Pulso político: las cinco leyes más polémicas que definió el Congreso

A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Congreso se convirtió en escenario de las principales batallas políticas del año. Tensión, vetos y votaciones ajustadas. Los legisladores sancionaron un puñado de leyes que reconfiguraron la agenda nacional: desde la reforma estructural del Estado hasta emergencias en salud, educación y discapacidad. Como marco, vale recordar la Ley 27.713 —Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas—, aprobada en 2023 con amplio respaldo, salvo dos votos en contra: los de Javier Milei y Victoria Villarruel, entonces diputados. El dato volvió a escena en plena campaña: una ley de salud pública y alto impacto social que el actual binomio gobernante decidió no acompañar.

La norma —sancionada en 2023 y reglamentada en 2024— creó el PNCC, que garantiza diagnóstico, derivación y cirugías para niñas y niños sin cobertura. En Argentina nacen cada año unos 7.000 bebés con cardiopatías; la mitad requiere cirugía en el primer año. “Nunca los vimos trabajar en comisión; ese día aparecieron y votaron con desprecio”, advirtió en redes Lucía Wajsman, una de las impulsoras. 

1. Ley 27.742 – Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Bases)

Después de seis meses de negociaciones, sesiones maratónicas y fracturas dentro del propio oficialismo, el Congreso sancionó la llamada Ley Bases, junto al paquete fiscal. Fue el primer triunfo legislativo del gobierno de Javier Milei y la piedra angular de su programa económico y político.

El texto, aprobado el 28 de junio de 2024 con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, y otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo para intervenir organismos, modificar fondos fiduciarios y avanzar con privatizaciones.

Puntos clave: 

-Privatizaciones parciales: habilita la venta de AySA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque deja fuera a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA.

-Reforma laboral: extiende el período de prueba de tres a seis meses, crea un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional y permite el despido en casos de bloqueos.

-Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI): otorga beneficios fiscales y aduaneros a proyectos en minería, energía, tecnología, turismo e infraestructura.

-Delegación de facultades: autoriza al Ejecutivo a reorganizar entes públicos, con exclusiones específicas como el Conicet, INCAA, INTI, INTA y ANMAT.

La ley contó con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal; mientras que votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores socialistas.

La Ley Bases se transformó en un test de gobernabilidad para Milei: consolidó alianzas con bloques opositores dialoguistas, pero también activó resistencias sindicales, sociales y judiciales. 

2. Ley 27.795 – Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente

El proyecto, impulsado tras meses de reclamos de rectores, docentes y estudiantes frente al ajuste presupuestario, fue aprobado con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. La norma establece la actualización de fondos para universidades nacionales, hospitales universitarios, ciencia y extensión al 1 % del PBI, con aumentos bimestrales ajustados por inflación, tipo de cambio y tarifas.

También ordena la reapertura de paritarias y la creación de un fondo especial de 10.000 millones de pesos destinado a becas y carreras estratégicas.

El Ejecutivo vetó totalmente la ley mediante el Decreto 647/2025, argumentando “deficiencias en el financiamiento previsto”. La decisión desató una ola de protestas en todo el país: las universidades y los gremios docentes acusaron al Gobierno de incumplir sus compromisos y de paralizar el sistema público de educación superior.

Semanas después, el Congreso rechazó el veto presidencial: el Senado votó 58 a 7, con 4 abstenciones, obligando al Ejecutivo a promulgarla. Pero la respuesta fue inmediata: el Gobierno publicó el Decreto 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley “hasta tanto el Congreso defina las fuentes de financiamiento”.

Para la comunidad universitaria, la medida fue un veto encubierto. En los hechos, la ley sigue sin implementarse, y su parálisis se convirtió en símbolo de la tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario, a días de las elecciones legislativas.

3. Ley 27.796 – Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud (“Ley Garrahan”)

Conocida como Ley Garrahan, declara la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas en todo el país por el plazo de un año. El objetivo: garantizar el funcionamiento de los hospitales públicos de alta complejidad —entre ellos, el Hospital Garrahan, emblema regional—, mejorar las condiciones laborales del personal de salud y residentes médicos.

