Europa se encontraba al borde de una restricción ecológica severa.
En países como el Reino Unido, Francia, Dinamarca, Prusia, Italia y España, los bosques habían prácticamente desaparecido: de cubrir entre el 30 y el 40 % de la superficie alrededor de 1500, se redujeron a poco más del 10 % hacia 1800. El comercio de madera con regiones aún boscosas del este y del norte de Europa permitió paliar parcialmente este déficit, aunque resultó claramente insuficiente.
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Esta restricción ecológica y energética se alivió en parte gracias a la disponibilidad de yacimientos de carbón estratégicamente ubicados, especialmente en Inglaterra. Sin embargo, el factor decisivo fue la explotación de tierras en América del Norte, las Antillas y América del Sur, junto con el traslado forzado de mano de obra esclava desde África.
Entre 1800 y 1860, la población esclava en el sur de Estados Unidos pasó de un millón a cuatro millones de personas, lo que permitió —junto con ciertos avances técnicos— multiplicar por diez la producción de algodón. En vísperas de la Guerra de Secesión, el 75 % del algodón utilizado por las fábricas textiles europeas provenía del sur esclavista estadounidense.
Como complemento de este proceso, el Reino Unido aplicó medidas proteccionistas tanto en el comercio como en sectores industriales estratégicos, como el naval, que ya existían en otras economías coloniales como la India. En 1815, por ejemplo, impuso un impuesto especial a todas las mercancías importadas en barcos fabricados en la India y luego decretó que solo embarcaciones inglesas podían transportar mercancías provenientes del este del Cabo de Buena Esperanza. El control militar de las rutas navales fue clave para el éxito de estas políticas.
En definitiva, el desarrollo industrial de las grandes potencias occidentales no se explica por el “libre mercado”, sino por la combinación de poder militar, esclavismo y protección estatal de sectores estratégicos. Recién después de consolidar su supremacía comercial e industrial a través de estas fuentes de acumulación, las potencias colonizadoras comenzaron a promover y a imponer el libre mercado, una vez que ya contaban con ventajas comparativas para beneficiarse de él.
Las colonias, en cambio, solo pudieron desarrollarse en la medida en que lograron independizarse. Corea y Taiwán, por ejemplo, no pudieron desplegar estrategias autónomas de desarrollo hasta el final del colonialismo japonés. China, tras décadas de políticas erráticas, recién logró consolidar un rumbo propio luego de liberarse de la tutela colonial, tanto occidental como japonesa.
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Lejos de adherir al libre mercado, estos países aprendieron de la historia y aplicaron políticas proteccionistas selectivas. Japón desde fines del siglo XIX; Corea y Taiwán desde mediados del siglo XX; y China desde finales del siglo XX y comienzos del XXI promovieron especializaciones en sectores estratégicos acordes a cada época. Estas estrategias incluyeron límites al capital extranjero para evitar el control de unidades productivas clave y la libre fuga de capitales y tecnologías.
Otro dato relevante para comprender la evolución de la economía mundial es que, durante el siglo XIX —cuando predominaban la libertad de mercado y el Estado mínimo—, los avances en esperanza de vida y educación fueron lentos y marginales. El crecimiento significativo del ingreso medio se observa recién a partir del último tercio del siglo XIX y, sobre todo, durante el siglo XX.
La mayor parte del progreso social se concentró en el siglo XX, un período caracterizado por la expansión del Estado social y de sistemas de fiscalidad progresiva. Esto contradice la idea de que el desarrollo surge espontáneamente del libre funcionamiento de los mercados.
La cuestión de la inversión de activos en el extranjero y la deuda pública también resulta central. Los países colonizadores acumularon activos en sus colonias —incluida la propiedad de personas esclavizadas— y desde allí reciclaron rentas y capitales. Este proceso se frenó con los movimientos de independencia y la abolición de la esclavitud, aunque en muchos casos los colonizadores impusieron indemnizaciones a favor de los antiguos propietarios.
Asimismo, las guerras del siglo XX interrumpieron esta dinámica de acumulación. Muchos países colonizadores pasaron a ser deudores netos y, hacia 1945- 1950, la deuda pública de los principales Estados europeos oscilaba entre el 200 y el 300 % de la renta nacional.
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Sin embargo, tampoco en este contexto se respetaron estrictamente las “leyes del mercado” ni los contratos. Los países endeudados recurrieron a cancelaciones parciales, inflación y gravámenes excepcionales sobre la riqueza privada, además de impuestos progresivos. Estas medidas permitieron licuar la deuda y financiar la reconstrucción de la posguerra.
Gracias a estas políticas, los ingresos estatales pasaron de representar menos del 10 % de la renta nacional en 1914 a más del 40 % en 1980. En lugar de priorizar el pago de la deuda, los países centrales destinaron recursos a reconstruir el capital productivo y a expandir sistemas de políticas sociales que fortalecieron su productividad y competitividad.
El gobierno argentino parece ignorar estas lecciones históricas o, alternativamente, estar decidido a reproducir condiciones coloniales. En este marco, entrega recursos naturales para su explotación indiscriminada con beneficios promocionales para empresas extranjeras, garantiza el libre flujo de rentas naturales y financieras, precariza la mano de obra y desmantela el entramado productivo local, así como el sistema autónomo de ciencia y tecnología.
Además, renuncia a reclamar la deuda ecológica de los países centrales con los periféricos, pese a su mayor responsabilidad en la degradación ambiental, y sostiene la renta financiera a través del endeudamiento público. La creciente dependencia de la actual administración estadounidense impide cualquier estrategia autónoma orientada a una mayor prosperidad.
Los resultados económicos ya son preocupantes. Basta observar los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de noviembre pasado. En un contexto de estancamiento general, en dos años la intermediación financiera creció un 23 %, la explotación de minas y canteras un 15 %, y el sector agropecuario mostró cierta recuperación tras la sequía de 2023.
En contraste, la industria manufacturera cayó un 9,5 %, con elevados niveles de capacidad ociosa y cierre de empresas, mientras que la construcción se contrajo un 16,2 %. Pese al aumento de tarifas, el sector de electricidad, gas y agua registró una baja del 3 % por la menor demanda industrial.
El empleo y el consumo masivo también se vieron afectados, como lo refleja la caída del 6 % en el comercio. En cambio, restaurantes y hoteles crecieron más de un 17 %, lo que, junto con el aumento del consumo en el exterior, evidencia una mayor concentración del ingreso.
Más allá del PBI, este cambio en la matriz productiva reduce la renta nacional. Extraer 100 millones de dólares en recursos no renovables puede incrementar el PBI en igual magnitud, pero la renta nacional es nula si se descuenta la pérdida de capital natural. Si además se contabilizan los daños ambientales, el resultado es una renta nacional negativa.
La historia demuestra que ningún país se desarrolló bajo una relación colonial basada en la entrega de recursos, la garantía de altas rentas financieras y la libre movilidad de capitales. Mucho menos con relaciones laborales precarias que desalientan la inversión productiva y la mejora de la productividad.
El razonamiento histórico y lógico indica que el actual experimento político, económico y social organiza a la Argentina como una colonia extractiva y rentista, con una fuerza laboral fragmentada y de baja capacitación. Esto implica un retroceso de la inversión productiva y social que beneficia a una minoría vinculada a intereses externos, mientras empobrece a la mayoría y anticipa un futuro aún más preocupante.
LB CP