Aulas vacías y el "banderazo de la ciencia": docentes y científicos paralizaron las universidades y preparan una huelga de seis días
La protesta en el Obelisco unió al Frente Sindical de Universidades Nacionales con los profesionales del sector científico, quienes reclamaron por salarios y fondos. Mientras el Gobierno tildó el paro de "ilegítimo", los gremios anunciaron la profundización del plan de lucha en la educación pública. El guiño a los maestros de Tierra del Fuego.
Bajo un imponente "banderazo de la ciencia", los guardapolvos de los profesionales de ciencia y técnica se fusionaron en el Obelisco con los docentes y el personal administrativo en una jornada de protesta masiva. El paro nacional de 24 horas expuso la férrea alianza de un frente universitario y científico que advierte sobre el ahogo presupuestario y exige en las calles la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento.
El impacto de esta convocatoria, articulada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FreSU Federal), fue demoledor en las provincias. Instituciones como las de Lanús, Cuyo, Lomas de Zamora, San Juan, Jujuy y el Litoral amanecieron con sus pabellones vacíos. El escenario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) tuvo una particularidad: aunque los edificios mantuvieron las puertas abiertas, la adhesión masiva del cuerpo académico y de investigación dejó las aulas en absoluto silencio. “Fue un paro muy importante”, resumió a Noticias Argentinas Pilar Barbas, referente de la Federación Universitaria Argentina.
Las exigencias de la comunidad universitaria y científica apuntan directo a la urgencia de los bolsillos. Los gremios denuncian que la inflación arrasó con su poder adquisitivo y calculan un atraso salarial que supera el 28%. A esto le suman la falta de fondos para sostener al sistema: desde el financiamiento básico para los laboratorios y los programas de becas estudiantiles, hasta la operatividad diaria y vital de los hospitales universitarios.
Desde la Casa Rosada, la respuesta no buscó tender puentes. El Ministerio de Capital Humano, responsable de la cartera educativa, ninguneó la movilización en el centro porteño y la tildó de "política e ilegítima". Los funcionarios redoblaron la apuesta asegurando que todas las transferencias económicas hacia las facultades "están al día" según los pactos previos, y recordaron que ya hay un llamado oficial a una mesa paritaria programado para el primer día de septiembre.
Esa promesa de diálogo a futuro no logró apaciguar el malestar de quienes sostienen el sistema científico y académico. “El Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben”, disparó Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, justificando la decisión de las asambleas de rechazar la oferta oficial y llevar el conflicto al siguiente nivel.
Una huelga histórica de seis días y el respaldo al sur
Lejos de encontrar una tregua, la batalla por los recursos promete paralizar por completo el calendario del segundo cuatrimestre que recién arranca. Frente a lo que denuncian como un "sostenido ahogo presupuestario" y una "falta de respuesta" concreta, desde el sindicato AGD-UBA confirmaron que activarán un inédito paro nacional que mantendrá las persianas bajas durante seis días consecutivos: desde el próximo lunes 18 hasta el sábado 22 de agosto.
Esta escalada sin precedentes recientes evidencia la tensión extrema que se respira en los institutos de investigación y las facultades. Extender el cese de tareas durante toda una semana hábil transforma al sector académico uno de los frentes de conflicto más duros que deberá enfrentar la administración nacional.
En medio de su propia y compleja pulseada, la dirigencia nacional se hizo eco del drama que atraviesa la docencia en la Patagonia. El FreSU expresó su solidaridad incondicional con los maestros de Tierra del Fuego, nucleados en el gremio SUTEF, que ya acumulan nueve días de huelga ininterrumpida. Los trabajadores del sur reclaman el fin del ajuste provincial, el tratamiento de su propia ley de financiamiento y una recomposición salarial urgente que fije el sueldo mínimo en poco más de tres millones de pesos para poder hacerle frente al altísimo costo de vida austral.
TC/MSS
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