El texto, aprobado por el Congreso con 62 votos afirmativos y 8 negativos, autoriza compras directas de insumos esenciales, dispone la exención del impuesto a las Ganancias para guardias y horas extra, y deroga la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que había modificado el régimen de residencias. 

El Gobierno vetó la ley por completo mediante el Decreto 651/2025, argumentando que su aplicación generaría un “impacto fiscal insostenible”. La medida provocó malestar inmediato entre profesionales de la salud, gremios y organizaciones de pacientes, que coincidieron en una misma crítica: “una ley aprobada no puede quedar en el aire”.

Semanas después, y tras la presión política y social, el Ejecutivo terminó promulgándola, pero al mismo tiempo la dejó sin efecto a través del Decreto 760/2025, que suspende su puesta en marcha hasta que el Congreso defina cómo se financiará.

Elecciones 2025: el Gobierno se enfoca conquistar el tercio del Congreso para defender los vetos de Milei

Mientras el Ejecutivo justifica los recortes en nombre del equilibrio fiscal, los cuestionamientos crecen por el gasto en viajes oficiales al exterior, las denuncias por supuestas coimas y los escándalos que involucran vínculos oficialistas con el narcotráfico. Un contraste que expone la brecha entre el discurso de austeridad y las urgencias que atraviesan los hospitales públicos.

4. Ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): el conflicto con los gobernadores

Otra polémica de las últimas semanas tiene que ver con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo clave de asistencia económica a las provincias argentinas que volvió al centro de la escena tras el veto presidencial al nuevo esquema de distribución aprobado por el Congreso.

Los ATN buscan transparentar los criterios de reparto y establecer una asignación automática y proporcional, en reemplazo del actual sistema discrecional manejado por el Ministerio del Interior. El proyecto fue avalado por el Senado, pero el Gobierno lo vetó por completo, alegando que “condiciona la administración de los recursos nacionales”.

La decisión reavivó el conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores, en especial los de las provincias del norte y la Patagonia, que acusan al Ejecutivo de retener fondos y de utilizar las transferencias como herramienta de presión política. Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), reclamaron públicamente la restitución de partidas que, argumentan, habían sido recortadas sin justificación. 

El Senado logró reunir los votos para rechazar el veto, aunque todavía resta que dos tercios de Diputados ratifiquen la sanción para que la norma quede firme.

5. Ley 27793 Emergencia Nacional en Discapacidad

Sancionada en julio de 2025 con amplio consenso parlamentario, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue presentada como un alivio para miles de familias, prestadores y escuelas especiales del país. La norma actualiza los aranceles de los servicios terapéuticos y educativos, crea una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, y garantiza la inclusión de personas con discapacidad en el Programa Incluir Salud. Además, convierte las antiguas pensiones por invalidez laboral en pensiones por discapacidad y ordena la regularización de deudas del sistema.

El Congreso rechazó el veto presidencial con 172 votos a favor y 73 en contra. Sin embargo, el Ejecutivo nunca reglamentó la ley ni asignó presupuesto para ponerla en marcha. 

Sin respuestas oficiales, el reclamo se trasladó a las calles: familias, transportistas y terapeutas realizaron una movilización frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir su aplicación. La falta de ejecución dejó sin efecto lo que debía ser una medida de emergencia y consolidó una dinámica repetida: el Gobierno promulga las leyes tras los vetos caídos, pero suspende su vigencia por “falta de fondos”.

Pasó con la Ley Garrahan y con la de Financiamiento Universitario, donde el discurso del ahorro terminó pesando más que el derecho a la salud y la educación públicas.

¿Bonus? Ley de Movilidad Jubilatoria: la protesta que no se apaga

Cada miércoles, un grupo de jubilados, organizaciones sociales y sindicales se concentra frente al Congreso para reclamar por la nueva fórmula de actualización jubilatoria, sancionada y luego bloqueada. El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones, buscaba reinstaurar una actualización automática basada en inflación y recaudación previsional. 

El Ejecutivo lo vetó por completo, argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Desde entonces, los aumentos se vienen decretando, pero muchos jubilados los consideran insuficientes.

Cada miércoles, las marchas se repiten y la postal también: jubilados reprimidos por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Reclaman lo mismo desde hace meses: que se cumpla una ley que el propio Parlamento aprobó y que el Gobierno decidió frenar.

GD/DCQ