La Justicia frenó una millonaria licitación de Karina Milei sobre la Quinta de Olivos y Casa Rosada

La Justicia federal le exigió al Gobierno que entregue de inmediato el expediente completo de una millonaria licitación firmada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El contrato, valuado en 700 millones de pesos, buscaba tercerizar el mantenimiento preventivo y el riego de los espacios verdes en la Casa Rosada y la quinta de Olivos, pero una denuncia encendió las alarmas por una presunta maniobra de competencia simulada entre empresas amigas.

El fiscal federal Ramiro González tomó la iniciativa y le solicitó al juez Sebastián Ramos que requiera toda la documentación de la licitación pública N° 23-0005-LPU26, según pudo saber Clarin. La estrategia del Ministerio Público es clara: antes de avanzar con imputaciones formales y abrir una causa penal contra la hermana del Presidente, necesitan revisar los papeles oficiales para confirmar en qué etapa administrativa se encuentra el proceso y si los fondos llegaron a desembolsarse.

El centro de la polémica radica en una supuesta estafa para inflar precios. Según el expediente, al llamado se presentaron las firmas "La Mantovana de Servicios Generales SA" y "Grub SA" como si fueran rivales comerciales. Sin embargo, ambas compañías integran el mismo espacio empresarial, bautizado como "Grupo Buena Vista SA". Este dato no es un simple rumor, sino que está respaldado técnicamente por el dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, emitido en septiembre de 2024.

La encargada de llevar el caso a los tribunales fue Marcela Pagano. La actual diputada del bloque Coherencia, distanciada de La Libertad Avanza, apuntó directamente contra Karina Milei. En su escrito, detalló que la funcionaria incurrió en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función e incumplimiento de sus deberes, al no auditar los antecedentes y permitir una maniobra que perjudicaba el patrimonio del Estado Nacional.

Para no dar pasos en falso, el fiscal González dejó sentada su postura cautelosa en el dictamen. Allí aclaró que "dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio". Ahora, el Ejecutivo tiene la obligación de pasar las carpetas a la Justicia.

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Fuego amigo y la responsabilidad legal de la Rosada

La embestida judicial marca un nuevo capítulo en la cruzada de Pagano contra sus antiguos aliados políticos. La legisladora, que llegó al Congreso bajo el lema libertario, ya estuvo detrás de otras denuncias de alto impacto contra funcionarios de la mesa chica de Javier Milei. Semanas atrás, llevó a la Justicia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su hermano Francisco, en una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito a raíz de viajes y propiedades sin declarar.

En este nuevo frente, la diputada argumentó que la Secretaría General de la Presidencia, en su rol de autoridad convocante, tenía la obligación de “verificar la independencia económica de los oferentes”. Pagano sostuvo en su denuncia que el Gobierno avaló "una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay", lo que calificó como una trampa administrativa.

El futuro del expediente depende ahora de la velocidad de respuesta de la Casa Rosada. Una vez que las fojas del contrato de 700 millones de pesos aterricen en el despacho del juez Ramos, el fiscal González volverá a tomar la palabra para definir si finalmente imputa a Karina Milei y desencadena una investigación a fondo sobre el negocio de la Presidencia.

TC / EM